Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, detalló los límites infranqueables que el sindicalismo defiende ante el avance de la Reforma Laboral. Señaló el riesgo de romper el modelo sindical argentino y cuestionó una presunta intención antisindical del proyecto del Gobierno que se debate en el Senado.
“Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, subrayó Gerardo Martínez en diálogo con el equipo de Infobae En Vivo. El secretario general de la Uocra puso el foco en los artículos del proyecto oficialista que, según afirmó, buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.
Martínez se refirió a los contactos entre la CGT y el Gobierno. “Con todo el gobierno hablo, el diálogo no está cortado. Para nosotros el diálogo es una herramienta fundamental. Tenés el diálogo o la confrontación”, afirmó, pero subrayó: “Tenemos que insistir en que el que tiene el poder se siente a discutir con nosotros”.
Martínez diferenció entre negociar y ceder ante lo que denominó “una intencionalidad ideológica antisindical” en la reforma: “Buscan romper los derechos colectivos, que es la representación sindical. El proyecto tiene artículos pensados inteligentemente por varios estudios de abogados que representan intereses internacionales”. Advirtió que en la letra chica de la ley se solapan artículos que pueden anularse y reactivarse mutuamente, generando “una ingeniería legal para debilitar la negociación colectiva”.
Consultado sobre los límites de la negociación, el líder de la Uocra precisó: “No hay temas específicos, sí hay temas que son observados con argumentos sólidos. La ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa, los derechos colectivos”. Explicó que la ultraactividad permite que los convenios sigan vigentes hasta que se firmen otros nuevos y que la “prevalencia” de convenios por empresa abriría la puerta a negociaciones por debajo de las pautas nacionales.
La prevalencia de convenios por empresa implica que los acuerdos firmados entre una sola empresa y sus trabajadores pueden estar por encima de los convenios colectivos del sector a nivel nacional. Para los sindicatos, este esquema fragmenta la negociación, debilita la unidad de representación y puede resultar en condiciones laborales desiguales o a la baja para distintos grupos de empleados.
Sobre el aporte solidario, remarcó: “No puede ser mayor el aporte solidario que la cuota sindical. Hemos observado que en muchos casos, distintas actividades firmadas soberanamente tenían un porcentaje casi el doble de la cuota sindical”.
El aporte solidario es una contribución que pagan todos los trabajadores alcanzados por un convenio, estén o no afiliados al sindicato, destinada a sostener las actividades gremiales y los servicios asociados. Martínez advirtió que, en contextos de crisis, debe existir un tope claro para evitar abusos y garantizar la transparencia.
Rechazó que el sindicalismo defienda privilegios: “No somos dueños de la verdad. También tenemos errores y creo que hay que subsanarlos”.
El sindicalista insistió en que la discusión no es sólo técnica, sino de fondo: “Defendemos los derechos colectivos y los individuales. Muchos de los artículos del proyecto rozan con valores constitucionales. Ser pobre no es un fenómeno natural: por eso existe el salario, y para defenderlo están los sindicatos”.
Martínez reconoció que mantiene canales abiertos con funcionarios y legisladores: “Hablamos con el Gobierno, con los gobernadores, con los senadores de todas las provincias, recorremos todos los pasillos para mostrar con argumentos sólidos por qué esta ley no beneficia ni al trabajador ni a la Argentina”.
Martínez reivindicó la transparencia y la gestión sindical: “Como dirigente sindical, al ser secretario general de Uocra y presidente de la obra social, tengo que rendir cuentas y garantizar la buena administración. El sindicato no es una empresa privada, pero tiene que representar a los trabajadores y administrar recursos”.
Cuestionado sobre la viabilidad de la reforma, fue tajante: “No sirve. Va a ser una ley más, de las tantas que no generan un impacto positivo. El problema de fondo es el modelo económico. Se perdieron 300 mil puestos de trabajo formales y eso lo dice la realidad”.
Al cierre, Martínez anticipó que el sindicalismo seguirá dando pelea: “Tenemos confianza en nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestro sentido racional en la defensa de los intereses que representamos”.
