Las PyMEs marchan a Plaza de Mayo el próximo 20 de agosto desde las 9 para visibilizar el deterioro de la actividad productiva y reclamar un giro en la política económica del gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023 cerraron más de 30.000 empresas, según denunciaron distintas entidades representativas.
Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advirtieron que el contexto actual es de “tierra arrasada” y que el Gobierno está “cruzado contra la producción nacional y el mercado interno”, mientras las PyMEs se declaran comprometidas con los valores de un “desarrollo autónomo, la soberanía nacional y la justicia social”.
La cantidad de empresas registradas en la Argentina cayó en 30.633 entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El número de empleadores pasó de 512.357 a 481.724, lo que representa una reducción del 6% durante el gobierno de Milei.
En ese marco, las pequeñas y medianas empresas se concentrarán para rechazar “un modelo de país desigual, sin consumo masivo, sin Pymes, sin empleo registrado y con trabajo cada vez más precario”.
También alertan que “es urgente frenar un proceso de desnacionalización y subordinación del país a potencias y corporaciones extranjeras”, situación que, según remarcan, despoja a empresas y familias en nombre de “una estabilización sesgada y falaz, funcional únicamente a un ajuste inhumano e innecesario”.
“Catástrofe productiva” y reclamos al Gobierno
En su pronunciamiento, APYME sostuvo que “la actual catástrofe productiva e industrial” se cobra decenas de empresas por día y “genera pérdida y precarización masiva de puestos de trabajo”. Para la entidad, estas consecuencias no son indeseadas, sino que responden a una política de Estado que busca “reformatear” a la sociedad argentina bajo “un proyecto de país de enclave, en el marco geopolítico de una disputa global por los recursos estratégicos y las cadenas de valor”.
Las organizaciones empresarias remarcan que no se verificó “ningún beneficio” bajo estas condiciones, a dos años de la vigencia del DNU, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Señalan que “las nuevas inversiones genuinas siguen sin aparecer”, ya que habrían sido reemplazadas “por un festival importador” y por “nuevas tomas de deuda y un blanqueo obsceno”.
Frente a este escenario, describen que las PyMEs sufren una “implacable persecución fiscal, cortes en masa de la cadena de pagos y un récord de quiebras”.
La situación de las PyMEs, en números
El informe del CEPA detalla que la destrucción de empresas se aceleró durante mayo. Solo en ese mes se registraron 2.371 empleadores menos, frente a la caída de 1.814 empresas que se había producido en abril, según datos de Fundar elaborados a partir de información oficial de la SRT. De esta manera, la reducción mensual fue 557 empresas mayor que en abril, lo que implica un incremento cercano al 31% en el ritmo de destrucción neta.
El comercio fue el sector más afectado durante mayo, con 841 empleadores menos respecto del mes anterior. Le siguieron la industria manufacturera, con una caída de 403 empresas; los servicios de alojamiento y comida, con 341; transporte y almacenamiento, con 210; y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 156. Los servicios inmobiliarios perdieron otras 113 empresas y la construcción, 42.
