El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió y difundió este lunes una iniciativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) orientada a poner límites a la denominada “industria del juicio”, a través de una nueva metodología para actualizar fallos judiciales en litigios que se extienden durante años y terminan generando montos impagables para las partes demandadas, con riesgo de quiebra.
Según explicó el funcionario, se trata de una propuesta impulsada por Ignacio Pérez Cortés, integrante del equipo técnico del BCRA, que “pasó algo bajo el radar”, pero que a su criterio resuelve una distorsión estructural del sistema judicial argentino.
Sturzenegger recordó que el Código Civil y Comercial, en su artículo 768, establece que la actualización de montos debe realizarse, en primer lugar, por acuerdo entre las partes y, en su defecto, mediante leyes especiales o tasas reglamentadas por el Banco Central. Sin embargo, señaló que la Circular 14.290 del BCRA, utilizada durante años como referencia, quedaba muy por debajo de la inflación, lo que llevaba a que muchos jueces la desestimaran.
Como consecuencia, explicó, los magistrados recurrían a criterios dispares y discrecionales, aplicando actualizaciones por inflación, inflación más un adicional del 3% o 7%, o incluso tasas activas bancarias extremadamente elevadas, que derivaban en obligaciones imposibles de afrontar. En otros casos, se utilizaba inflación más 3%, bajo el argumento de representar un “costo de oportunidad” para el acreedor.
Injusticias y distorsiones
El problema de fondo, según Sturzenegger, es que en un país con largos períodos de tasas reales negativas, el demandado no tenía forma de preservar el valor del dinero, aun con buena voluntad. “Mucho menos obtener un retorno real del 3%”, remarcó, señalando que este esquema generaba fuertes injusticias en juicios de larga duración.
Para corregir esta situación, Pérez Cortés propuso un mecanismo que unifica criterios y reduce los extremos, combinando tasas activas y pasivas, pero estableciendo límites claros: un techo de inflación +3% y un piso de inflación -3%.
De este modo, cuando las tasas resultan excesivamente altas, la actualización se “capearía” en una tasa real razonable del 3%. Y cuando las tasas reales son fuertemente negativas, la actualización se ajustaría a inflación menos 3%, evitando pérdidas desproporcionadas.
Según destacó Sturzenegger, “la tasa resultante de este cálculo da actualizaciones muy lógicas para cualquier período”, y al estar respaldada por el Código Civil y Comercial, no existirían razones para que no se generalice su uso en las sentencias, al menos en los casos donde no haya una ley especial.
Menos discrecionalidad y menos incentivos al litigio eterno
El ministro subrayó que esta metodología reduce la discrecionalidad judicial, desalienta los litigios excesivamente largos y limita los incentivos económicos de ciertos estudios jurídicos. Además, adelantó que el BCRA pondrá a disposición una calculadora oficial, para que abogados y jueces puedan realizar la actualización de manera automática, simplificando el trabajo técnico.
Sturzenegger recordó que esta línea de acción va en sintonía con lo anunciado por el presidente Javier Milei, quien a mediados del año pasado habló de “motosierra para la industria del juicio y los caranchos”.
Asimismo, señaló que el proyecto de reforma laboral del Gobierno adopta un criterio similar, aunque no idéntico, proponiendo hacia adelante una actualización de inflación +3%, y para períodos anteriores tasas activas con un tope de inflación +3% y un piso del 67% de ese valor cuando las tasas reales son muy negativas.
Finalmente, Sturzenegger agradeció el trabajo conjunto de funcionarios judiciales que prefirieron mantener el anonimato, de sus colaboradores Alejandro Cacace y Maximililiano Fariña, y del equipo del Banco Central encabezado por Santiago Bausili.
“El objetivo de fondo es reducir el riesgo judicial y consolidar el derecho de propiedad, base de una sociedad próspera”, concluyó el ministro, alineando la iniciativa con el proyecto político del presidente Javier Milei, a quien volvió a respaldar públicamente con su ya habitual cierre: VLLC.
