Sanción definitiva al proyecto por el que Entre Ríos adhiere a cambios en Responsabilidad Fiscal
El Senado entrerriano tuvo hoy la segunda sesión ordinaria del 138° Período Legislativo. Los legisladores aprobaron pedidos de acuerdo constitucional para cubrir cargos en la Justicia entrerriana y en la Fiscalía de Estado. Tres de ellos por unanimidad. Además, se dio sanción definitiva al proyecto de ley por el que la provincia adhiere a los cambios realizados en la ley de Responsabilidad Fiscal y se dio media sanción al proyecto de utilización del sistema electrónico en expedientes judiciales.
La sesión fue presidida por el vicepresidente primero del Cuerpo, Aldo Ballestena, quien estuvo asistido por el secretario Natalio Gerdau y el pro secretario José Kramer. El encuentro se inició pasadas las 19,15 y después de tomar la asistencia, como es de rigor, se izaron los pabellones que están en el recinto. Estuvieron presentes todos los senadores departamentales. En el turno de los homenajes se recordó a los ex combatientes de Malvinas, destacando el valor de los jóvenes argentinos que estuvieron dando todo de sí en las islas, y se hizo una especial mención a las víctimas del hundimiento del Crucero General Belgrano.
Responsabilidad fiscal
El Senado le dio sanción definitiva, por unanimidad, al proyecto de ley por el que la provincia de Entre Ríos adhiere “a lo dispuesto en el Capítulo IX- “Del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal” -de la Ley Nº 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017”.
Fue el senador Ángel Giano (Frente para la Victoria) quien hizo una serie de consideraciones en base a los fundamentos originales que acompañan la iniciativa. Puntualizó la crisis externa, que impactó en las cuentas públicas, y destacó la búsqueda de un equilibrio financiero y que los endeudamientos sean sostenibles.
Resaltó Giano lo actuado por la provincia en búsqueda de estos objetivos, destacando los logros en relación a la difusión de información, que ha generado elogios de organismos nacionales en relación a la transparencia.
En el proyecto se invita a los municipios de la provincia a adherir a las disposiciones contenidas en el proyecto que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación. Cabe mencionar que los legisladores del oficialismo estuvieron reunidos este mediodía con el ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay.
Por su parte Raymundo Kisser (del bloque Cambiemos), titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sostuvo: “Venimos a acompañar esta iniciativa, y estamos dispuestos a volver a discutir cuando corresponda, los cambios de este proyecto. No venimos a ciegas, lo hemos estudiado, tenemos nuestras preocupaciones, pero nos fue informado y no tenemos dudas de que esto no tendrá impactos sociales negativos”, argumentó Kisser.
El proyecto, como en diputados, fue aprobado por unanimidad.
Fundamentos originales
El Ejecutivo sustenta el proyecto recordando que hacia fines de 2004, por Ley Nº 9.592, la Provincia de Entre Ríos adhirió al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal instituido por Ley Nacional Nº 25.917, el cual establece reglas generales de comportamiento fiscal a fin de dotar a la gestión pública de una mayor transparencia y mejorar la eficiencia del gasto público.
Precisa que este régimen plantea una conducta fiscal basada en tres preceptos básicos:
1- Limitar el crecimiento del Gasto: estableciendo en este sentido que el incremento del gasto público no puede crecer por encima del incremento nominal del PBI.
2- Equilibrio Presupuestario y Financiero: lo que implica que el gobierno deberá cerrar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero en sus cuentas.
3- Endeudamiento sostenible: establece que los servicios anuales de la deuda no superen el 15% de los Recursos Corrientes Netos de Coparticipación a Municipios.
Es considerado, según se sostiene en los fundamentos que “este es sin duda un buen sistema de control al que se encuentran permanentemente sometidas las cuentas provinciales, y obliga a exponer periódicamente ante las autoridades nacionales la ejecución de la política administrativa provincial, para el seguimiento y control de las metas establecidas”.
Después se hace mención al contexto económico observando la crisis financiera internacional del año 2008, que alteró las variables económicas, generando una fuerte desaceleración y provocando daños “a la salud fiscal de los distintos estados” en todos sus niveles, Nacional, Provincial y Municipal. Todo esto llevó a que no se pudieran cumplir las previsiones y aparece una situación de déficit inevitable.
Todo esto lleva a la necesidad de introducir cambios en la ley de responsabilidad fiscal, adecuándolo, pero, se explica, “preservando siempre el orden y la transparencia que dicha norma persigue como principal objetivo”.
Puntualiza que “la propuesta pone énfasis en el control del crecimiento del gasto corriente primario, en la reducción del resultado primario deficitario y en la regulación del endeudamiento para financiamiento del déficit”.
En tal sentido, argumenta el Ejecutivo provincial, entre otros aspectos, establece:
1- Que durante el ejercicio 2017, el incremento en el gasto público corriente primario no podrá superar la tasa acumulada de aumento del Producto Bruto Interno informado por el INDEC;
2- Aquellas jurisdicciones que, durante el 2016, hayan ejecutado resultados financieros deficitarios, deberán adoptar las medidas tendientes al equilibrio fiscal. A tales efectos, para el ejercicio 2017 deberán ejecutar una disminución del 10% de dicho resultado.
3- Que aquellas jurisdicciones que, durante el 2016, hayan alcanzado resultados financieros positivos, gozarán de la eliminación de las limitaciones de las autorizaciones para endeudamientos con destino a obras de infraestructura, siempre que dicho financiamiento no revierta el signo del resultado.
4- Que podrán efectuarse operaciones de crédito para el financiamiento del resultado deficitario del ejercicio fiscal 2017, en tanto se cumpla con las limitaciones de los puntos 1 y 2 que anteceden y con las disposiciones de trasparencia que establece el Artículo 7º de la Ley Nº 25.917.
5- Que se suspende para el Ejercicio 2017 la aplicación del Artículo 12º de la Ley Nº 25.917, que establece la limitación que el producido de la venta de activos fijos y el endeudamiento no podrán destinarse a gastos corrientes.
6- Que se suspende para el Ejercicio 2017 la aplicación del primer párrafo del Artículo 21º de la Ley Nº 25.917, que establece que el monto de los servicios de la deuda no debe superar el 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios.
7- Que se suspende para el Ejercicio 2017 la aplicación del último párrafo del Artículo 15º de la Ley Nº 25.917, que establece que no se podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
8- Que se suspende para el Ejercicio 2017 la aplicación del Artículo 24º de la Ley Nº 25.917, que establece que no se podrán incluir en los Presupuestos como aplicación financiera (amortización de deuda) gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios anteriores.
Acuerdo Nación Provincia
Se deja en claro que estas modificaciones son en orden a la Carta de Intención suscripta entre el Gobierno Nacional y las autoridades de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2 de agosto de 2016, en el cual se acordaron acciones conducentes al fortalecimiento del federalismo y en tal sentido las partes se comprometieron a adoptar las medidas necesarias para impulsar la convergencia hacia el equilibrio fiscal en el año 2019 en cada jurisdicción.
Nuevo pedido de Acuerdo Constitucional
El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, envió al Senado la solicitud de acuerdo Constitucional para que la doctora Estela Beatriz Méndez Castells, sea nombrada vocal de la Cámara de Apelaciones – sala Civil y Comercial 2- de Concordia.
Se prestaron acuerdos Constitucionales
El senador Lucas Larrarte explicó que en los pliegos se han seguido todos los pasos previstos en el artículo 19 del Reglamento del Cuerpo. Haciendo públicos los antecedentes, con un período de Consulta Ciudadana y la realización de una Audiencia Pública.
Los Senadores apoyaron, por unanimidad, el pedido de Acuerdo Constitucional para que Nélson Daniel Alú sea nombrado Juez Civil y Comercial 3, con competencia en concursos, quiebras y procesos de ejecución de la ciudad de Concepción del Uruguay.
El acuerdo de Ángel Moia
Luego fue el turno del pedido de acuerdo para nombrar juez Civil y Comercial 9 de Paraná al doctor Ángel Luis Moia. En este caso el senador de Paraná, Raymundo Kisser presentó un proyecto de minoría y rechazó la posibilidad del nombramiento.
El despacho de la mayoría de la Comisión, contiene detalles de todo el proceso y de los elementos que obran en el expediente, entre los que se cuentan los apoyos y objeciones en relación al pedido de acuerdo del Ejecutivo. “Ha brindado adecuadas respuestas”, explican los legisladores que suscriben la Resolución, al recordar el trabajo en la Audiencia Pública.
El doctor Moia, en la audiencia pública, respondió las objeciones recibidas por la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre temas como la causa “Waigel” y una relacionada con la Cooperativa de Tamberos de Paraná, entre otras.
Además, es parte del expediente una nota enviada a la Cámara por el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, donde realiza una serie de consideraciones sobre potenciales situaciones en las que debería intervenir el propuesto.
En el despacho de minoría se sostiene que quien suscribe, Raymundo Kisser, sin objetar la capacidad técnica y jurídica del propuesto, cuestiona la idoneidad ética, fundando en profundas consideraciones realizadas por juristas de nota. Pone como eje de su postura la causa Waigel, que tiene una fuerte connotación social. Además, no comparte los términos de la nota enviada por Castrillón y aconsejó la no aprobación.
Se votó favorablemente la Resolución impulsada por el Bloque Oficialista.
Recibieron, por unanimidad, el Acuerdo los doctores Pablo Javier Giannini Álvarez y Sebastián Trinadori, los que serán Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos.
El senador oficialista, Lucas Larrarte, sostuvo que “se trata de un proyecto muy importante para el funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una reforma que permitirá agilizar y modernizar los trámites, brindando mayor accesibilidad a quienes requieran de los trámites judiciales y ayudará a la transparencia y la seguridad de todos los que habitamos el suelo entrerriano”.
En el marco de los asuntos entrados preparados para la sesión de hoy, se recibió la memoria anual 2016 del Tribunal de Cuentas de la provincia, la que fue girada a la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Fuente y foto: Prensa Vicegobernación.-