Rige desde el lunes la quita de subsidios al agua, luz y gas
Con el inicio de 2012, el Gobierno pondrá en marcha el plan de eliminación de los subsidios que había establecido para los servicios de energía eléctrica, gas y agua de los usuarios residenciales. En el Registro constan las renuncias a los subsidios del gobernador Sergio Urribarri, del ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez.
Un total de 278.502 hogares de todo el país deberán afrontar la quita total de los subsidios que tenían en los servicios esenciales junto con los aumentos tarifarios de hasta el 350% que dispuso la administración kirchnerista para la luz y el gas.
Ante el crecimiento inusitado que registraban año y tras año y los problemas de caja previstos para 2012, el Gobierno optó por cambiar el rumbo de la política de subsidios que venía aplicando desde 2003.
El “plan antisubsidios” arrancó en diciembre con la quita de los beneficios a varias actividades industriales y de servicios, entre los cuales estaban los bancos, petroleras y casinos. Según los números oficiales, con esa medida se ahorrarán $ 600 millones anuales.
El segundo paso consistió en la extensión de la quita de subsidios a las empresas refinadoras de combustibles, procesadoras de gas, aceiteras, agroquímicas y productoras de biocombustibles. En este caso, el ahorro ascenderá a unos $ 3.468 millones anuales.
Por el lado de los usuarios residenciales, el Gobierno adoptó dos medidas. Por un lado, dispuso en forma arbitraria la eliminación de los subsidios para casi 260.000 clientes de distintos barrios y urbanizaciones de todo el país.
Por otro, abrió un registro de renuncia voluntaria a los subsidios que logró captar la adhesión de 20.055 usuarios. Según los datos oficiales, el ahorro que se obtendrá por la quita de subsidios a los hogares que entra en vigencia éste lunes será de $ 566 millones anuales.
Los que pidan mantener los subsidios, deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos: ser enfermos crónicos electro-dependientes, tener como único ingreso una jubilación o pensión con haber mínimo, cobrar una pensión no contributiva, ser beneficiario de algún plan o programa social, recibir alguna asignación familiar, tener alguna discapacidad, estar exceptuados del ABL y contar con una vivienda precaria.
De los 12 ítems, el que más dudas genera es el que obliga al usuario a definir si sus “ingresos son insuficientes para afrontar el pago de las tarifas plenas”. Los que respondan afirmativamente, será sometidos a un cruce de datos con la AFIP y ANSeS y su caso quedará en manos de los funcionarios que resolverán si corresponde o no la quita de los subsidios.