Se conocieron detalles acerca del sumario administrativo a empleado público provincial
El Gobierno provincial oficializó el decreto por el que se abrió la investigación administrativa contra Antonio José Luis Cardoso, el empleado del Ministerio de Gobierno y Justicia acusado de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de más de 10 mujeres. El hombre se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná desde el 24 de enero, cuando se le abrió una causa penal luego de que se pusiera al descubierto la presunta maniobra perversa que supuestamente ejercía sobre mujeres que buscaban trabajo.
Cuando el caso tomó estado público, el Ministerio de Gobierno y Justicia, que encabeza Rosario Romero, ordenó iniciar las actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan. Y aclaró que si bien el cargo de planta permanente de dicho empleado pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, su situación era de adscripción en la Secretaría de Trabajo.
Finalmente, este 8 de abril el decreto por el cual se abrió la investigación interna fue publicado en el Boletín Oficial, el órgano de difusión donde el Estado debe informar sus diferentes acciones de gobierno.
El decreto que abrió la instrucción del sumario es el N° 147, fechado el 7 de febrero. En el mismo se especifica que las actuaciones fueron iniciadas en el ámbito de la Dirección de Ayudantía General de la Policía y que fue el jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, quien informó sobre la situación respecto del procedimiento que involucró a Cardoso.
En el decreto se menciona que “la Policía de la Provincia ha informado al Ministerio de Gobierno y Justicia sobre la investigación en el marco de una causa radicada en sede judicial, caratulada ‘Cardoso, Antonio José Luis s/ Abuso sexual con acceso carnal (y su acumulada Nº 124582)’, Legajo Nº 124581, por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal, en la que se encuentra denunciado como presunto autor el agente Antonio José Luis Cardoso, a los efectos de la adopción de las medidas correspondientes”.
Y se agrega que el estatal acusado de abuso en la justicia habría violado el artículo 62º de la Ley Nº 9.755, del Empleo Público de Entre Ríos, que dispone las prohibiciones que tienen los agentes “de valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política; aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios u obtener ventajas de cualquier índole con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones; y valerse de informaciones relacionadas con el servicio de las que tenga conocimiento directo o indirecto, para fines ajenos al mismo”.
En ese sentido, se indicó que de acuerdo a lo informado por la fuerza policial surge que “la acción del denunciado consistía en la captación de potenciales víctimas, previa solicitud de currículum y concreción de falsa promesa de empleo en distintos niveles del Estado, para posteriormente citarlas”.
Por tanto, en el decreto se concluye que “la conducta reprochable al agente Cardoso se relacionaría con el aprovechamiento de su vinculación actual al Estado Provincial, valiéndose de la información recabada por conocimiento directo o indirecto en su función, para la obtención de ventajas que repercuten en su beneficio personal y son ajenas a las finalidades propias de las tareas desempeñadas, resultando evidente la exposición directa a que se ve sometido el empleador al involucrarse su personería en la modalidad adoptada por el agente para atraer a sus víctimas, comprometiendo seriamente el decoro en el ejercicio de las funciones, el cumplimiento de los cometidos públicos y en especial el principio de transparencia, agravado todo ello por la índole de los hechos denunciados”
En la apertura del sumario se especificó que intervinieron diferentes áreas, como la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Gobierno y Justicia; la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia; y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, la cual reseñó “los pormenores de la oportuna adscripción de Cardoso a dicho organismo, cuya continuidad fuera solicitada y, estando en trámite la misma, se prolongó el débito laboral, el que concluyera el 15 de diciembre de 2019 por decisión de las nuevas autoridades de la repartición, por lo que retomaría sus tareas en el organismo de origen”.
Finalmente, se detalló que con el examen de la Asesoría Legal de la Jurisdicción, por Resolución Nº 008/20 del Ministerio de Gobierno y Justicia, de fecha 29 de enero se dispuso la suspensión preventiva en el goce de haberes del agente en cuestión.
El 25 de marzo, el juez de Garantías Nº 2, José Ruhl, determinó ampliar la prisión preventiva de de Cardoso en la Unidad Penal 1 de Paraná, en función de la prueba recabada luego de la primera denuncia, a la cual se le sumaron otras 10 demandas de mujeres que aseguran ser víctimas del sujeto.
Según detalló el portal entreriosahora.com, la abogada del acusado, Corina Beisel, había solicitado la prisión domiciliaria. En tanto, el juez hizo lugar al pedido formulado por la fiscal de la causa, Ileana Viviani, y los abogados querellantes Boris Cohen y Marcos Rodríguez Allende.