El Ministerio de Capital Humano anunció este lunes que apelará la decisión judicial que suspendió la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, una de las iniciativas más relevantes de la actual administración. La medida fue difundida a través de un mensaje en la red X por la ministra Sandra Pettovello.
La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 representa un revés significativo para el Gobierno, que había presentado la ley como un instrumento clave para promover la creación de empleo formal, aumentar la competitividad y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.
De acuerdo con el comunicado oficial, el Ministerio defenderá la norma “sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental”, y agotará todas las instancias judiciales necesarias “para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno”.
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— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 30, 2026
Este lunes, la Justicia decidió suspender de manera provisoria la aplicación de los 83 artículos, al considerar que la demanda de la CGT reunía los requisitos procesales para tramitarse como una acción declarativa colectiva, de acuerdo con la jurisprudencia y regulaciones vigentes.
El Tribunal destacó que la medida cautelar busca mantener el “status quo” y evitar daños irreparables a los derechos individuales y colectivos protegidos por la legislación anterior, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
El Estado Nacional, representado por la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, planteó objeciones formales y sustanciales contra la demanda sindical. Entre los argumentos oficiales figuraron la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores, la inexistencia de un “caso o controversia” concreta y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa. El Estado subrayó que una suspensión temporal de la ley afecta el interés público y la división de poderes prevista en la Constitución.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, reafirmó su compromiso en defensa de la reforma y rechazó los intentos de “quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar” lo que considera “una herramienta fundamental para la modernización del mercado laboral argentino”.
