Con la derogación de la Ley Nº 4.506, Entre Ríos pone fin a las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, un régimen especial que estuvo vigente durante más de seis décadas y que alcanzaba a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial.
La Cámara de Diputados tiene previsto convertir este miércoles en ley la eliminación de este beneficio, que garantizaba a exmandatarios un haber mensual equivalente al 75 por ciento de la remuneración correspondiente al cargo.
La iniciativa fue impulsada por el propio gobernador Rogelio Frigerio al comienzo de su gestión, y tendrá un efecto concreto sobre las actuales autoridades: ni él ni la vicegobernadora Alicia Aluani podrán acceder a esa pensión al finalizar sus mandatos.
Un beneficio vigente desde 1965
La Ley Nº 4.506, sancionada en 1965, estableció un régimen previsional de privilegio para quienes hubieran ejercido la Gobernación y la Vicegobernación de Entre Ríos, con un haber calculado sobre el 75 por ciento del sueldo del cargo que ocupaban.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo entrerriano planteó directamente la derogación de ese esquema. En sus fundamentos, subrayó que “las razones históricas que justificaron ese régimen han quedado desactualizadas y su permanencia entra en tensión con los actuales principios de igualdad y ética pública”, al marcar el contraste con las exigencias previsionales que rigen para el resto de la sociedad.
En el mensaje remitido a la Legislatura, el Gobierno definió estas prestaciones como “un régimen especial de carácter excepcional que debía ser revisado”, en línea con otras iniciativas orientadas a la transparencia, el control del gasto y la eliminación de privilegios políticos.
Un proyecto que llevó más de dos años de debate
La eliminación de las pensiones vitalicias atravesó un recorrido legislativo más extenso de lo previsto inicialmente y demandó más de dos años de discusiones en ambas cámaras.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto en abril de 2024, pero luego el debate se trasladó al Senado, donde surgieron diferencias sobre un punto sensible: las condiciones para quitar beneficios que ya habían sido otorgados.
Finalmente, la Cámara alta modificó ese aspecto clave y eliminó el artículo referido a las causales de caducidad, por lo que la reforma se enfocará hacia adelante y no afectará derechos ya reconocidos, despejando así uno de los principales cuestionamientos jurídicos.
Con esos cambios incorporados, la iniciativa regresó a Diputados para completar su trámite y ser convertida en ley, en lo que será el paso final para cerrar este régimen histórico.
Frigerio y Aluani, alcanzados por su propia reforma
La decisión adquiere un matiz político particular porque quienes impulsaron el fin de las pensiones vitalicias serán también los primeros en resignar ese beneficio, al no poder acogerse al régimen al término de sus mandatos.
Rogelio Frigerio había vinculado públicamente la eliminación de esta pensión con la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y con la necesidad de que la dirigencia política asumiera un compromiso previo a cualquier reforma más amplia del sistema. “Frente a la magnitud del déficit previsional, las máximas autoridades provinciales deben ser las primeras en dar el gesto”, sostuvo en entrevistas recientes.
En esa misma línea, la vicegobernadora Alicia Aluani respaldó el cambio y acompañó el proyecto en su tratamiento parlamentario, al remarcar que “no es coherente pedir esfuerzos a la sociedad si la política no empieza por revisarse a sí misma”, según expresó en distintas intervenciones públicas.
Una señal en medio del ordenamiento previsional
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en el marco de un paquete más amplio de reformas con el que el Gobierno provincial busca ordenar el sistema previsional entrerriano y mejorar su sustentabilidad financiera.
El mensaje político que pretende instalar la gestión de Frigerio es directo: si el Estado debe revisar estructuras y beneficios para recuperar equilibrio, la dirigencia política tiene que formar parte del esfuerzo en primera persona, y no quedar al margen de los ajustes que se exigen a otros sectores.
En esa clave, desde la Casa de Gobierno admiten que el impacto económico de eliminar dos futuras pensiones es acotado en términos presupuestarios, pero resaltan que su peso es sobre todo institucional y simbólico, porque fija un nuevo estándar sobre qué tipo de privilegios son tolerables.
El propio gobernador que promovió la derogación podría haberse convertido en beneficiario del régimen al terminar su mandato. Sin embargo, eligió impulsar una ley para eliminarlo antes de llegar a esa instancia.
El fin de un régimen de más de seis décadas
Con la sanción definitiva prevista en Diputados, Entre Ríos dejará atrás un régimen especial que rigió de manera ininterrumpida desde 1965 para sus máximas autoridades ejecutivas.
La modificación legislativa no borra de manera automática los derechos ya reconocidos, a partir de los cambios introducidos durante el debate parlamentario. Pero traza una frontera clara hacia el futuro: quienes ocupen la Gobernación o la Vicegobernación ya no tendrán garantizada una pensión vitalicia por el solo hecho de haber ejercido esos cargos.
Después de más de 60 años, la provincia se encamina así a cerrar un capítulo de regímenes especiales para su clase política. Y el dato que sintetiza el alcance de la decisión es concreto: quienes hoy gobiernan Entre Ríos serán los primeros en terminar sus mandatos sin ese beneficio de por vida, marcando un punto de inflexión en la relación entre poder y privilegios.
