Reforma Laboral: Tensos debates sobre el Fondo de Asistencia Laboral, la “industria del juicio”, el rol sindical y el impacto de la reforma en los derechos de los trabajadores

Fiel al estilo de la Cámara Alta, el debate del proyecto de ley de Modernización Laboral tuvo pasajes bastante ásperos, con cruces entre oficialistas y opositores. Pasadas unas pocas cuestiones de privilegio, a las 11.30 los senadores se abocaron a la discusión de la Reforma Laboral, que se extendió hasta bien pasada la medianoche.

En el arranque del debate, a las 11.33 de este miércoles, Patricia Bullrich le cedió a dos senadores de su bloque la explicación técnica del proyecto. Así, el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente”, defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años.

“Una realidad muy cambiante”, a la que –dijo- esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo, el oficialista mencionó en ese sentido “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.

A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares”.

Con un fuerte rechazo sobre el proyecto, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde enfatizó que el FAL es “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.

En esa línea, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.

Le tocó hablar luego a la radical Mariana Juri, quien cruzó al porteño: “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial?”. Por el contrario, la aliada del oficialismo consideró que esta iniciativa “es una gran herramienta para poder generar más empleo”.

“Una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”, aclaró y habló de “una ley que da previsibilidad y seguridad jurídica”. Sobre uno de los aspectos que se modifican, defendió que “el fraccionamiento de las vacaciones no solo es bueno para el empleado y el empleador, sino para el sector turístico emergente”.

Durante el debate, la senadora del bloque Justicialista Lucía Corpacci cuestionó: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”. “De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”, agregó.

Para la catamarqueña, en esta ley se “pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que genera el trabajo. Este proyecto considera al trabajo como una mercancía”.

“Es mentira que esto va a generar más empleo o que los trabajadores van a blanquear”, afirmó y recordó que, pese al régimen establecido en la Ley Bases, “solamente el 0,3% de los trabajadores fueron blanqueados”. Entre varios puntos, criticó que “un artículo lo hace responsable al trabajador si la patronal no le hace los aportes. ¿Por qué tanta maldad? Yo no puedo dejar de pensar qué tienen en la cabeza para ir siempre contra los que menos tienen”.

Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.

De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.

Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.

En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.

En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representante libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.

En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.

A su turno, la camporista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”. “Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó la mendocina.

Además, la opositora lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.

Autocrítica, la senadora jujeña Carolina Moisés dejó en claro que Convicción Federal rechaza la Ley de Modernización Laboral, pero cuestionó: “Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.

Señaló, también, que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, y añadió que “esta ley no resuelve ningún problema”. Luego, aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.

Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.

Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.

Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteen’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.

En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”. Señaló que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.

Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.

Muy crítica del FAL, la senadora Flavia Royón adelantó por su parte su acompañamiento al proyecto, aclarando que a su juicio el proyecto de ley no va a crear empleo, pero “sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena”.

En su intervención, el senador Gerardo Zamora reconoció que hubiera “primado el sentido común” en las negociaciones, eliminando “algunas cuestiones inaceptables, como el capítulo fiscal”, cosa que dijo valorar, aunque advirtió que esa eliminación no modifica “la metodología de las leyes ómnibus: decenas de reformas plasmadas en una ley. Esta es una tendencia que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan leyes complejas autocontradictorias y fundamentalmente nacidas de gabinetes tecnocráticos”.

Por el lado del bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo adelantó el voto positivo en general al proyecto porque “es necesario revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el propio mundo del trabajo está reclamando en el país”. Además, sostuvo que “en el mundo se están dando cambios profundos en los métodos de producción que están pegando en el país. Vivimos estos cambios que necesitan replantear medidas para atraer inversiones y planificar la empleabilidad tan necesaria para sacar al país del atraso”, y que el proyecto cumple con esos objetivos.

Sin embargo, señaló que “este proyecto, así como tiene puntos importantes, tiene otros que no son lo bastante claros ni buenos para alcanzar los objetivos”, y planteó que “hubiese sido bueno diferenciar la realidad de la relación laboral entre las PyMES y las grandes empresas”, porque “se ha naturalizado una catarata de inequidades que llevaron a una cantidad de juicios laborales, por eso esta ley da cierta previsibilidad jurídica”.

Vigo manifestó que “la sociedad está reclamando más empleo formal y no podemos mirar al costado. Las PyMES quieren poder contratar nuevos empleados. Son datos que muestran que desde el 2016 el empleo formal no crece y se mantiene estancado a los 6 millones de trabajadores, por ende, el país tiene una dificultad estructural para generar empleo”. En esa línea, resaltó que el proyecto “si bien no es una ley que garantice esa formulación o reactivación del empleo, pero ayuda porque es necesarios que se pueda recuperar el salario y necesitamos que las condiciones sean claras”.

En su intervención, el senador santacruceño José María Carambia (Movere por Santa Cruz) sostuvo que la cuestión de fondo es “intentar que el trabajo informal pase a ser formal. ¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”. Se preguntó porqué no los blanquearán, y dio su opinión a partir de haber visto la realidad desde dos lugares: defendiendo a los trabajadores como abogados, o como empleador con una empresa familiar que tiene con su hermano. Y dijo: “No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales”. Por eso sostuvo que “hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”.

Luego se refirió a la industria del juicio, que a su juicio depende de cada provincias. En las localidades pequeñas, dijo, muchas veces el trabajador no hace juicio, porque sabe que después no va a trabajar más. “En mi provincia, un juicio laboral dura 8 años. Y se le pone la tasa pasiva”, con lo que la inflación se come todo el capital. “Así que la industria del juicio depende de la realidad de cada lugar”, consideró.

Sobre el final, aclaró que votarían negativamente, porque “no vamos a votar en contra de los trabajadores. Muchas partes de la ley afectan los derechos de los trabajadores, por eso vamos a votar negativo en general”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, el misionero Martín Göerling, tal como se preveía adelantó el acompañamiento a la iniciativa en general, pero el planteo de algunas cuestiones en particular que “son importantes”. “Esta reforma del mercado del trabajo, que hace 50 años no se cambian, no quita derechos, es todo lo contrario. Tenemos que pensar en los más de 6 millones de argentinos que hoy no tienen ningún derecho”, indicó.

El senador del Pro brindó datos de que “del 100% que una empresa invierte, solo el 66% llega al trabajador, el resto se va en impuestos al Estado. El Estado se queda con un tercio del sueldo del trabajador antes de que llegue a fin de mes”. En tanto, explicó que “desde el 2002 la tragedia es absoluta donde los asalariados públicos crecieron un 34%, los monotributistas subieron un 64%, el empleo privado solo un 3% creció”.

“Esta ley que habla de reforma laboral no genera empleo instantáneo por sí sola, pero crea las condiciones para cuando la economía empieza a repuntar y sea posible tomar trabajo”, aclaró y le dejó una advertencia al Gobierno: “No va a haber modernización laboral si se sigue asfixiando el interior productivo”. Por último, se refirió al tema sindical que “le devuelve la libertad al trabajador de elegir si quiere o no afiliarse y que no le saquen ‘solidariamente’ la cuota para las famosas cajas sindicales. Vemos sindicatos millonarios y trabajadores pobres”.

El radical Eduardo Vischi recordó por su parte que “no es la primera vez que se debate una ley laboral y fue un tema recurrente a lo largo del tiempo. Lamentablemente siempre fue un concepto de extremos con defensas de intereses contrapuestos que, de alguna forma, se transformó en las grietas que tiene la historia”.

“Esta también es una grieta que, en definitiva, en vez de lograr y encontrar consensos para mejorar la situación del país había ganadores y vencidos. Eso llevó a que permanentemente no hayamos podido lograr un entendimiento que, de alguna forma, sea mejor para el país”, planteó Vischi y sumó: “Todos coinciden en que la ley hay que discutirla, modificarla y tratarla, pero también de la oposición que plantea argumentos interesantes de cambios, pero recién se ponen a discutir cuando el Ejecutivo manda el proyecto y ya nos pasó. Parece que necesitamos que el Ejecutivo nos active de afuera para ponernos a discutir. A partir de ahí empezamos a decir que hay una cosa mejor, pero nunca la debatimos como debe ser. Tenemos que hacer un mea culpa ahí”.

Sobre el final, José Mayans objetó el “consenso” del oficialismo y los bloques dialoguistas, y afirmó que la iniciativa “tiene vicios de inconstitucionalidad” y “es una ensalada legislativa”, donde “se tocan 41 leyes”, incluyendo temas impositivos que “por acá no pueden empezar, tienen que empezar por Diputados”.

Luego de mencionar varias de las normas que se modifican, no solo la de Contrato de Trabajo, el senador exclamó: “Esto es poco serio, es realmente una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento”.

Cerró el debate la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, como así también planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.

Bullrich afirmó que “estamos encaminando al país a salir del fracaso, a generar que no viva la litigiosidad, el privilegio. En el que pocos pueden acceder a un trabajo formal y muchos tiene que vivir en la informalidad. No queremos que en la Argentina el trabajo sea un rehén de la corrupción de entramados y de privilegios, que sea la libre elección de cada persona, y no la imposición de Estados”.