Reforma previsional: el Gobierno querría equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres en 65 años
La administración de Javier Milei está considerando una reforma previsional que podría igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres a los 65 años. El borrador del Gobierno propone una reestructuración completa del sistema, incluyendo la posibilidad de privatizar los fondos de aportes.
La agenda también incluye la gradual eliminación de regímenes especiales que otorgan beneficios por sectores y una revisión del sistema de pensiones. Además, se está contemplando la reintroducción de un modelo de capitalización, similar al que existió entre 1993 y 2008 con la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
“Estamos en un proceso inicial de análisis de estos temas”, dijo a LA NACION una fuente oficial confiable. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Capital Humano niegan que el tema esté actualmente en agenda. Como con otras medidas de gran impacto, el Gobierno está trabajando con discreción en esta iniciativa. Al menos se han realizado dos reuniones sobre esta reforma, con la participación de especialistas como Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Los responsables de esta política son el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la Anses, Mariano de los Heros. Ellos están trabajando basándose en un borrador previo elaborado por una comisión técnica del ente previsional bajo la supervisión del Ministerio de Capital Humano, dirigido por la ministra Sandra Pettovello.
“No es un tema prioritario”, enfatizan quienes siguen de cerca esta reforma, incluida entre los diez puntos del Pacto de Mayo bajo el argumento de darle “sostenibilidad al sistema y respetar a quienes aportaron”. Aseguran que, aunque está en la agenda, aún no hay plazos concretos para su implementación y podría ser un proyecto que se impulse recién el próximo año. En 2025 hay elecciones de medio término, y una reforma de este tipo podría ser costosa para el oficialismo. “Hay una mirada diferente de los tiempos políticos”, comentan quienes conocen el estilo libertario.
Actualmente, en Argentina funciona un régimen de reparto, donde empleados y empleadores financian las jubilaciones. Dado que este aporte es insuficiente, el Estado recurre a impuestos generales y a los recursos del Tesoro Nacional para cubrir este gasto, que en 2023 representó un 9% del PBI según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Los datos oficiales más recientes, de abril de este año, contabilizan 10,146 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo sector privado, público y trabajo en casas particulares). En tanto, el último registro del Boletín Estadístico de la Seguridad Social -de junio- reporta que hay 5,9 millones de jubilados. Esto significa que por cada jubilado hay menos de dos personas trabajando (1,7). Los expertos coinciden en que para que el sistema se autofinancie, esta proporción debería ser de uno a tres.
Para lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa esta discusión. No solo se evalúa la posibilidad de aumentar la edad base de retiro, sino también de igualarla entre hombres y mujeres, que actualmente se jubilan a los 65 y 60 años, respectivamente. En ambos casos, deben contar con un mínimo de 30 años de trabajo registrado. Estas medidas buscan aumentar la población activa.
“El porcentaje de mujeres con aportes cumplidos es solo del 15%. Por ende, la equiparación de la edad jubilatoria tendría un impacto fiscal muy bajo si no es acompañada con otras reformas de fondo. Sin embargo, no hay ninguna razón para no igualarla en términos de principios y equidad”, analizó Rofman en diálogo con LA NACION. El especialista subrayó: “Los problemas del sistema previsional no se ordenan con pequeños cambios”.
En la región, cerca de la mitad de los países más grandes han determinado la misma edad de jubilación para hombres y mujeres. Rofman menciona a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Con variaciones, la edad de retiro en estos países está entre los 60 y 65 años.
La homologación de los requisitos para acceder a la jubilación también forma parte de la “batalla cultural” que Milei quiere librar. El relato libertario no concibe una diferenciación positiva a favor de las mujeres que contemple las desigualdades sociales que marginaron su acceso al trabajo, y esta será la perspectiva con la que se reforzará la implementación de esta política, en contraposición al discurso feminista.
Regímenes especiales
El Gobierno también explora la eliminación de más de 200 regímenes especiales de jubilación que coexisten con el general. Estos sistemas de excepción contemplan beneficios como el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. Entre ellos se incluyen desde trabajadores en minas, con diez años menos de trabajo obligatorio, hasta el personal del servicio exterior y de la Justicia, con pensiones muy superiores a la media.
En la misma línea, el Poder Ejecutivo revisará el sistema de pensiones no contributivas, que incluye las otorgadas por invalidez y a los adultos mayores sin años de aporte ni otro sustento económico (PUAM).
Finalmente, el Gobierno no descarta la reintroducción de un modelo de capitalización, similar al implementado en la Argentina durante el apogeo del menemismo, una época dorada según Milei. Este esquema permitiría a cada trabajador elegir cómo y dónde resguardar sus ahorros previsionales, incluso sin intervención estatal. Las personas podrían tener cuentas individuales gestionadas por administradoras privadas que invertirían el dinero para generar intereses. Según Rofman, varios países de la región mantienen esquemas de capitalización, como Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Bolivia -con mucha intervención estatal-, México y El Salvador.
El filtro legislativo
Sea cual sea el proyecto final del Poder Ejecutivo, tendrá que superar el filtro del Congreso, donde la oposición objetará muchas de estas medidas. Será una larga discusión que requerirá flexibilidad por parte del oficialismo, que solo cuenta con un bloque de 38 diputados y siete senadores.
En la Cámara baja, las comisiones de Trabajo y Previsión y Seguridad Social están presididas por dos radicales, Martín Tetaz y Gabriela Brouwer de Koning, que presentaron una propuesta durante la discusión de la Ley Bases que contemplaba la eliminación de la moratoria impuesta por el gobierno anterior. Esta dictaba que se eliminara la obligatoriedad de los 30 años de aportes y se reemplazara por un sistema de cobro proporcional. “El criterio tiene que ser que haya un reconocimiento de un aporte universal, de piso mínimo solidario, sumado a un componente actuarial, que tenga una fórmula que establezca una relación entre años de aporte y la esperanza de vida. Atrasa la idea de decirle a la gente cuándo jubilarse”, resumió Tetaz.
En el Senado, la titularidad de esta comisión está a cargo de la cordobesa Cármen Álvarez Rivero (Pro), quien hasta ahora ha actuado en sintonía con los objetivos del Gobierno.
Aunque hay consenso en que el sistema previsional necesita una reforma, el debate se centrará en cómo reformarlo y se anticipa complejo. Un desafío más para un Gobierno en minoría que apuesta a “refundar” la Nación.