Salud arancelada en Jujuy: crece el repudio al cese de la gratuidad a un Derecho inalienable

Los jujeños siguen manifestando su rechazo al Seguro Provincial de Salud aprobado por la Legislatura en un trámite exprés. El gobernador Carlos Sadir no hizo declaraciones sobre el tema, a diferencia del ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, quien se manifestó en las redes y publicó una solicitada explicando las razones sobre esta medida.

“El acceso a la salud pública, gratuita, oportuna y de calidad es un derecho inalienable de la ciudadanía y un deber indelegable de los Estados”, expresa un documento presentado al mandatario. Ante la eventualidad de que la ley se promulgue, además, la senadora nacional Carolina Moisés (UxP) presentó un amparo preventivo en el Tribunal Contencioso administrativo de la provincia.

En tanto, en la Legislatura provincial el Frente de Izquierda presentó en el último día hábil del año un proyecto para derogar la ley 6453, “porque pone fin a la gratuidad de un derecho humano como es la salud pública”, expresó la diputada Natalia Morales. En la Cámara de Diputados de la Nación la bancada de la izquierda, entre ellos el legislador nacional por Jujuy, Alejandro Vilca, presentó un proyecto para que esa Cámara exprese su preocupación y su rechazo a esta ley.

A la espera de estas acciones, el ex juez federal Vicente Casas resaltó que la ley 6453 “transgrede disposiciones jurídicas importantes” porque crea un seguro obligatorio. Ejemplificó que si alguien paga un impuesto inmobiliario en Jujuy, deberá acreditar que pagó el seguro. “Es compulsivo y no hay sustentación de un sistema legal de esa forma”, sostuvo.

Para el ex magistrado y político, “es evidente que la provincia no tiene fondos para pagar algunos compromisos y está echando mano a estas situaciones como establecer impuestos a las naftas, cobrar dos veces el GIRSU (Servicios de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos). Todo eso conspira contra el orden jurídico, y me preocupa mucho”, consideró.

Por otra parte, Norma Churquina, referente de Profesionales del Servicio Social de Jujuy, delegada de APUAP e integrante del Foro de Salud, calificó al Seprosa como una medida “gravísima” que impactará directamente en la economía de las familias jujeñas.

También cuestionó la incongruencia de que el gobierno jujeño hable de la bonanza de la economía provincial: “si hay superávit, ¿por qué quieren recaudar, por qué quieren privatizar la salud?”, recriminó. Mientras, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, aseguró que “Jujuy se ahorra 10 mil millones de pesos con el cobro a extranjeros”.

Yurquina dijo asimismo que en la provincia hay “una mala administración en la política de salud. Conocemos quiénes son los empresarios de salud, que están también como funcionarios en la salud. Queremos transparencia, revisión de cuentas, saber qué hacen con los impuestos de los ciudadanos, cuáles son las inversiones que se hacen a los viejos hospitales”, argumentó.

El Seprosa convierte a Jujuy en la primera provincia que privatiza la salud pública, ya que solo las personas que acrediten que no pueden pagar este seguro, que se calcula que será de $50 mil por mes, serán atendidas de manera gratuita en los hospitales.

El seguro de salud aprobado por el oficialismo que responde al ex gobernador Gerardo Morales, y la insistencia del ministro de Salud Gustavo Bouhid en sostener que esta ley es “beneficiosa y solidaria”, muestra una diferencia con el sector de Sadir. El ministro hizo publicaciones en sus redes y una solicitada en el medio gráfico propiedad del diputado Rivarola, que acompañó la sanción.

El proyecto del Seprosa no fue enviado por el Ejecutivo, ingresó por el bloque oficialista con las firmas justas y en 10 días fue aprobado por la mayoría radical y el sector del peronismo que responde a Rubén Rivarola. El panorama político es una muestra de una interna entre Morales y Sadir.

Por otro lado, exhibe una sintonía entre el ministro Bouhid, dueño de la principal empresa de diagnóstico por imágenes de la provincia; Rubén Rivarola, diputado provincial y empresario de la salud, y Manuel Quintar, ex peronista, hoy diputado nacional por La Libertad Avanza, dueño de otra importante clínica privada.

La ley 6453 prevé que el órgano de aplicación del Seprosa será el Instituto de Seguros de Jujuy, obra social que contiene a la mayoría de los empleados públicos de la provincia, fue modelo en gestiones anteriores, sin embargo, hoy enfrenta problemas económicos.