Suspendieron desalojo en el barrio López Jordán
En las primeras horas de la mañana de este martes, integrantes del Grupo de Inteligencia Armada (GIA), intentó desalojar a tres familias que viven en un predio en Churruarín y López Jordán de Paraná desde hace 30 años. En el procedimiento, personal del GIA utilizó gases lacrimógenos y balas de goma ante el clima beligerante por los reclamos de las personas que viven en el lugar, vecinos e integrantes de la agrupación Movimiento Evita. El director de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, comisario Gustavo Maslein, se hizo presente en el lugar y suspendió el desalojo ordenado por el Dr. Juan Carlos Coglionesse, a cargo del Juzgado Civil Nº 1. La palabra del defensor del Pueblo. Rechazo por Redes a los ocupantes de la propiedad.
Integrantes del grupo familiar habitante del predio acusaron a la Policía por actos de violencia y represión. “Esto es horrible. Tengo mi hijo de 5 años en el hospital San Roque y, también, mis sobrinos de 8 meses y 9 años, quienes salieron heridos por los ataques de esta mañana. Es una vergüenza que estas cosas pasen. Nunca nos avisaron nada, de un día para otro vinieron a sacarnos. El grupo GIA entró a nuestra casa sin importarle que hubieran menores o una joven discapacitada”, indicaron, añadiendo: “Sabíamos que iban a venir este martes a desalojarnos, por eso hicimos una vigilia desde anoche para evitar que esto ocurriera. Pero nunca nos imaginamos que iban a llegar temprano a querer desalojarnos con agresión”
En ese sentido, consignaron “Atacaron a todos los que estaban presentes, tanto niños como mujeres. Tiraron gases lacrimógenos y balas de goma, fue una locura lo que se vivió. Se trata de un pedido de desalojo de manera ilegal, nosotros pedimos que el Estado intervenga y ayude a estas tres familias que viven acá, que les den una solución habitacional. Estamos hablando de tres familias que están integradas por cinco menores y 10 mayores y, una de ellas es una joven que debe recibir un trasplante de riñón”.
El Inadi presente
Lucy Grimalt, titular del Instituto Nacional contra Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Entre Ríos, indicó que su presencia en el lugar es para interiorizarse sobre el problema y pedirle al juez Coglionesse que se haga presente en el lugar. “Esto no es cualquier trámite de desalojo, se trata de una situación delicada en la que hay una persona discapacitada implicada al igual que niños”, dijo Grimalt y aseguró que debe haber una instancia de diálogo, de mediación.
“Si se va a dar paso a la orden de desalojo que no sea con represión. El juez tiene herramientas para sentarse a negociar con la familia para que todo termine de la mejor manera”, opinó.
Garay: “La intervención del GIA la solicitó el juez”
El defensor del Pueblo de Paraná, Dr. Luis Garay, señaló la profunda “impotencia” que le produce la falta de una instancia de diálogo “tomando en cuenta la situación de los menores y enfermos” de la familia a desalojar; El funcionario confirmó que el empresario Rubén Grasso, de la firma Cemyc, es quien está detrás del emprendimiento inmobiliario, y que fue el mandamiento judicial el que requirió la intervención de grupos especiales de la Policía de Entre Ríos.
Garay indicó que en una presentación realizada el 3 de diciembre, en el Juzgado del doctor Coglionese, se solicitó una nueva instancia de diálogo como “para lograr encontrar que estos ciudadanos tengan dónde vivir, tomando en cuenta que hay menores, y una persona enferma”.
La abogada de los titulares del lote, de 5 hectáreas, es la doctora Liliana Cabrera Bustos.
“Eso fue el día jueves. el día viernes, estuvimos hasta último momento una resolución, que no salió”, apuntó.
“Me llena de impotencia e indignación que no se haya tenido en cuenta. La Defensoría no discutía un fallo judicial. Ví que el juez corrió vista al Copnaf, al Defensor Oficial del Pobres y Menores, y al Fiscalía del Estado. Viendo la extrema violencia que hubo, y que podía pasar nuevamente, creíamos que por el diálogo se podía llegar a otra instancia que no fuera el desarrollo forzado”, estimó Garay, “porque el Ministerio de Desarrollo Social había accedido a aportar los materiales, si es que se conseguía un terreno”.
Garay también señaló que “esta gente inició un juicio de usucapión, pero quedó, vaya a saber por qué motivo, a mitad de camino”.
Posteriormente, Garay indicó que “la orden judicial de desalojo solicita la intervención del Grupo Gía en el procedimiento. Estuve en muchos desalojos, pero nunca ví algo así. Pero la intervención de grupos especiales, fue algo solicitado por el juez”.
Otra visión
No solo adhesión hubo hacia los ocupantes del terreno. “La Familia Petrecheli está desde hace 30 años, encaprichados en apropiarse del terreno, en numerosas-anteriores oportunidades se les ha pedido que dejen el lugar y se niegan, consecuentemente acumulan años de usurpación.
Los supuestos vecinos que se hicieron presentes, que dicen haber sido lastimados, son muchachos de mal vivir, amigos del hijo de Petrecheli, Investiguen en la zona y en la Comisaría 12 por el gordo, el hijo del correntino, les darán las peores referencias.
Lamento que gente vinculada a sectores políticos se acerquen, disfrazando con su apoyo la intención de sacar beneficios electorales, desconociendo a las instituciones que aspiran ocupar en un futuro y las decisiones judiciales, que han agotado todas las instancias en el transcurso de estos años.
¿Necesitan 5 (cinco) hectáreas para vivir, llenar de basura el lugar, no desmalezar, etc.? Es mentira que han trabajado la tierra, no hay ni siquiera un almácigo en el lugar, sólo desperdicios y muchachos alcoholizándose entre otras cosas”, se expresa en las Redes Sociales entre diversos comentarios muy diferentes a la muestra de adhesión que se apreció este martes por la mañana.