Con el cierre de la paritaria del personal legislativo, a la que están vinculadas, las dietas de los senadores nacionales volverán a incrementarse y superarán los 11 millones de pesos brutos, en un esquema que continúa vigente pese a las promesas de distintos sectores políticos de reducir los privilegios de la denominada “casta” política.
Desde las autoridades del Senado recordaron que, al igual que ocurrió con el último aumento, cada legislador tiene la posibilidad de renunciar al incremento o donarlo a una institución. En la ocasión anterior todos los bloques renunciaron a percibir la suba, excepto el bloque de Unión por la Patria.
El acuerdo salarial firmado por los gremios legislativos establece una suba escalonada del 12,5% acumulado, distribuida de la siguiente manera:
- 2% retroactivo a diciembre de 2025
- 2,5% correspondiente a enero
- 2,2% por febrero
- 2% en marzo
- 1,7% a partir de abril
- 1,5% en mayo
Cómo se calcula la dieta
La dieta de un senador nacional se compone de 2.500 módulos, a los que se agregan 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.
Hasta ahora, el valor del módulo era de $2.554,85, por lo que los senadores que no renunciaron a incrementos venían percibiendo alrededor de $10,2 millones brutos, cifra que tras los descuentos por aportes e impuesto a las ganancias se reduce a aproximadamente $8,1 millones netos.
En cambio, aquellos legisladores que rechazaron los incrementos otorgados a mediados del año pasado perciben un ingreso menor, que ronda los $9 millones brutos.
Desde el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel aclararon que “la Vicepresidente no tiene responsabilidad sobre los aumentos, sin embargo les da la posibilidad a los senadores de donar a una institución, si así lo desean”.
El acuerdo fue firmado por los secretarios Administrativo y Parlamentario del Senado, Alejandro Fitzgerald y Agustín Giustiniani, y por los secretarios de la Cámara de Diputados, Laura Oriolo y Adrián Pagán.
En representación de los gremios participaron Norberto Di Próspero, Felipe Sanz y Elena Ferreyra por la Asociación del Personal Legislativo (APL), Claudio Britos por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Martín Roig por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
La resolución establece además que, “en virtud de la responsabilidad política”, el aumento se aplicará en función de la disponibilidad de partidas presupuestarias.
La situación contrasta con lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde los legisladores están desvinculados de las paritarias del personal. Este esquema también ha generado críticas hacia el presidente del cuerpo, Martín Menem, a quien algunos sectores acusan de definir aumentos de manera discrecional.
Actualmente, un diputado nacional percibe un salario bruto de $6.072.000, que tras los descuentos queda en aproximadamente $4.322.307 en mano.
