Se concretó una Jornada Interinstitucional sobre buenas prácticas en causas judiciales con niñas, niños y adolescentes
En el marco del trabajo articulado que viene llevando adelante el Consejo Provincial del Niño,el Adolescente y la Familia (Copnaf), la Judicatura y el Ministerio Público de la Defensa, se desarrolló una jornada de trabajo con modalidad taller destinada a los representantes de cada organismo suscribiente.
Desarrollada en Gualeguaychú tuvo el objetivo de promover la implementación de la Guía de buenas prácticas en procesos de actuación conjunta de órganos judiciales con competencia material en Familia, Copnaf y Ministerio Público de la Defensa.
Tamaño completo
La apertura estuvo a cargo de la vocal de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Schumacher; el defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez; y el presidente del Copnaf, Gabriel Leconte. También participaron la vicepresidenta del Copnaf, Alejandra Ramírez; el secretario de la Sala Civil y Comercial del STJ, Sebastian Emanuelli; el secretario del Órgano de Revisión de Salud Mental, Martín Cabrera; y la secretaria del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER), María Spais.
El presidente del Copnaf indicó que “esta guía no es una imposición, es una herramienta más que tenemos para resolver casos concretos difíciles, que armamos según las experiencias”, e invitó a “seguir trabajando en este tipo de instrumentos que brinda mejores y más eficaces herramientas para la restitución de los derechos”.
En ese sentido, Benítez destacó que “estas reglas son fruto del trabajo en conjunto de los organismos. Esperamos que no se agoten en lo que existe hoy, sino que vayan en aumento, por eso para nosotros es muy importante el trabajo en el territorio. Además es importante que empecemos a conocernos entre todos en el lugar donde desarrollamos nuestras tareas, que aprendamos a escuchar al otro, de manera tal que haya un trabajo mancomunado”.
Por su parte, Schumacher señaló que el objetivo del trabajo en conjunto es “ordenar y tratar de dar respuestas lo más coordinadas posibles” frente a las distintas situaciones. Y añadió que los saberes de cada organismo “tienen distintos lenguajes, distintos orígenes, distintas formaciones, y el trabajo interdisciplinario resulta difícil muchas veces. Pero abordar estos problemas de manera interinstitucional es clave para poder dar una solución frente a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad”.
Durante la jornada de intercambio se trabajó con casos concretos con distintas situaciones problemáticas, para analizar cuáles son las principales tensiones y dificultades en las articulaciones interinstitucionales territoriales que pueden obstaculizar el abordaje.
En la actividad participó la coordinadora departamental de Gualeguaychú, los equipos profesionales del Copnaf y las Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia de los municipios del departamento, magistrados y equipos de las defensorías públicas locales.
Guia Judicial
El 19 de diciembre pasado se suscribió un Convenio de Cooperación mediante el cual se definió la implementación de la “Guía de Buenas Prácticas en Procesos de Actuación Conjunta de Órganos Judiciales con competencia material en Familia, Copnaf y Ministerio Público de la Defensa”.
La Guía surge del trabajo articulado que viene llevando adelante la Judicatura, el Ministerio Público de la Defensa y el Copnaf, en relación al fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en la Provincia de Entre Ríos.
Uno de los principales objetivos de la Guía consiste en fortalecer las articulaciones interinstitucionales de las redes territoriales que conforman el Sistema de Protección de Derechos de NNA local.
De allí surge que el instrumento referenciado contempla el abordaje de tres problemáticas específicas -medidas de protección de derechos excepcionales, resolución judicial sobre la situación jurídica definitiva, y salud mental-, a partir de una interpretación consensuada sobre la normativa vigente, y la creación pretoriana de figuras jurídicas y dispositivos institucionales, que en clave de corresponsabilidad, puedan garantizar un mejor funcionamiento del sistema proteccional.
