El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, expuso ante el Senado sobre el destino y la trazabilidad de las reservas de oro del BCRA en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica. En su presentación, ratificó que todos los movimientos contaron con auditorías oficiales e institucionales.
El titular del organismo explicó los motivos por los cuales no se brindó difusión inmediata sobre estas operaciones financieras. “Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra”, justificó.
En ese marco, precisó que los balances de los períodos 2023, 2024 y 2025 recibieron la verificación de controles internos, externos y de la Auditoría General de la Nación. “2023, 2024 y 2025 (…) están y no tienen comentarios”, remarcó.
Modalidades de custodia y operaciones en el exterior
La autoridad monetaria detalló que existen dos modalidades de tenencia del metal precioso: las barras custodiadas en la bóveda central y los lingotes depositados en el Bank for International Settlements (BIS), la entidad con sede en Suiza que funciona como banco de bancos centrales.
Durante el año 2024, la institución decidió mover una partida de la tenencia física ubicada en el país hacia el organismo internacional. El titular de la entidad monetaria fundamentó la decisión en una ventaja comercial que permitió canjear piezas de menor aceptación por lingotes con estándares superiores de liquidez.
Y argumentó: “Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja (…) en oro de calidad más alta”, sostuvo.
Asimismo, el funcionario aclaró el destino final del metal: “Se trasladó y se depositó en el BIS, en Suiza, que es donde sigue estando”, afirmó.
Para finalizar, diferenció la reserva temporaria de información sobre los activos de la falta de registración en los libros contables, y confirmó que tanto la firma Pricewaterhouse como los órganos del Estado revisaron la documentación completa sin objeciones.
