La polémica por los retiros millonarios en Radio y Televisión Argentina (RTA) volvió a quedar bajo la lupa con el caso del gerente de Asuntos Legales, Alfredo Schnaiderman.
El exfuncionario dejó la empresa que administra la TV Pública y Radio Nacional mediante el Plan de Retiro Voluntario, aun cuando hacía unos tres meses ya cumplía funciones en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese dato encendió cuestionamientos internos, que se profundizaron cuando un gremio advirtió a las autoridades de RTA que Schnaiderman ya trabajaba en otro organismo estatal porteño y consultó a la Oficina Nacional de Empleo Público sobre la aplicación del Plan de Retiro Voluntario.
La Oficina de Empleo Público respondió que RTA tenía la potestad de aceptar o rechazar el pedido, por lo que la decisión final quedó en manos de la conducción de la empresa estatal.
En ese marco, el interventor de los Medios Públicos, Carlos Curci —exvocero de la Sociedad Rural, que asumió en julio del año pasado—, resolvió aprobar el retiro voluntario de Schnaiderman, quien llevaba unos 15 años en la empresa.
Fuentes cercanas a las autoridades de RTA sostuvieron que se trató de una cuestión “técnica y administrativa”, que se aplicó “por igual a todos los empleados de la empresa”, independientemente de si ocupaban cargos jerárquicos, y que en este tipo de trámites no pesó una evaluación política sobre la conveniencia de otorgar el beneficio.
Sin embargo, reconocieron que la resolución final requirió la firma del interventor, lo que vuelve a colocar el foco en el criterio de la conducción a la hora de habilitar estas salidas.
Las mismas fuentes explicaron que la incompatibilidad se configura cuando una persona ocupa simultáneamente dos cargos en el Estado nacional, pero que no habría conflicto cuando uno de los puestos depende del Estado nacional y el otro del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, como en el caso de Schnaiderman, por tratarse de jurisdicciones distintas.
En paralelo, las autoridades de RTA negaron que el retiro voluntario de Schnaiderman hubiera alcanzado los US$ 100.000, cifra que circuló en algunos sectores de los medios públicos.
La indemnización, no obstante, superó los $100 millones, según confirmaron dos fuentes que accedieron al expediente. Voces cercanas a la conducción de RTA se negaron a precisar el monto exacto abonado al exgerente de Asuntos Legales.
La controversia vuelve a poner bajo la lupa los criterios utilizados por RTA para aprobar las desvinculaciones de sus funcionarios, en un contexto de fuerte ajuste en los medios públicos.
La propia respuesta de la Oficina de Empleo Público remarcó que la aceptación del retiro voluntario no era automática, sino una facultad exclusiva de las autoridades de la empresa estatal.
Desde RTA destacaron que el Plan de Retiro Voluntario ya fue cerrado y que permitió la salida de 180 empleados en el último año, entre ellos el exgerente de Legales.
Según fuentes cercanas a la conducción, en el último año se produjeron 270 bajas en total, entre retiros voluntarios y otras desvinculaciones, como jubilaciones y no renovación de contratos, lo que redujo la estructura de RTA a poco menos de 2.000 empleados.
Ese proceso se inscribe en la política de reducción de gastos y de personal que las autoridades aplican en los medios públicos desde la llegada del gobierno de Javier Milei.
El plan es resistido por los sindicatos y sectores de la oposición, que cuestionan tanto los despidos como el impacto de esas desvinculaciones en la TV Pública y Radio Nacional.
Búsqueda de responsables y retiros millonarios en serie
El caso de Schnaiderman se suma a una serie de indemnizaciones millonarias por retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que ya habían generado fuerte controversia en RTA durante 2024.
Entre ellas figura la del entonces subgerente artístico Oscar Gómez Alé, quien acordó una indemnización de $81.514.726 en 2024.
También la de la subgerenta de Legales, María Eugenia Martínez, que ese año recibió $39.413.361 mediante un régimen de jubilación anticipada.
A esa lista se suma la subgerenta de Producción, Nora Chirom, con un retiro de $47,1 millones, y la subgerenta de Administración y Finanzas, Analía Senega, que en 2024 acordó una indemnización de $15.105.482.
El caso de Senega causó especial impacto, ya que había conseguido otro trabajo y al momento de tomar el retiro voluntario tenía 43 años, en un cargo al que había sido designada por la extitular de RTA, Rosario Lufrano, en octubre de 2020.
La funcionaria cobró más de $15 millones de indemnización, en lugar de presentar su renuncia a un cargo político que ocupó durante casi cuatro años.
Aquellas decisiones fueron justificadas por las autoridades de RTA como parte del mismo proceso de reducción de personal impulsado a través del Plan de Retiro Voluntario.
Pero las revelaciones sobre esas indemnizaciones derivaron en una investigación interna para detectar el origen de las filtraciones de documentación, impulsada por la conducción de RTA a cargo del entonces interventor Eduardo González.
La empresa estatal terminó echando a Victoria Nasisi, secretaria de la Gerencia de Administración y Finanzas, con 24 años de antigüedad, a quien inicialmente despidió en septiembre de 2024 por “pérdida de confianza”, bajo la acusación de haber accedido a información sensible.
Tras movilizaciones de gremios y empleados de RTA, Nasisi fue incorporada al Plan de Retiro Voluntario y debió dejar la empresa estatal.
Tres fuentes independientes entre sí coincidieron en que la causa de su despido fue la acusación de ser la fuente de información de dos notas sobre las indemnizaciones millonarias que el interventor González pagó a cuatro funcionarios de RTA durante ese último mes.
Las autoridades de la empresa, en cambio, sostuvieron que se trató de un caso de acceso indebido a documentación reservada.
La discusión vuelve ahora con el caso Schnaiderman: queda por ver si las actuales autoridades de RTA insisten en la persecución de presuntas fuentes periodísticas, como en la gestión de González, o si priorizan el derecho ciudadano a acceder a información de interés público.
El ajuste en la era Milei y el reordenamiento de los medios públicos
A principios de 2024, el Gobierno intervino los medios públicos y designó a Diego Chaher, quien se encargó de cerrar la agencia de noticias Télam.
En julio de ese año, Chaher fue ascendido para reestructurar todas las empresas estatales y fue reemplazado en los medios públicos por el subinterventor de RTA, Eduardo González, que lanzó un plan de retiros voluntarios con la adhesión de unos 200 empleados, una cifra menor a las expectativas de la gestión de Javier Milei.
Casi esa misma cantidad de periodistas, fotógrafos y productores ingresó en simultáneo a RTA, transferida desde Télam, y hoy trabaja en el edificio de avenida Belgrano que pertenecía a la agencia, de donde se desvincularon otros 400 empleados tras el cierre.
Antes de eso, a principios de 2024, se fueron 300 empleados de Radio Nacional, cuando no se renovaron los contratos de la mayoría de los programas que venían de la gestión de Rosario Lufrano en RTA, bajo la presidencia de Alberto Fernández, junto con numerosos trabajadores de las 49 filiales que Radio Nacional tiene en todo el país.
“La programación se mantiene muy bien con la gente que queda, con los empleados históricos de la radio, que tienen un compromiso muy grande con cada una de las emisoras”, planteó entonces una fuente cercana a las autoridades de la radio, en momentos en que la gestión Milei proponía privatizar todos los medios públicos.
Luego, el Congreso frenó esas privatizaciones. En ese nuevo escenario, se racionalizó el organigrama de funcionarios en RTA, se impulsó un plan de retiros voluntarios al que adhirieron unos 200 empleados y, en el último año, se redujeron otros 270 puestos en la TV Pública y Radio Nacional.
