Senado de Entre Ríos: escucharon las opiniones de instituciones y ambientalistas para el proyecto del RIGI y el RINI
Este martes se llevó adelante una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el fin de avanzar en el análisis del proyecto de ley para que Entre Ríos adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y se constituya el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Estuvieron ante los legisladores representantes de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, de la Fundación CAUCE, de Apyme, y del Colegio de Arquitectos.
El titular de la Comisión, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), abrió nuevamente la instancia en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores para el estudio del proyecto redactado por el Poder Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Voces en contra
En esta oportunidad, quienes expresaron sus puntos de vista, reflexiones y cuestionamientos al proyecto fueron la directora ejecutiva y coordinadora del Área Incidencia y Democracia Ambiental de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle; el integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, Enzo Culasso; el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, Francisco Taibi, junto a María Eugenia Cichero del Instituto de estudios territoriales; y el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) Entre Ríos, Luis Lozar.
La primera en tomar la palabra fue Enderle, quien manifestó el “rechazo absoluto y contundente” al proyecto en estudio. Enfatizó que “no coincide con la realidad de la gente y va en contra de la Constitución Nacional, en contra de los principios ambientales modernos”. La directora de CAUCE apuntó al “extractivismo sin límites que tiende a acrecentarse y dañará aún más la salud de nuestras poblaciones”.
Desde la entidad sostienen que la adhesión al RIGI solo beneficia a los grandes capitales, promoviendo la concentración de la renta y la riqueza, destruyendo la economía local, las pequeñas y medianas industrias, y avanzando con la degradación ambiental en el territorio. Denuncian que este régimen vulnera manifiestamente los derechos que la misma Constitución Nacional resguarda en términos ambientales y federales, mientras que al mismo tiempo no protege ni ampara de ninguna manera la producción económica local. Sostienen que deben discutirse los negativos impactos sociales, ambientales, políticos y económicos.
Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, Enzo Culasso puso el acento en la “poli crisis civilizatoria, en el aumento de temperatura global, la pérdida de la biodiversidad, sequías, incendios”, y en este marco se preguntó “dónde está el beneficio para el pueblo en este modelo extractivista alentado por el RIGI, que genera riqueza para otras partes del mundo y acá quedan las consecuencias”.
Dudas y reflexiones
Posteriormente desde el Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Entre Ríos hicieron hincapié “en las dudas que nos surgen del proyecto”. Bregaron por encontrar un balance entre los intereses nacionales y las provincias que tienen la tutela de los recursos naturales, y advirtieron que el proyecto podría contener “una nueva manera de colonialismo”.
Por su parte, desde Apyme coincidieron en que “el impacto no está contemplado en el proyecto”. Luis Lozar hizo referencia a la competencia desleal que se produciría debido a la cantidad de beneficios impositivos que se pretenden otorgar a las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares.
El proyecto
El proyecto de ley, en su título uno, establece que Entre Ríos adhiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las empresas adheridas gozarán en la provincia de las exenciones fiscales y demás beneficios que se establecen para el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).
El proyecto del Poder Ejecutivo, de 22 artículos, establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico, e invita a los Municipios y Comunas de la provincia a adherir, otorgando las exenciones tributarias pertinentes en sus respectivas jurisdicciones y conforme a su esfera de competencias.
