Se complica el panorama judicial para Varisco
El juez Leandro Ríos remitió al Tribunal de Cuentas, la AFIP y la Fiscalía Anticorrupción una copia de su última resolución en la causa por narcotráfico, en la que constan irregularidades de todo tipo en la administración de fondos públicos municipales, verificados por la división Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina.
La División Lavado de Activos de Policía Federal elaboró un informe con la documental secuestrada en la Municipalidad de Paraná (en soporte papel y electrónico) junto con la aportada por Ernesto Ramón González (implicado en la causa y sobreseído), informes requeridos al Nuevo BERSA, entrecruzamiento de datos y tareas de inteligencia autorizadas con la finalidad de ahondar “ciertas inconsistencias detectadas la marcha regular del dinero público municipal”, señaló Ríos en su resolutorio.
Uno de los principales focos realizados por la División Lavado de Activos estuvo puesto en la distribución de publicidad oficial municipal. Durante el período septiembre 2017 a mayo 2018, se gastaron $ 28.833.874,77 de los cuales estarían controvertidos $ 8.066.800 por lo que la Justicia Federal consideró una “ingeniería financiera”.
“Se ha podido comprobar que en Tesorería se encuentra instaurada una suerte de ingeniería financiera tendiente a liberar dinero en efectivo del erario público mediante la emisión de cheques que ¬en apariencia¬ corresponden a gastos de publicidad de la Municipalidad de Paraná, pero que se corresponden con servicios inexistentes, prestadores ficticios o de dudosa procedencia”, especificó Ríos
El resultado de las pesquisas determinó que muchos de ellos “a) no cuentan con capacidad económica, b) no se encuentran inscriptos en la AFIP o c) sus actividades no guardan relación alguna con los supuestos servicios que han prestado a la Municipalidad (como por ejemplo: venta de carne, profesora de inglés, jubilados, sala de velatorios y otros que además resultaron inexistentes¬).
Del estudio realizado sobre el cobro de los cheques que fueran emitidos por la Tesorería de la Municipalidad de Paraná se pudo comprobar “el desvío de fondos públicos a la organización de Celis”, añadió el escrito de Ríos. Más adelante, y con el curioso subtítulo de “autocheques”, el relevamiento de la Federal describió maniobras donde la Municipalidad de Paraná cobra en ventanilla del banco sus propios cheques.
Se trata de valores librados a la orden de la Municipalidad de Paraná y que en los extractos bancarios se observa que fueron depositados nuevamente en la misma cuenta, a excepción de uno por $ 149.779,48 que fue cobrado el día 29 de diciembre de 2017.
Ese mismo día, Luciana Lemos (la ex pareja de Celis también procesada en la causa) afirmó haber recibido en efectivo $ 30 mil que le fueron entregados durante la tarde y en el Palacio Municipal.
El informe de la Policía Federal certificó que la Municipalidad de Paraná “cuenta con el cobro y disposición de importantes sumas de efectivo en forma diaria, por lo que podrían estar disimulando una salida de fondos con cheques cuando en realidad son en efectivo desconociéndose su destino”.
En otra de las inconsistencias, el informe de la Policía Federal precisa planillas de la Unidad Nº 2 de Barrido y Limpieza donde consta el detalle de “los montos que debían cobrar en efectivo el personal junto con las retenciones o descuentos que debían hacerse en favor de Daniel Andrés Celis”, sindicado como el líder de la narco-banda con ramificaciones dentro de la Municipalidad. Allí se pudo determinar “la existencia de contratos totalmente simulados en los cuales no se realizaba prestación laboral alguna, pero cuya contraprestación económica era distribuida entre el presta-nombre y Daniel Andrés Celis”.
Además, se pudo verificar el ingreso a la Municipalidad de familiares y allegados a Daniel “Tavi” Celis, los cuales se estima eran contrataciones simuladas. En el detalle, puntualizó que entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 la Municipalidad de Paraná tenía 6.341empleados. Los centros con mayor cantidad de personal eran la Unidad Municipal N° 2 de Barrido y Limpieza (centro de operaciones de Celis) con 330 empleados, el Honorable Concejo deliberante con 285 empleados y la Dirección de Jardines Maternales con 391 empleados.
“Se pudo establecer un gran entramado de relaciones y vínculos familiares y barriales entre personal contratado de la Municipalidad de Paraná y los imputados en la presente causa y la denominada ‘avioneta’”, indicó Ríos en referencia al expediente judicial que también se tramita en su Juzgado, donde se investiga a la banda de Celis tras el secuestro de gran cantidad de marihuana hallada dentro de una avioneta interceptada en Colonia Avelllaneda.
El informe también describió también inconsistencias en el alquiler de baños químicos para el evento Tecnópolis Federal y que el personal contratado en diversas áreas del gobierno local no tiene certificado profesional o al menos título de la escuela secundaria.
Por otra parte, agrega el jugoso informe según los colegas de APF, en punto VII de su resolutorio, el Magistrado dispuso remitir copia certificada de la resolución, del informe de la División Lavado de Activos de Policía Federal, documental aportada por Ernesto Ramón González, declaraciones indagatorias de Ernesto Ramón González, Luciana Ernestina Lemos y auto de procesamiento de fs. 1171/1317 al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos y a la AFIP “a los fines que estimen corresponder. Haciéndoles saber que la documental secuestrada en los distintos allanamientos de la causa (en soporte papel e informático), como los informes remitidos por el Nuevo BERSA y la Municipalidad de Paraná, se encuentran a su disposición por el término de 10 días hábiles para la extracción de fotocopias y/o copias digitales en la sede de este Juzgado Federal N°1.”