Senadores justicialistas suman a universidades y organizaciones sociales
Los senadores de Más para Entre Ríos incorporaron a la iniciativa que declara la emergencia alimentaria en la provincia una Mesa de Diálogo Social que suma a universidades y organizaciones sociales para realizar un seguimiento de las políticas alimentarias.
“La política alimentaria debe estar por encima de la coyuntura que impone la emergencia por la que atraviesa el país. Inflación, pobreza y hambre son la peor cara del ajuste de Milei”, hicieron saber desde el bloque opositor que trabajó esta propuesta con aportes de la iniciativa legislativa presentada por los diputados de Más para Entre Ríos.
“La pobreza en Argentina aumentó en lo que va del gobierno de Milei hasta llegar casi al 60%. En los barrios populares, cada vez más familias acuden a los comedores populares porque no les alcanza para alimentarse”, sostuvieron.
“La emergencia alimentaria y la incorporación de una mesa integrada por diferentes sectores políticos, sociales y académicos están en el marco de una manda constitucional”, destacaron.
“Es obligación del Estado asegurar a todos los habitantes el derecho a la alimentación. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de ese derecho”, señala la Constitución Provincial.
“Las situaciones de vulnerabilidad en las cuales las Estado debe intervenir para garantizar la alimentación y nutrición de la población superan una emergencia”, manifestaron los legisladores.
La mesa estará integrada por representantes del Ministerio de Desarrollo Humano; del Ministerio de Salud, representante del Consejo General de Educación; Poder Legislativo de la Provincia, Universidad Nacional de Entre Ríos; Universidad Autónoma de Entre Ríos; organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular, y Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos.
Entre las funciones de la Mesa, están el análisis y diagnóstico de la situación alimentaria de la Provincia, la formulación de propuestas relacionadas a la implementación de políticas públicas que tengan por objeto garantizar los derechos protegidos por la presente Ley; propiciar la firma de convenios de cooperación para la aplicación de la presente Ley por parte del Poder Ejecutivo; la elaboración de informes trimestrales sobre el estado de la situación alimentaria, el seguimiento de la ejecución de las políticas alimentarias por parte de los diferentes estamentos del Estado.
También propiciar junto a los pequeños productores de la agricultura familiar y organismos de competencia la producción de huertas comunitarias y elaboración de alimentos para los merenderos y comedores, y el acceso a una Canasta de Alimentos de la Economía Popular; y promover en cada comedor y merendero comunitario, la realización periódica de controles nutricionales a los niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas, así como dispositivos de consejería nutricional, educación y promoción en materia de nutrición y hábitos saludables de alimentación.
La Mesa será presidida por la Ministra o el Ministro de Desarrollo Humano, y podrá convocar a los Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno a participar de sus reuniones para atender de manera particular la situación en las distintas localidades y promoverá la creación de instancias departamentales y locales.