Sobreprecios con los remedios del PAMI y “cartelización” de laboratorios en la mira
La Coalición Cívica presentó una denuncia contra el PAMI por haber pagado sobreprecios en la compra de medicación oncológica durante el Gobierno de Alberto Fernández, y dirigida en forma directa contra las tres principales cámaras de laboratorios farmacéuticos, otra por presunta “cartelización”.
La conducta “anticompetitiva” observada por la ex diputada Elisa Carrió y el actual legislador porteño Hernán Reyes fue denunciada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en un escrito de 59 páginas, más otras 25 adicionales que incluyen pruebas de los sobreprecios manejados en forma cartelizada por la “industria”, el rótulo como en el sector se suele nombrar a un puñado de los 300 laboratorios farmacéuticos con mayor peso en el mercado local.
Los denunciantes señalan la conformación de un cartel compuesto por casi 40 compañías farmacéuticas -entre los que hay empresas de capitales nacionales y extranjeras-, que en los últimos años habrían jugado un doble y polémico papel en la venta de medicamentos de alto costo al PAMI (por fuera de las que se hacen vía licitación).
Ser, por un lado, parte en esos acuerdos; y, al mismo tiempo, manejar la empresa encargada de controlar y auditar el cumplimiento de esos mismos contratos firmados entre la “industria” y el Estado.
A estas intermediarias las llaman “mandatarias”, en el sector. Son un eslabón más en la compleja cadena de comercialización que va desde el laboratorio fabricante hasta el mostrador de farmacia. Si bien la función de las mandatarias es auditar y ayudar a que se cumplan los acuerdos celebrados entre las partes, no son pocas las voces de este mundillo que hace años señalan, por lo bajo, el problema de que la propia industria maneje estas compañías.
Según la denuncia ante la CNDC, la mandataria, en este caso, es una empresa legalmente constituida, llamada ACE Oncológicos, el nombre que abrevia el mucho más extenso “Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales”, que -apuntan desde la Coalición Cívica (CC)- sería propiedad de por lo menos 38 laboratorios, entre los cuales hay varios de los que más peso tienen en las tres cámaras del sector.
Desde CAEME, la cámara que nuclea a la “farma” extranjera con sede en Argentina, contestaron que “no hay cartelización en la industria farmacéutica. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha analizado el mercado farmacéutico y los convenios en diversas ocasiones y no ha realizado objeciones al respecto. En la Argentina hay libre competencia de mercado. Con más de 150 laboratorios, el sector farmacéutico es altamente competitivo”.
Agregaron que “el convenio PAMI-Industria surgió en el año 2002 como un instrumento para generar condiciones de acceso a medicamentos por parte de los afiliados del PAMI en un contexto de crisis socioeconómica. Mediante este convenio la industria farmacéutica realiza importantes descuentos al PAMI lo que permite garantizar que sus 5 millones de afiliados accedan en todo el país a los medicamentos en forma gratuita o en muchos casos a un precio inferior a los de venta al público”.
Como parte del pedido a la CNDC de que investigue la presunta cartelización farmacéutica, la CC sugirió en el escrito algunos testigos importantes que deberían ser llamados a testimoniar. Desde ya, referentes del sector, incluyendo a quienes conducen la actual Dirección Nacional de Asistencia Directa, y también a miembros de unas 15 prepagas y obras sociales.
¿Quién es el personaje más relevante? El empresario (ex director de la UAS y dueño de Swiss Medical), Claudio Belocopitt. La razón: el señalamiento que él mismo hizo de los laboratorios cuando a él mismo lo acusaron (a comienzos de 2024) por la disparada de precios en las cuotas de la medicina prepaga y la presunta cartelización del sector.