La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años: en apenas doce meses desaparecieron 330 establecimientos vinculados al sector y se perdieron 15.468 puestos de trabajo formales, mientras otra firma tradicional se suma a la lista de compañías que buscan evitar el cierre.
Se trata de IGT33 S.A., operadora de las marcas Rever Pass y Be Rebel, que ingresó en concurso preventivo en un intento por ordenar sus deudas y sostener la operatoria. La empresa afirma que agotó las alternativas para mantenerse a flote y ahora apuesta a reestructurar un pasivo que supera los $7.000 millones.
Un pedido a la Justicia en medio de la tormenta
La compañía, con más de 40 años de trayectoria en el mercado argentino, presentó su pedido de concurso ante la Justicia en junio de 2026 y el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18 abrió formalmente el proceso el 14 de julio. En el expediente describe un deterioro que combina caída del consumo interno, avance de las importaciones, aumento de costos de producción y una estructura comercial cada vez más difícil de sostener.
Ese deterioro ya se refleja con crudeza en los números. IGT33 cerró 2025 con ventas por $11.814 millones, casi 24% menos que el ejercicio anterior en moneda constante, y terminó el año con una pérdida de $4.365 millones, frente a un rojo de $515 millones en 2024. A esto se suma un pasivo que supera los $7.000 millones y una estructura que incluye más de 100 trabajadores, 13 locales alquilados y una planta industrial propia.
La presentación judicial no atribuye la crisis a un solo factor, sino a un proceso acumulativo. Según el escrito, el deterioro comenzó en 2024 y desembocó en una cesación de pagos que quedó formalmente expuesta el 16 de mayo de 2026, cuando la firma no pudo cumplir compromisos asumidos con trabajadores que habían acordado desvinculaciones.
Importaciones, consumo en baja y un modelo que quedó viejo
En el escrito presentado para justificar el concurso, IGT33 señala como uno de los principales problemas el cambio en las condiciones de competencia. La firma sostiene que desde 2024 se produjo una apertura de las importaciones que habilitó el ingreso masivo de productos a través de plataformas internacionales, particularmente de origen oriental. Ese flujo de prendas importadas habría erosionado la posición de las marcas locales en el mercado interno.
El argumento central es que las marcas nacionales enfrentan una estructura de costos que los nuevos jugadores digitales no tienen. La empresa detalla gastos en locales, personal, cargas sociales, impuestos, logística e infraestructura, mientras que las plataformas de venta directa desde el exterior llegan al consumidor sin sostener una estructura física equivalente en la Argentina.
A esa presión competitiva se sumó la retracción del consumo interno de indumentaria. La compañía asegura que los precios de venta del sector quedaron rezagados frente a la evolución de los costos y que, pese a aplicar promociones y descuentos, no logró trasladar completamente los aumentos, lo que deterioró los márgenes.
El financiamiento también se transformó en un obstáculo clave. IGT33 sostuvo que durante 2025 el costo del crédito se ubicó en niveles cercanos al 100% anual, en un contexto en el que la rentabilidad del negocio ya no permitía absorber ese costo. El desfasaje financiero, originado en 2024, se profundizó por la combinación de menor demanda y tasas elevadas.
La empresa remarca, además, un cambio en los hábitos de compra. Mientras el comercio electrónico gana participación, mantener una red de locales en shoppings implica pagar alquileres, expensas, fondos de publicidad, servicios, impuestos y costos laborales. En el caso de IGT33, la estructura incluye 13 locales alquilados en distintos centros comerciales y una planta industrial ubicada en Marcos Sastre 1804, en Ricardo Rojas.
Un intento de reconversión que chocó con la falta de recursos
La propia empresa reconoce que había iniciado una transformación de su modelo de negocio. El objetivo era pasar de una matriz predominantemente productiva a otra que combine producción local con importación de productos terminados, una estrategia que, según el expediente, permitiría bajar costos y competir con la ropa importada.
El problema es que esa reconversión requiere inversión, acuerdos con proveedores y una nueva estructura logística. En medio de la crisis financiera, la compañía admite que no dispone de los recursos necesarios para completar ese viraje y sostener al mismo tiempo la operatoria cotidiana.
En el listado de factores que complicaron la operación, la empresa incluye además el aumento de los costos salariales, de los insumos y de la producción nacional. Según remarca, los costos crecieron por encima de los precios de venta y generaron un desfasaje que fue erosionando progresivamente la rentabilidad.
Otro frente de ajuste fue el cierre de puntos de venta que habían dejado de ser rentables. La firma explicó que los elevados alquileres, expensas y otros costos asociados a los centros comerciales forzaron el cierre de locales en shoppings y en la Costa Atlántica, mientras intentaba concentrar la actividad en canales considerados más eficientes, como el comercio electrónico y las franquicias.
Ventas en caída y un rojo operativo que se disparó
El deterioro comercial terminó impactando de lleno en los resultados. El balance del ejercicio cerrado en noviembre de 2025 muestra que las ventas bajaron de $15.475 millones a $11.814 millones en moneda constante. La ganancia bruta también se desplomó: pasó de $8.962 millones en 2024 a $5.678 millones en 2025, mientras los gastos de comercialización y administración treparon a $8.567 millones.
El resultado financiero profundizó el cuadro. IGT33 registró $1.200 millones negativos por resultados financieros y por tenencia, frente a $546 millones negativos en el ejercicio anterior. El resultado antes del impuesto a las ganancias cerró con una pérdida de $4.262 millones y el ejercicio terminó con un rojo de $4.365 millones.
La compañía llegó a este escenario luego de intentar sostener su estructura con distintas herramientas. En los últimos tres años tomó créditos bancarios para afrontar remuneraciones, indemnizaciones, nuevos contratos, obras, renovación de locales, incorporación de líneas de productos y la reformulación de áreas como marketing digital. Los propios accionistas y socios fundadores también realizaron aportes mediante préstamos extraordinarios, en un esfuerzo por mantener la operatoria.
Sin embargo, ese financiamiento terminó agravando el problema. Según la empresa, las tasas de esos préstamos fueron significativamente elevadas y en algunos casos superaron ampliamente la inflación oficial, lo que hizo todavía más pesada la carga financiera y aceleró el deterioro del flujo de caja.
La falta de liquidez alcanzó incluso los gastos más básicos. En los últimos meses, los salarios debieron pagarse en dos etapas y caducaron planes de financiación de obligaciones de seguridad social e impuestos porque la firma no pudo afrontar las cuotas. Ese estrangulamiento de caja fue uno de los detonantes del recurso al concurso preventivo.
Más de $7.000 millones de deuda y el concurso como única salida
El pasivo que llevó a IGT33 a recurrir a la Justicia supera los $7.000 millones. El principal componente es la deuda bancaria, que alcanza unos $3.276 millones. El Banco Nación concentra alrededor de $2.264 millones, mientras que Banco Provincia aparece con unos $866 millones.
La lista incluye además $975 millones de deuda fiscal y unos $1.725 millones de obligaciones previsionales, además de compromisos laborales y sindicales. A esto se suma deuda con proveedores y otros acreedores comerciales, así como una exposición relevante en cheques diferidos a proveedores que al 31 de mayo ascendía a unos $262 millones.
En el mercado ya figuran 65 cheques rechazados por algo más de $300 millones, lo que refleja el nivel de tensión financiera. La empresa advierte que ese cuadro la dejó prácticamente sin acceso al crédito comercial, en un contexto de caída de ventas y márgenes deprimidos.
El problema financiero derivó además en embargos sobre las cuentas de la sociedad iniciados por acreedores que buscaban cobrar sus créditos. En el expediente, la compañía explicó que esos embargos ponían en riesgo la continuidad de la operación porque podían impedirle disponer del dinero necesario para seguir funcionando.
Por eso, la firma sostiene que el concurso preventivo es la herramienta que le permite ordenar el pasivo, evitar ejecuciones individuales y continuar operando mientras negocia con sus acreedores. El proceso, remarca, es clave para preservar los puestos de trabajo y ganar tiempo para la reconversión del negocio.
Cuatro décadas de historia y una apuesta por ganar tiempo
Rever Pass tiene más de cuatro décadas de trayectoria en el mercado argentino de indumentaria. A lo largo de esos años, la compañía fue integrando progresivamente sus procesos productivos y, desde 2007, concentra en su estructura las tareas de corte, confección, estampería y bordado, además de las áreas comerciales, administrativas y logísticas. Esa integración, que fue una fortaleza en épocas de mayor consumo, hoy se transformó en una carga difícil de financiar.
Ahora la empresa busca sintetizar en su propia estrategia la transformación que atraviesa el sector: mantener la producción local, pero incorporar productos terminados importados para competir en precio y ampliar su oferta. El concurso preventivo aparece así como un intento por ganar tiempo para reestructurar una deuda que ya no puede sostener y, al mismo tiempo, reformular un negocio golpeado por la caída del consumo y el cambio en las reglas de competencia.
La Justicia ya puso en marcha el cronograma del proceso. Los acreedores tienen tiempo hasta el 23 de septiembre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación, mientras que el informe individual está previsto para noviembre y la resolución verificatoria para diciembre. El informe general del concurso llegará en febrero de 2027, etapa en la que se definirá si la histórica marca logra concretar su reestructuración o queda al borde del cierre definitivo.
