Remedios gratis: PAMI desoye en Mendoza un fallo judicial a favor de jubilados
No hay respuesta oficial. Esa es la realidad, preocupante, que tiene como rehenes a los jubilados mendocinos luego de un fallo judicial, ratificado en varias instancias, que obliga a PAMI a mantener la gratuidad de los medicamentos a los afiliados de la provincia cuyana, bajo el plan Vivir Mejor.
Lo llamativo es que las autoridades locales de la obra social de los adultos mayores desoyen la intimación de la Justicia Federal, por lo que se les comenzó a aplicar multas millonarias, que se acrecientan con el correr de los días, al tiempo que arriesgan el inicio de causas penales por “desobediencia”. De hecho, en los últimos días se triplicó el monto de la sanción pecunaria, pasando de 100.000 pesos desde el 26 de diciembre a 300.000 pesos en la actualidad, por cada jornada de infracción, lo que ya representa una deuda de más de 3 millones de pesos.
Más del 70% de los afiliados mendocinos debería tener la cobertura 100%, en base a los requisitos que estableció la entidad nacional, lo que genera mayor controversia por la negativa en aplicar la decisión judicial, ya que hay jubilados que están en problemas con los tratamientos médicos por las dificultades económicas.
Incluso, diversos sectores políticos le reclaman a los magistrados que tomen más cartas en el asunto y accionen penalmente contra los acusados, más allá de la eventual presentación que haga la parte damnificada, en este caso la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen).
Desde la Justicia Federal indicaron que siguen esperando el cumplimiento de la medida así como la recepción de una nueva denuncia, ya de tipo Penal, por parte de los damnificados, para poder actuar con mayor contundencia, como puede ser incluso la detención de los responsables. Consultado el juez que lleva la causa, Pablo Quirós, aseguró: “Estamos esperando el cumplimiento. Las herramientas legales previstas son las que han estado solicitando: sanciones conminatorias progresivas como se están aplicando y, si así lo deciden los actores, pueden entablar denuncia penal ante la Fiscalía Federal por el incumplimiento”.
Frente a esta posición, comenzaron a levantarse voces del arco político. “Los jueces no pueden hacerse los distraídos y deben actuar de oficio contra los directivos. Sí pueden hacerlo, más allá de lo que pase en la Fiscalía con alguna nueva denuncia. Es una vergüenza cómo ellos también dilatan los plazos, mientras los jubilados siguen sufriendo a la hora de ir a la farmacia, incluso algunos abandonando tratamientos”, es la expresión que se oye al unísono.
En las últimas horas, desde la parte demandante comenzaron a agilizar el movimiento de la causa, con la presentación de una demanda penal, que podría configurarse bajo la calificación de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.