Sindicatura denunció a la AFIP por considerarla responsable de la quiebra de Oil Combustibles

En una decisión inédita por su implicancia judicial, la sindicatura designada por la Justicia en el caso de la petrolera Oil Combustibles le pidió al juzgado comercial que la AFIP sea demandada por haber sido la responsable de la quiebra de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

 

Los síndicos externos que actuaron en todo el proceso concursal de la firma denunciaron que el organismo recaudador –a partir de la gestión de Alberto Abad y durante el Gobierno de Mauricio Macri- “coadyuvó dolosamente en la insolvencia de la empresa”, es decir, que actuó por fuera de sus facultades con el objetivo explícito de incrementar la deuda y a la vez, volverla incobrable en perjuicio de los acreedores.

De comprobarse la maniobra, detectada por una serie de decisiones que emanaron de AFIP en un concurso cargado de irregularidades, hasta podría perder todos sus créditos y ser condenado en el juicio de responsabilidad como si fuese un acreedor “hostil” que, además, provocó un perjuicio a las arcas públicas por el accionar de los funcionarios.

El Estudio Capurro, Rosello y Zaragoza –designados para intervenir la petrolera por orden de la justicia cuando comenzó el caso Oil- presentó al juzgado comercial un escrito de más de 70 carillas con prueba documental y anexos en los que pidió que se entable la demanda por daños y perjuicios a la AFIP. Acusó al organismo de haber perjudicado a los acreedores (incluyendo al propio Estado), antes en el concurso y después, en la quiebra.

Los síndicos hicieron un repaso de la serie de medidas que la AFIP adoptó a partir de 2016, luego de haberla habilitado, en febrero, a ingresar en planes de pago por el ITC, pero que, un mes después, “en un giro de 180 grados que tuvo por inocultable objetivo a Oil” decidió excluirlo. Esto empujó a la empresa a declararse en concurso de acreedores, indicaron a la Justicia.

La sindicatura se preguntó entonces –en el escrito judicial- por qué si a 2016 todos los planes de pago por ITC estaban al día y no había mora (tal como lo determinó una pericia de la Corte ordenada en el marco del juicio oral), la AFIP entabló en marzo de 2016 más de 20 ejecuciones fiscales que trabaron embargos y le impidieron a la petrolera continuar operando. Pese al perjuicio que ocasionaron en ese momento al giro ordinario de la empresa, más tarde desistieron de continuarlos.

El día anterior a que Oil se presentara en concurso, Abad modificó “ad hoc” el régimen para empresas concursadas –tal como había revelado Ámbito Financiero- y pese a que llevaba 15 años vigente, con bajas tasas y extensas cuotas, lo restringió absolutamente para contribuyentes que hubiesen sido denunciados en sede penal, tal como la propia AFIP había hecho semanas atrás. El objetivo para los síndicos, fue “privar” a la petrolera del régimen de facilidades, lo que habría violado no solo la igualdad ante la ley sino el principio de inocencia. Pero le agregaron que AFIP mostró en todo el proceso una “clara hostilidad”, cuestionando la cesación de pagos y pidiendo una investigación que luego fue rechazada por la Justicia. Y que luego se ubicara estratégicamente en el “comité de control” para así, con nulidades, arbitrariedades y presentando todo tipo de recursos, sabotear cualquier petición que mejorara la situación de la compañía. Del mismo modo, trabó medidas cautelares que están prohibidas por la ley concursal y mantuvo los embargos hasta que asfixió económicamente a la petrolera. Como corolario, también se opuso a aprobar la firma de contratos que hubiesen permitido que Oil retomara la actividad comercial a la vez que le había embargado el 100% de las cuentas bancarias.

Pese a que la sindicatura pidió que se concreten, AFIP impidió que cerraran contratos por abastecimiento de naftas y gasoil con las empresas Victorio Podestá y Cía.; Pampa Energía y Trafigura. La denuncia de los síndicos apuntó a que la AFIP evitó deliberadamente que Oil pudiese acogerse a la moratoria de la Ley 27.260, incluso, violando parte de esa normativa que impedía negar el acceso a contribuyentes habilitados. Para lograrlo, divulgó públicamente cuestiones bajo secreto fiscal, algo también prohibido, y que le notificó al juez Julián Ercolini para buscar influir en su decisión.

Esa actitud de AFIP aceleró la crisis de Oil que debió renunciar al período de exclusividad e inició su “cramdown” para evitar la quiebra. Pero fue allí, dice la denuncia, que nuevamente la AFIP objetó que la deuda preconcursal pudiera ser pagada como prescribía la ley dictada por el macrismo, lo que ocasionó que el único oferente se retirara, lo que derivó en la quiebra de la petrolera.

Pero los síndicos fueron más allá, y argumentaron que “OCSA no se encontraba comprendida en ninguna de las causales de exclusión de la Ley 27.260” por lo que la maniobra de la AFIP fue “falsa” y no hubo una real causa para impedir que se acogiera, como se había intentado argumentar, lo que los obliga, a ellos, a iniciar esta inédita demanda. Además pidieron que el juzgado cite a 323 acreedores a una audiencia para saber si acompañan la demanda y también le inician juicio a la AFIP.

La denuncia por la denominada acción de responsabilidad la había iniciado Inversora M&S de manera individual por los actos dolosos que habían perjudicado el activo de la empresa y solicitando una condena por daños y perjuicios. Allí solicitaron que se la excluya a la AFIP de cobrar cualquier suma de lo que fue la liquidación de activos de la petrolera quebrada como sanción prevista en la Ley de Concursos y Quiebras. El juzgado le pidió a la sindicatura que opine y tal como informó este diario, en diciembre pasado, los síndicos indicaron que avalaban esa demanda pero que iban a invocar sus propios argumentos. Pero ayer, quienes habían sido escogidos por el juzgado comercial para controlar el proceso, decidieron ponerse a la cabeza de la demanda, lo que constituye un giro que complica a los extitulares de la AFIP durante la era Cambiemos. Y obligará al organismo hoy presidido por Mercedes Marcó Del Pont a tomar posición sobre las irregularidades que ahora son también denunciadas por los auxiliares de la Justicia.

El caso es tan inédito como la compleja madeja de expedientes sobre los que podría tener influencia. Hay 38 expedientes abiertos, muchos de ellos impulsados por Abad, que con la presentación de los síndicos, acumula otro revés.