El Ministerio de Trabajo bonaerense resolvió extender por cinco días la conciliación obligatoria en Granja Tres Arroyos en el marco de la disputa con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) por un total de 1.200 despidos en tres de sus plantas provinciales.
La determinación oficial llegó luego de un extenso encuentro de más de cuatro horas que se desarrolló este lunes en la sede de la cartera laboral ubicada en La Plata.
A partir de este escenario, la disposición que intimó a la empresa avícola a reincorporar a los operarios cesanteados a inicios de septiembre en Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar continuará rigiendo hasta el viernes, cuando las partes vuelvan a sentarse a negociar una salida al conflicto.
La prórroga administrativa se formalizó a pesar del expreso rechazo del gremio durante la audiencia, ya que la medida traba la posibilidad de que el personal acceda al fondo de desempleo.
En ese marco, la entidad sindical denunció que los empleados siguen sin cobrar sus haberes, no registraron reincorporaciones efectivas y continúan sin tareas asignadas en los establecimientos.
La postura empresaria y el frente judicial
Por su parte, el apoderado del grupo empresarial, Walter Carrizo, detalló el complejo cuadro financiero y productivo, insistiendo en que la Justicia Comercial unifique el trámite de los concursos preventivos de WADE, Granja Tres Arroyos SA y la firma cordobesa Avex SA, planteo que “se encuentra pendiente de resolución definitiva”, según quedó asentado en el acta.
Y sostuvo: “Asimismo, se ha requerido la urgente apertura de los procesos concursales, a efectos de avanzar hacia la designación de la sindicatura y obtener el tratamiento judicial de las medidas necesarias para normalizar el flujo financiero y operativo de las compañías”, remarcó.
Las presentaciones iniciales recayeron en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, encabezado por Germán Páez Castañeda, quien derivó el expediente al Juzgado Comercial N° 1; sin embargo, el magistrado Alberto Alemán rechazó la competencia y devolvió las actuaciones, por lo que Páez Castañeda tendrá que definir el curso del proceso.
Durante la audiencia con la dirigencia del STIA, el representante patronal argumentó que “una parte sustancial de los fondos y cobranzas correspondientes a las empresas se encuentra afectada por las medidas cautelares y mecanismos de cobro coercitivo vinculados con obligaciones de causa anterior a las presentaciones concursales, alcanzando tanto fondos embargados como cobranzas provenientes de importantes clientes de las compañías”, explicó.
Por último, el directivo advirtió sobre el impacto del ahogo financiero: “Esta situación genera una extraordinaria restricción de liquidez y una severa afectación del flujo de fondos, limitando objetivamente la disponibilidad de recursos necesarios para atender normalmente las obligaciones corrientes y sostener el nivel habitual de actividad”, concluyó.
