En la discusión por el salario mínimo, este viernes se sentarán a la misma mesa el sector privado, el Gobierno y los representantes de los trabajadores para definir una nueva actualización del piso hoy estancado en $ 376.600 mensuales.
El encuentro del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVM) se realizará a partir de las 12:30, mientras que a las 10:00 habrá una instancia previa para fijar los nuevos valores de las Prestaciones por Desempleo.
En ese marco, se definió que, si en la primera convocatoria no se alcanzan los dos tercios de votos requeridos para avanzar con un acuerdo, ya está programada una segunda reunión para las 14:00.
La reactivación de este cuerpo ocurre en un momento en el que el Gobierno nacional pretende comenzar a mover su política salarial, hasta ahora caracterizada por el “planchado” de paritarias en torno al 2% mensual como ancla para contener la inflación.
El objetivo oficial es ambicioso: llevar el salario mínimo de los trabajadores de convenio a al menos $ 1.070.000 brutos, es decir, alrededor de $ 1.000.000 en mano.
En particular, este giro impactaría con más fuerza en los rubros de menor poder adquisitivo: UOCRA, maestranza, Sanidad, gastronómicos y varios más cuyos salarios básicos de convenio hoy se ubican por debajo de ese monto.
La iniciativa oficial ya fue transmitida en las últimas semanas en conversaciones reservadas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los sectores empresariales y gremiales, donde se bajó la línea del nuevo piso buscado.
Con la mira puesta en una mejora del poder adquisitivo y del consumo en la antesala del año electoral, el objetivo puntual del Gobierno es atender la situación de aquellos sectores cuyos salarios quedaron más rezagados, a los que asegura tener perfectamente identificados.
Sin embargo, ese objetivo deberá superar la prueba de fuego de las negociaciones paritarias entre los sindicatos y las cámaras empresarias, las dos partes que efectivamente definen los acuerdos, mientras que la Secretaría de Trabajo solo interviene para homologarlos.
Cabe señalar que la receta oficial para alcanzar el piso salarial de $ 1.000.000 no será exclusivamente vía porcentaje: se prevé apelar al pago de bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen aumentos del 2% mensual.
Un salario mínimo atrasado y lejos de la canasta básica
Hoy, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) prácticamente no funciona como referencia real para los trabajadores bajo convenio, ya que en la práctica los ingresos de convenio se ubican por encima de los magros $ 376.600 mensuales fijados por ley.
El atraso es evidente: en la actualidad, ese número se encuentra casi $ 130.000 por debajo de la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total (CBT), ubicada en $ 506.381 para julio, por lo cual hace rato dejó de ser parámetro en las negociaciones salariales oficiales.
En este contexto, la actualización del SMVM resulta hoy más relevante como referencia para los valores de ciertos programas sociales, los cálculos de contribuciones de cooperativas y otras prestaciones legales.
Además, la reunión previa de las 10:00 ganará peso propio, ya que allí se fijará el nuevo valor de la Prestación por Desempleo que paga el Estado, definida como el 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese, pero con topes máximos y mínimos acordados.
Un Consejo clave que estuvo paralizado todo el año
Pese a su escaso efecto directo en el bolsillo de los trabajadores formales, el Gobierno nunca había convocado en lo que va del año a una reunión del Consejo del SMVM, lo que profundizó aún más el atraso del salario mínimo frente a la inflación.
Luego de que en el encuentro del pasado 26 de noviembre no se lograra un acuerdo entre las partes, el Ejecutivo tomó la lapicera y definió de forma unilateral un esquema de subas en 10 tramos hasta agosto de 2026, que derivó en el valor actual del SMVM.
Ahora, este viernes las partes buscarán una nueva actualización en el encuentro que reunirá a los representantes de los trabajadores, de los empleadores, del Estado nacional y de los gobiernos provinciales, con la mira puesta en recomponer el piso legal.
Pese a los pedidos formales de la CTA y la CGT, la audiencia se realizará de manera virtual: aunque las centrales obreras insistieron en que “la magnitud de las decisiones que corresponde adoptar a este Consejo exige el más amplio y genuino debate entre los sectores que lo integran”, el planteo fue rechazado.
