Rebelión de jefes en la AFIP por desmanejos en causas judiciales
Una inédita rebelión se está gestando puertas adentro de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El rasgo distintivo de la revuelta es que la protagonizan los jefes de todas las principales seccionales del organismo recaudador, en protesta por la judicialización de causas que involucran a los agentes de carrera y que derivan en imputaciones personales por las que deben responder con su patrimonio.
Hace menos de 15 días una treintena de jefes de agencia y directores regionales del área metropolitana -bajo cuyo mando se concita el 70% de la recaudación total de la AFIP- decidieron dirigir una furibunda carta al administrador federal, Leandro Cuccioli, quejándose de la estrategia judicial y desnudando la fragilidad con la que se motorizaron denuncias que luego adquirieron publicidad. El detonante fueron los procesamientos en torno del expediente Oil Combustibles por el que la AFIP reclama una deuda de $8 mil millones, pero que para los jerárquicos de AFIP “no difiere del proceder” interno para “cualquier contribuyente”.
La airada nota, que lleva treinta firmas y representa casi la totalidad de la Región Metropolitana, tomó por sorpresa a Cuccioli, que recibió a los firmantes en una reunión que se llevó a cabo el 30 de abril. De manera informal, les prometió que protegería los derechos de los agentes involucrados en causas penales. Hoy, entre personal impositivo y aduanero, superan los 30 casos que han sido judicializados con embargos sobre sus patrimonios y suspensión de haberes. Dentro de la AFIP responsabilizan por esta situación a la errada estrategia de la gestión de Alberto Abad de avanzar en sede penal con denuncias públicas y con equipos externos de abogados pese a los que cuenta el organismo. Este escenario delineó un estado de “indefensión e incertidumbre” que los directivos de AFIP consideraron “muy agraviante y sin precedentes en nuestra querida organización”. Y motivó que se saltearan las jerarquías y le escribieran una nota formal directamente a Cuccioli. Centraron su defensa sobre la situación de contadores Gustavo Esperón y Eduardo Nappa, cuyos procesamientos fueron dispuestos por el juez Julián Ercolini.
El mensaje de tranquilidad que bajó de la cúpula de AFIP fue recibido con pinzas porque consideran que actualmente se vulnera el principio de inocencia, adoptando medidas antes de una condena firme. Sumaron que existe una doble vara, donde en las causas que no adquieren publicidad no se llevan adelante las suspensiones de haberes. Decidieron aguardar a ver qué ocurría. Pero desde la AFIP las novedades avivaron el fuego: la semana pasada Nappa fue quitado de la dirección a su cargo y su lugar fue tomado por Alejandro Aued, cuyo antecedente era la jefatura de la División Investigaciones de Centro 2. Justamente el área que tuvo a su cargo la investigación por AFIP de la causa “cuadernos”. A Esperón también le sacaron la jefatura de la Agencia N° 9, aunque la resolución que lo dispuso sostuvo que fue a su pedido. Hay otros dos firmantes de la carta a Cuccioli que temen ser procesados en expedientes judiciales, a raíz del impulso que se le dio a una causa que -iniciada en la etapa de Ricardo Echegaray- apuntaba a investigar a Elisa Carrió. Ya hubo entrevistas a quienes serían los reemplazantes.
Desde el gremio de la Unión del Personal Superior (UPS- AFIP) alertaron sobre una “desprotección federal” y convocaron a reunión a todos los involucrados para trazar un escenario de defensa que podría incluir acciones judiciales contra la propia AFIP, canalizadas a través del sindicato. El estado de ebullición es todavía más intenso que cuando redactaron el escrito.
En esa carta manifestaron su “elevada preocupación” por la causa Oil que derivó en el procesamiento de personal “por haber cumplido con sus funciones y haber desarrollado su trabajo habitual”. Resaltaron que el eje de la cuestión fue intentar postular como ilegal el otorgamiento de un plan especial de facilidades de pago fundado en el artículo 32 de la Ley N° 11683. “Todos hemos actuado de manera similar o igual a los funcionarios procesados”, se quejaron los jefes de AFIP. Allí detallaron una serie de irregularidades en el procedimiento judicial, con auditorías sesgadas y sin tener en cuenta resoluciones internas, que hasta resultan contradictorias con procedimientos que están vigentes en el organismo. “La totalidad de las agencias y regiones le otorgaba el tratamiento que entendía a las solicitudes de Planes Especiales de Pago (Artículo 32)”, indicaron. Se quejaron de que Ercolini procesó a los agentes sin tener en cuenta que no existía normativa que regule requisitos que impuso en su causa judicial. Punto por punto buscaron desbaratar los argumentos sobre los que se apoya la acusación penal y remarcaron una de las conclusiones del Informe de Revisión de Auditoría: “Como corolario de las tareas desarrolladas puede concluirse que bajo las previsiones del art. 32 de la Ley 11.683 se otorgaron masivamente planes excepcionales (por la cantidad de 1648), careciendo el organismo (la AFIP) de un marco normativo que regulara acabadamente la tramitación de las solicitudes”. Subrayaron que pese a todo el artículo 32 sigue vigente, ya que nunca fue derogado ni modificado.