La relación bilateral Uruguay Argentina atraviesa una nueva tensión a partir del proyecto de planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que la firma HIF Global planea instalar en el departamento uruguayo de Paysandú, sobre el río Uruguay, luego de que una declaración del presidente Yamandú Orsi recibiera tres desmentidos consecutivos desde la orilla argentina.
El emprendimiento, valuado en unos 5.400 millones de dólares y presentado como la mayor inversión extranjera de la historia uruguaya, apunta a producir e-combustibles a partir de hidrógeno verde obtenido con energías renovables y dióxido de carbono procedente de cadenas de biomasa, y prevé unos 3.000 empleos directos y una primera etapa de alrededor de 1.000 millones de dólares.
La localización original, a unos tres kilómetros de la ciudad entrerriana de Colón y frente a sus costas, desató objeciones en Argentina, encabezadas por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por el posible impacto visual sobre el turismo y por la contaminación del curso de agua, lo que obligó a reabrir viejas sensibilidades en torno al uso compartido del río Uruguay.
Tras negociaciones bilaterales que incluyeron dos reuniones en la cancillería uruguaya, en noviembre y en abril, ambas partes acordaron relocalizar la planta hacia un predio de la petrolera estatal Ancap, en un intento de descomprimir el frente político y ambiental sin resignar la inversión.
Cruce de denuncias, aclaraciones y desmentidos
En ese marco, Orsi afirmó el viernes en Paysandú que Argentina había retirado la denuncia penal presentada contra el proyecto y lo celebró como un gesto de distensión: “Fue una buena noticia diplomática”, destacó.
La respuesta llegó rápido desde el lado argentino: la fiscal federal Josefina Minatta aclaró que no había retirado su denuncia y advirtió que “la voy a mantener mientras Uruguay no responda a los pedidos de información sobre una eventual contaminación”.
En paralelo, el diputado argentino Guillermo Michel confirmó que su acción civil preventiva también sigue en curso, lo que dejó en evidencia que el frente judicial del conflicto aún está lejos de cerrarse.
Para bajar el tono, el secretario de la Presidencia uruguaya, Alejandro Sánchez, atribuyó lo ocurrido a una confusión y precisó que lo que fue desistido no fue una causa judicial, sino una gestión de la viceintendenta de Colón ante el comité de apoyo del Acuerdo de Escazú.
Ese tratado regional sobre acceso a la información ambiental, conocido como Acuerdo de Escazú, había servido de paraguas institucional para que autoridades de Colón reclamaran datos sobre el proyecto, en medio de las dudas sobre su eventual impacto en el río.
El Municipio de Colón replicó luego que nunca presentó denuncia alguna y puntualizó que solo había solicitado acceso al expediente uruguayo, información que obtuvo antes de desistir de nuevas consultas el 25 de agosto.
Río Uruguay, soberanía y fantasmas de Fray Bentos
Sánchez remarcó que existe un tratado bilateral sobre el uso del río Uruguay, pero defendió la autonomía de Montevideo: “Las decisiones sobre territorio nacional son soberanas, no hay juez argentino que le imponga ni sanciones ni le establezca reglas de juego a Uruguay”.
Ambos Gobiernos se mueven con cautela para evitar una reedición del histórico conflicto por la planta de celulosa de Fray Bentos, que entre 2005 y 2010 derivó en bloqueos prolongados de los puentes internacionales por parte de vecinos argentinos y en una demanda de Argentina contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia.
Inversiones, energía y un acuerdo aún inconcluso
Mientras tanto, el acuerdo comercial por la planta de hidrógeno verde sigue abierto: restan por definir la propiedad de la infraestructura, el reparto de las inversiones y el precio de la energía que suministrará la eléctrica estatal uruguaya UTE, puntos sensibles que condicionan tanto la viabilidad económica del proyecto como el clima político en la región.
Fuente: Mercopress
