El diputado nacional Ricardo López Murphy presentó en la Cámara de Diputados el proyecto “Ley Marco de Garantía y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad”, un texto de más de 80 artículos que busca actualizar y unificar la legislación vigente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, alineándose con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proyecto propone reemplazar la Ley 24.901, vigente desde 1997, y se basa en el modelo social de la discapacidad, que prioriza la eliminación de barreras físicas, comunicacionales y culturales, en lugar de centrarse en las limitaciones individuales. Según el texto, el objetivo es promover y asegurar el ejercicio efectivo e igualitario de todos los derechos humanos.
Entre sus principales innovaciones, destaca la creación del Fondo Único de Discapacidad, un fideicomiso administrado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que reunirá recursos públicos y privados para financiar prestaciones de salud, apoyos, transporte, educación, vivienda y empleo. El proyecto asegura que el fondo no podrá ser disminuido ni reorientado por decisiones administrativas y garantizará pagos directos a personas con discapacidad y prestadores, evitando intermediarios.
Otro punto central es el Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDA), que reemplazará al actual CUD, acreditará la discapacidad a nivel nacional y permitirá acceder a apoyos y beneficios con un criterio dinámico y multidimensional.
El proyecto también establece una Asignación Universal por Discapacidad (AUD), una prestación mensual no contributiva gestionada por la ANDIS, que alcanzará a todas las personas con discapacidad, independientemente de su situación laboral. Las pensiones no contributivas vigentes se convertirán automáticamente en esta nueva asignación.
La ley prevé capítulos sobre educación inclusiva, empleo, vida independiente, acceso a la justicia y accesibilidad universal. En materia laboral, fija un cupo mínimo del 4% para personas con discapacidad en los tres poderes del Estado y empresas concesionarias, y otorga incentivos fiscales a empleadores privados que incorporen a este colectivo.
Además, establece capacitación obligatoria en discapacidad y derechos humanos para todos los agentes públicos, siguiendo modelos como las leyes Micaela y Yolanda, y crea un Consejo Federal y un Consejo Consultivo de Discapacidad para articular políticas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
En los fundamentos, López Murphy afirma que la iniciativa busca una ley moderna, eficaz y transversal, que garantice igualdad de oportunidades y elimine barreras estructurales que aún dificultan la inclusión plena.
El proyecto contempla ajustes razonables, diseño universal en obras públicas, gratuidad en transporte, accesibilidad comunicacional e inclusión política de personas con discapacidad, con el objetivo de establecer un sistema federal unificado, con financiamiento garantizado y control público, superando las políticas fragmentadas actuales.
