La cartera que encabeza Sandra Pettovello dio por iniciado “un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días… debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”.

Por su parte, la acusación judicial se basa en los artículos 248 y 249 del Código Penal y fue impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital. La presentación ante el Juzgado Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, apunta contra las autoridades designadas por Lugones y Javier Milei por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de pacientes”. La denuncia está firmada por Norma Lezana y patrocinada por la abogada Mariana Chiacchio. El texto subraya que la omisión del Estado se agrava por tratarse de menores de edad como víctimas.

El enojo se disparó también por declaraciones del propio ministro, quien afirmó que “el populismo tiene que desaparecer. No podemos decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Esa mentira hay que dejarla de lado”. La respuesta no tardó. “Vimos al ministro empresario muy cómodo rindiendo examen en la AmCham, diciendo que es mentira que todos tengamos derecho a la salud. Que venga al Garrahan a caminar el hospital”, retrucó Lezana desde el hall central del centro de salud pediátrico más importante del país.

La crisis no es nueva, pero se agudizó en los últimos meses. Desde APyT detallaron que la situación incluye “sobrecarga laboral, cierre de residencias, congelamiento salarial desde diciembre de 2023 y profesionales que, tras su jornada hospitalaria, deben manejar un Uber para subsistir”. Los residentes, directamente, ya están de paro por tiempo indeterminado. Un enfermero con diez años de antigüedad cobra menos de 900 mil pesos, mientras que el cálculo ajustado por inflación arroja que deberían ganar casi el doble.

Como si fuera un chiste, el ministro Lugones parece moverse en otro plano. En los últimos días se mostró junto al negacionista antivacunas Robert Kennedy Jr., con quien firmó un comunicado donde celebran la salida de la OMS y aseguran que “el gobierno argentino está logrando avances rápidos en la reconstrucción del sistema de salud”. Desde el Garrahan, el contraste con esa narrativa fue total. “Estamos en una lucha de fondo. Milei y Lugones quieren liquidar la salud pública”, alertó Gerardo Oroz, trabajador de la farmacia y secretario adjunto del hospital.

Mientras el Ejecutivo insiste en hablar de “eficiencia del gasto” y “reordenamiento del Estado”, en el Garrahan el panorama es otro: internaciones suspendidas, intervenciones reprogramadas y una sensación generalizada de abandono institucional. “No podemos seguir siendo cómplices de un sistema que está dejando morir a nuestros pacientes”, sostuvo uno de los delegados de la junta interna.

En este contexto, desde la APyT convocaron a todos los bloques legislativos a una audiencia pública el viernes 30 de mayo a las 15 horas en el Anexo del Congreso Nacional. El objetivo es visibilizar la situación del Garrahan, exigir respuestas concretas y frenar el vaciamiento del hospital que atiende a más de 500 mil pacientes pediátricos al año en todo el país.