Renunció el presidente del Iosper, Fernando Cañete
De acuerdo a un informe exclusivo publicado por los colegas de Análisis, este martes por la tarde Fernando Cañete presentó la renuncia a la presidencia del directorio de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos. Ni el IOSPER, ni el Gobierno otorgaron comunicación formal concreta sobre dicha dimisión, aunque, se convocó a los medios a cubrir una conferencia en la cual Rogelio Frigerio hará -este miércoles desde las 10.30- un anuncio en referencia a dicho Instituto.
¿Qué motivó la salida de Cañete? Sobran versiones y/o rumores, no obstante, la judicialización de buena parte de las prestaciones, las dificultades que se han venido suscitando con diversas prestaciones y/o prestadores, la propia insatisfacción de los afiliados, presuntas deficiencias presupuestarias como cuestionamientos a la administración de los recursos financieros, serían detonantes centrales para que, -previo a la abdicación del hasta hoy presidente-, se viniese evaluando en el seno de las altas esferas gubernamentales una potencial intervención para garantizar una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, propendiendo a subsanar cada una de las coyunturas que interfieren en el normal funcionamiento de la entidad.
Seguramente, el gobernador podrá esclarecer toda esta problemática con los anuncios a tributar ante los medios, aunque -claro está- con este cese de Cañete es indefectible se proceda de modo pertinente a intervenir la Obra Social como se conjeturaba, propendiendo el Gobierno a garantizar un servicio continuo y de calidad para los afiliados, estabilizar la operación con transparencia y eficiencia, y maximizar los recursos con criterios de responsabilidad y solidaridad.
Resultará elemental, definir con premura líneas de trabajo delineadas para alcanzar dichos fines como por ejemplo una evaluación inicial exhaustiva, la reestructuración de la gestión y la implementación de medidas -a partir de una auditoría integral- para identificar las diversas problemáticas que se presentan, evaluándose los riesgos que pueden afectar directamente la continuidad de los servicios, poniéndose énfasis en la cadena de suministro de medicamentos, pago a proveedores y/o compromisos con prestadores para asegurar continuidad de la correspondiente asistencia.
Serían 180 días de intervención procurando alcanzar la imprescindible estabilidad e implementándose las reformas insoslayables para arribar a una transición ordenada en la cual se devuelva el control a sus autoridades naturales, o sea los representantes de empleados judiciales, de la misma Obra Social, UPCN, AGMER, FESTRAM, Jubilados y Retirados de la Policía.
