Sebastián Kiczka también se negó a declarar
El caso de los hermanos Kiczka avanza luego de que la Justicia los detuviera en la última semana. Este sábado, Sebastián Kiczka, hermano del ex diputado provincial de misiones, se negó a declarar ante el juez Miguel Ángel Faria. Además, se espera que su abogado solicite que el imputado sea trasladado a un centro de rehabilitación “para tratar su adicción a las drogas”.
Los Kiczka están imputados por tenencia y distribución de material de abuso sexual, que fue descubierto en los dispositivos electrónicos de los detenidos durante un allanamiento. Ambos quedaron detenidos en la misma dependencia policial, aunque en celdas separadas.
El comienzo de la audiencia de Sebastián Kiczka se demoró varios minutos por el fuerte operativo de traslado hacia el acceso al Juzgado. Frente a la fiscal Silvia Barronis, el juez Miguel Ángel Faría y la defensa técnica, al mayor de los Kiczka se le leyeron las pruebas que hay en su contra.
Tras esto, Sebastián se negó a prestar declaración como imputado. Cumplidas las formalidades, el hermano del ex diputado provincial fue trasladado nuevamente a la Comisaría Segunda, donde está alojado desde que fue detenido el jueves por la noche.
El exdiputado fue arrestado el pasado jueves. Las fuerzas de seguridad hallaron al hombre en su ciudad de residencia: San Juan de la Sierra, una localidad ubicada a 40 kilómetros de Apóstoles, en la provincia de Misiones.
El hermano del ex legislador misionero fue encontrado en un notorio estado de abandono, deshidratado, sucio y alimentándose con limones, tras mantenerse prófugo de la Justicia más de 1 semana. El imputado también se estaba dejando crecer las patillas y los bigotes para cambiar su fisionomía y poder pasar desapercibido.
Las acusaciones contra los hermanos iniciaron meses atrás, tras una investigación iniciada en Estados Unidos. En ese momento, autoridades especializadas en cibercrimen encontraron material de pedofilia en su posesión, con imágenes de abuso infantil, incesto y zoofilia.
Tras esto, a comienzos de agosto, el juez Faría libró una orden de allanamiento en la propiedad del legislador. Allí se encontraron más de 600 archivos del material explícito.