Qué dice el proyecto acerca de la Interrupción Voluntaria del Embarazo
En Argentina el aborto es legal por causales de violación y riesgo de salud de la persona gestante, según dispone el Código Penal desde 1921. Las causales fueron ratificadas por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012 y la interrupción legal del embarazo se garantiza a través de un protocolo hecho por Ministerio de Salud que deben aplicar todas las provincias, aunque la implementación es desigual según el territorio.
El proyecto de ley de IVE que votará el Senado busca que el país pase a un sistema mixto de plazos y causales, en el cual se respete la autonomía y el derecho a decidir interrumpir el embarazo.
La ley en discusión habilita la interrupción voluntaria hasta la semana 14 de gestación, que deberá garantizarse en un plazo de 10 días en la salud pública y privada. La prestación deberá ser cubierta por obras sociales y prepagas y estar incluida en el Plan Médico Obligatorio. También contempla la atención postaborto. Después de la semana 14, será legal por las causales de violación y riesgo de salud o vida de la persona gestante, las mismas vigentes desde 1921 en el Código Penal.
En los casos de las menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que estén acompañadas por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad para dar su consentimiento. Además, habilita la objeción de conciencia de profesionales que no están de acuerdo con la práctica médica. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse y hacerse cargo de los costos de esa derivación.
Contempla también la responsabilidad de todos los niveles del Estado de implementar la Ley de Educación Sexual Integral con el fin de promover y fortalecer la salud sexual y reproductiva de toda la población, y la capacitación sobre perspectiva de género y diversidad sexual.
El debate de este año en los plenarios de comisiones del Congreso estuvo atravesado por ideas claves como salud pública, justicia social y derechos humanos. Además, se centró en que la discusión no es aborto si o aborto no, sino legal o clandestino, y en que quienes más están afectadas por la ilegalidad del aborto son las mujeres y personas gestantes de los sectores más vulnerables.
Es que la clandestinidad del aborto hasta el día de hoy no ha solucionado nada. Desde la vuelta de la democracia, al menos 3.040 mujeres murieron por abortos clandestinos en la Argentina. De acuerdo con un estudio elaborado en 2009 por el Ministerio de Salud de la Nación, en el país se producen entre 370 mil y 500 mil abortos anuales. Equivalen a entre 41 y 56 por hora. Además de muerte, la clandestinidad produce un promedio de 50 mil internacionales anuales por complicaciones, con daños irreversibles en la salud de las mujeres.
Al riesgo de vida y de salud se suma la criminalización. Según un informe actualizado y presentado este lunes por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un total de 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.
El análisis cuenta con información oficial de la Justicia de cada jurisdicción y también tiene un relevamiento de casos que trascendieron en los medios: “Entre 2012 y la actualidad registramos en noticias publicadas en todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos. Son sólo los casos que tuvieron un reflejo en la prensa y nos brindan datos de contexto para tener una aproximación situada e interseccional de cómo y sobre quiénes opera la criminalización. En estos 73 casos -26 de aborto y 47 eventos obstétricos- la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias”.
Recorrido de la ley
Después de un año atravesado por la pandemia de coronavirus, el 17 de noviembre Alberto Fernández cumplió con la promesa de campaña y a través de un video que publicó en redes sociales anunció el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa fue presentada junto con otra ley para crear el Programa de los Mil Días, que busca acompañar los primeros tres años de maternidad para quienes elijan ser madres.
El presidente había anunciado el envío de los dos proyectos en la apertura de sesiones del Congreso del 1 de marzo de 2020. Estaba previsto que llegaran a mediados de ese mes a la Legislatura, pero todo quedó en suspenso por la llegada del covid-19. Durante todo el año, los feminismos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito mantuvieron el tema en agenda con la exigencia de que el aborto sea ley este 2020.
En Diputados se trató el proyecto del Ejecutivo junto con el de Campaña, presentado por octava vez en mayo de 2019, y el de la diputada Araceli Ferreyra, también de 2019. Un dato importante es que Fernández fue el primer mandatario argentino que tomó posición abiertamente a favor la legalización y despenalización del aborto.
Una pelea histórica
La llegada al Congreso Nacional es resultado de mucho más que decisión política. La pelea por la legalización del aborto en Argentina empezó en los ochenta con las primeras luchas feministas que se cristalizaron en la Comisión por el Derecho al Aborto, creada en 1988. Continuó, se consolidó y volvió más federal que nunca con la Campaña, nacida de los debates en los Encuentros Nacionales de Mujeres (ahora plurinacionales y disidentes). La lucha se potenció y ganó masividad a partir del Ni Una Menos de 2015. La Campaña presentó el primer proyecto en 2007 y lo volvió a hacer cada dos años cada vez que perdió estado parlamentario. En 2018 fue la primera vez que llegó a tratarse. Ese año, los feminismos mostraron su fuerza con un millón de personas en las calles y dieron cuenta de que en Argentina la sociedad ya despenalizó el aborto.
Cómo es la legislación en el mundo
En el mundo las políticas de legalización y despenalización del aborto comenzaron en el siglo XX, y avanzaron hasta hoy con distintas variantes. En general, hay tres modelos para legalizar y despenalizar: por causales (que implica que la decisión recae en un tercero y no en quien quiere abortar), por plazos (que contempla la voluntad de la persona gestante hasta un determinado periodo de gestación) o la prohibición total. En muchos lugares se aplica un sistema mixto de plazos y causales.
Actualmente son 67 los países que tienen aborto voluntario legal y representan más de un tercio del mundo, abarcando a 590 millones de personas gestantes en edad reproductiva. Son, en su mayoría, del llamado primer mundo. En apenas el 5 por ciento, donde viven 90 millones de personas gestantes, el aborto está completamente prohibido, incluso cuando corre riesgo la vida.
En América Latina y el Caribe la penalización sigue siendo la regla hasta hoy: el 97 por ciento de las mujeres y personas gestantes en edad reproductiva vive en países donde está penalizado. Sólo cinco lo permiten y en seis está penalizado con la cárcel bajo cualquier circunstancia siendo de los territorios más restrictivos del mundo. Son República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.
El primer país de la región en legalizar el aborto voluntario por plazos fue Cuba en 1965. Además, es legal en Uruguay desde 2012 y en Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico, países que adoptan la legislación de las naciones de las que dependen. Se suman dos estados de México: el Distrito Federal y Oaxaca, que avanzó en 2019.
De aprobarse la ley, Argentina se convertirá en el país más grande de la región con aborto voluntario y será un faro para el resto de Latinoamérica. La pelea por este derecho ya irradió en el continente en 2018, con organizaciones feministas que tomaron el pañuelo verde como bandera y vienen generando estrategias para avanzar en sus territorios.