Según el Gobierno el paro fue un fracaso rotundo y tuvo un “95% de rechazo” por parte de la población

Desde el Ejecutivo calificaron la medida como “un fracaso” y apuntaron contra el sindicalismo, aunque reconocieron que el país perdió casi 900 millones de dólares por el paro.

Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) llevaba adelante el tercer paro general contra la gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional intentó bajarle el tono a la protesta y aseguró que la medida fue rechazada por la mayoría de la población. Sin embargo, admitieron que el cese de actividades provocó una pérdida económica estimada en 880 millones de dólares.

Desde temprano, funcionarios del oficialismo buscaron mostrar normalidad. El propio presidente Javier Milei trabajó en la Casa Rosada junto a su Gabinete, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, difundió un mensaje por WhatsApp reiterando que estaba habilitada la línea 134 para denunciar amenazas vinculadas al paro.

Adorni apuntó nuevamente contra los líderes sindicales, a quienes identificó como parte de la “casta kirchnerista de los Moyano”, que “por tercera vez dejan sin trabajar a millones de argentinos”. En su mensaje, aseguró que los sindicalistas “se mueven en autos importados” y viven “en barrios privados más caros”, a pesar de hablar de justicia social.

“Están atrincherados en el poder político-sindical, enquistados en el nido de la casta. El avance de la libertad implica el fin de sus negocios y, como animales salvajes acorralados, contraatacan para sobrevivir”, expresó Adorni.

El presidente también dio su respaldo al rechazo oficial mediante un retuit de Damián Arabia, diputado cercano a Patricia Bullrich, quien escribió: “Buen jueves para todos menos para los muchachos que organizan el tercer paro en un año, pero que mientras se choreaban un PBI estaban calladitos”.

En la previa de la huelga, el Gobierno ya sostenía que el paro iba a beneficiar al oficialismo, porque “la mayoría de la gente quiere ir a trabajar y está cansada de esto”.

Ya por la noche, y tras una jornada en la que muchos comercios permanecieron abiertos y el servicio de colectivos funcionó con normalidad, en la Casa Rosada consideraron que la protesta fue liderada “por el tren fantasma”. Según una fuente cercana al Presidente, “tuvo un 95% de rechazo” y “la gran mayoría de la población está en contra de ellos”. La cifra citada se basó en datos de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba), que señaló que el 95% de los comercios de la ciudad de Buenos Aires permanecieron abiertos.

No obstante, en el Gobierno persiste el malestar con la conducción de la CGT. “No había ningún motivo para parar, fue una decisión política”, afirmaron desde el entorno presidencial.

En paralelo al paro, el oficialismo avanzó en el Congreso con un proyecto para modificar las normas sobre la “cuota solidaria”, un aporte obligatorio que financia a los sindicatos. Durante una reunión de la Comisión de Legislación Laboral, la diputada Romina Diez —referente directa de Karina Milei— presentó una iniciativa que propone una desregulación amplia en el ámbito laboral.

Entre otras cosas, el proyecto plantea eliminar el aporte solidario, establecer un banco de horas, y permitir cambios en las modalidades de trabajo sin alterar los elementos esenciales del contrato laboral. Estas medidas están alineadas con el Decreto 70/2023, actualmente frenado por la Justicia.

Desde la vereda opuesta, el co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, celebró la adhesión a la medida de fuerza. En conferencia de prensa afirmó que el paro fue “un éxito” y advirtió: “No puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados. Ese modelo no tiene sustentabilidad social”.