En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, describió el mapa judicial que enfrenta la Provincia y precisó que las demandas en su contra ya comprometen $8.500 millones, en un contexto marcado por la inminente reforma previsional y nuevos reclamos de jubilados por sumas no remunerativas.
En ese marco, planteó que “está planteada la reforma previsional y ése es un tema que va a ser una cuestión importante de debate seguramente”, y vinculó esa discusión con las acciones judiciales que comenzaron a multiplicarse por la movilidad y los incrementos no remunerativos.
Respecto de la demanda puntual de un jubilado por sumas no remunerativas, explicó que “hay varias acciones que han aparecido ahora; hay una acción de inconstitucionalidad que plantean jubilados del Poder Legislativo porque otorgó algunos incrementos salariales no remunerativos y demás”.
Y agregó: “Hay también planteos de tipo administrativo, es decir, estamos recibiendo planteos judiciales, acción de inconstitucionalidad, y por el otro lado requerimientos administrativos acerca de ese tema que en los últimos años no teníamos y ahora empiezan a surgir”, remarcó.
Más de 3.000 juicios contra la Provincia y un fuerte pasivo contingente
Al detallar el volumen de litigios, Rodríguez Signes puntualizó que “las demandas contra el Estado de la provincia en este momento son 3.006 juicios, y a favor de la provincia, es decir, donde el Estado es actor, tenemos 2.358 juicios”.
Además, indicó que “después tenemos todos los expedientes administrativos que son más de 16.000”, lo que dimensiona la carga de trabajo del organismo.
Sobre el impacto económico de esos procesos, explicó: “Respecto a ese número, las demandas contra el Estado comprometen $8.500 millones, ese es el pasivo contingente o las cifras en las que el Estado es demandado”, detalló.
Enseguida subrayó que “de eso, la mayor proporción se la lleva una situación que pocas veces se discute, que emergió de la privatización del Banco de Entre Ríos, que es el fondo compensador y que son reclamos previsionales”.
Precisó que se trata de “jubilados del Banco de Entre Ríos que permanentemente reclaman que la Caja de Jubilaciones les actualice el haber jubilatorio con relación a lo que gana en actividad el empleado del Banco de Entre Ríos”.
Y advirtió: “Eso nos lleva este año ya $3.900 millones sobre los $8.500 que hay en juicios donde estamos demandados”, lo que muestra el peso específico de ese conflicto previsional.
Según el fiscal de Estado, “eso se mantiene, lo que apareció ahora es evidente que hay algunas organizaciones y algunas personas que ven el tema de la movilidad, que están atentos a si el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial otorgan aumentos a los activos y ven si esos aumentos los van a poder ver reflejados en su jubilación o no”, analizó.
En ese sentido, sostuvo que “esto es un tema de debate, va a venir la reforma previsional, incorpora el tema de la movilidad como un tema importante también, un tema donde cambian los criterios y eso es significativo, va a ser un tema significativo”, insistió.
Juicios a favor de la Provincia: Salto Grande y ANSES concentran $1,558 billones
Rodríguez Signes aclaró luego que “el Estado provincial tiene más por reclamar de lo que le reclaman”, al referirse a las causas en las que la Provincia es actora.
En ese punto, precisó que “nosotros tenemos en juicio a favor de la Provincia un número de $1,558 billones, producto de los dos juicios más importantes que tenemos que son la demanda por los excedentes de Salto Grande y la demanda contra el ANSES por lo que nos debe de la Caja de Jubilaciones”, puntualizó.
Indicó que se trata de litigios “en ámbito nacional, en la Corte Suprema” y subrayó que “esos dos juicios monopolizan casi el crédito de la Provincia en juicio”.
Reclamo a ANSES: acuerdos parciales y expectativa de reconocimiento del crédito
Consultado específicamente por la demanda por los fondos de ANSES, el fiscal de Estado destacó “el trabajo que ha hecho Gastón Bagnat”, actual titular de la Caja de Jubilaciones.
Explicó que “todo este tema de las transferencias de la Nación adeudadas a la Provincia depende de que la Provincia le envíe la información a la Nación para poder hacer un ejercicio de simulación: se asume que la Provincia tiene un régimen parecido al ANSES y sobre esa base de simulación se hacen los reclamos correspondientes”, detalló.
En esa línea, valoró que “Bagnat ha completado toda esa información y lo que vamos haciendo nosotros es, con la información que nos da, se van celebrando acuerdos parciales que se van homologando en la Corte”.
“Es decir, no tenemos un triunfo total y absoluto de todos los años reclamados ante el ANSES, pero vamos teniendo conquistas parciales que las vamos logrando”, remarcó.
Luego adelantó que “ahora estamos por hacer un acuerdo por el año 2020 y acuerdos que homologa la Corte, después vendrán el 2021, 2022, 2023 y vamos a poder regularizar bastante bien la situación en un tiempo que no es el que yo me imaginaba al principio”.
Recordó que “esta demanda la interpusimos en 2024 y yo le diría que es probable que para el año que viene tengamos ya bastante, o al menos, reconocido el crédito de lo que nos adeuda”, estimó.
Subrayó que ese flujo de fondos “es importante para financiar parte del déficit previsional de la Provincia, que son $43.000 millones por mes”.
De todos modos, aclaró que “no es que la Nación vaya a financiar todo el déficit, se hace sobre la base de una simulación, pero ayuda, acompaña”, matizó.
Reforma previsional y posible aumento de la litigiosidad
Respecto de una posible catarata de juicios ante la aprobación de la reforma previsional, Rodríguez Signes admitió que “toda reforma previsional de esa magnitud genera controversias, es natural que así sea”.
“En los años que yo llevo como fiscal de Estado yo lo que veo es que hemos planteado la demanda ante la Corte por el ANSES, pero hay que afrontar la situación de la ley 8.732 que es la ley de la Caja, porque de alguna manera hay que ordenarlo para poder seguir otorgando las jubilaciones y las pensiones”, sostuvo.
Advirtió que “lo que veo es que el déficit se va abriendo, se va aumentando y tiene que haber una acción legislativa”, por lo que “lo que hace el Poder Ejecutivo es enviar un proyecto que se debatirá en la Legislatura y luego veremos qué sanciona la Legislatura y después veremos qué clase de situación judicial se plantea”, señaló.
En ese contexto, reiteró que “sin que esté sancionada la reforma todavía, ya hay casos de juicios producto de los incrementos que se han dado y que todavía faltan los ajustes a la jubilación, el tema de la movilidad y demás”.
“Hay que esperar, uno está para esto”, concluyó sobre ese punto.
Amparos por OSER y rol acotado de la Fiscalía de Estado
Por otra parte, el fiscal de Estado reconoció que “hay muchos amparos por la obra social OSER, pero eso siempre hubo y se mantiene”.
Si bien un informe de la obra social muestra un aumento importante de amparos durante 2025, aclaró que “lo que sucede ahí es que OSER tiene su propio servicio jurídico y nosotros intervenimos de una manera excepcional cuando hay una situación muy excepcional”, diferenció.
De todos modos, mencionó que “nosotros somos notificados de las demandas de amparo contra OSER, pero no estamos interviniendo en las contestaciones, simplemente observamos y cuando tenemos alguna cuestión muy importante intervenimos”.
“Por ejemplo, se han dado casos que se han recetado medicamentos que no están autorizados por el ANMAT, esto es histórico y ahí sí, cuando se dan ese tipo de situaciones intervenimos, pero si no, es OSER el que contesta las demandas con su propio servicio jurídico”, ejemplificó.
Sumarios administrativos y un Ejecutivo que aplica sanciones
Finalmente, en relación con los sumarios administrativos que se iniciaron en los dos años y medio de gestión, Rodríguez Signes indicó que “hemos resuelto a nivel de la comisión fiscalizadora más de 460”.
“El ritmo de sumario se mantiene igual, lo que se ha incrementado es la resolución que adopta el Ejecutivo”, diferenció.
En esa línea, recordó que “históricamente veíamos que el sumario administrativo muchas veces se sustanciaba, pero no se llegaba a tomar la decisión de la sanción final, porque no la toma la Fiscalía de Estado, la Fiscalía lo que hace es el sumario y aconseja una sanción”.
Y remarcó que “quien aplica o no esa sanción es el Poder Ejecutivo o la autoridad de nombramiento, y este Poder Ejecutivo el perfil que tiene es que aplica las sanciones y entre este año y el año pasado se han superado los 400 casos”, concluyó.
Fuente: Análisis Digital
