Los defensores de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez recibieron una buena noticia este domingo por la noche. La Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de los dos imputados que están detenidos en la Unidad Penal de Paraná en el marco de la causa de los contratos truchos.
Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli habían presentado un habeas corpus solicitando que sean alojados en un pabellón de personas procesadas, separado de los condenados, como lo establece la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (“los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados”, expresa taxativamente la normativa), e invocando el riesgo que supone para su integridad física la precariedad edilicia y la sobrepoblación carcelaria.
La resolución – a la que tuvieron accesolos estimados colegas de Página Judicial – establece que las actuaciones realizadas sean reenviadas al Juzgado de Garantías Nº4 de Mauricio Mayer para que procesa “sin dilación alguna” y de “inmediata sustansación”. Mientras tantos están en prisión.
Giorgio votó en disidencia en base al fallo Riera que dice que los rechazos in-limine no son apelables. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, había especificado en el fallo que sean alojados en celdas separadas.
Aguilera fue detenido en el marco de la investigación por contrataciones irregulares en la Legislatura en los últimos diez años y la jueza Marina Barbagelata le dictó la prisión preventiva por 90 días, decisión que fue confirmada este viernes. El ex funcionario comparte la celda con Vicente Jesús Bioletti, Gastón Godoy –ambos condenados– y Juan de la Cruz Moreno –procesado en una causa por narcotráfico que ya fue elevada a juicio. Pérez está detenido desde el 20 de noviembre.
Las autoridades del Servicio Penitenciario han admitido que las cárceles entrerrianas tienen más presos de los que pueden contener y el 23 por ciento de la población son personas procesadas con prisión preventiva, como es el caso del cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri.
Cabe acotar que Mayer había rechazado el habeas corpus y sus defensores apelaron ante el STJ.
