Publicidad Oficial: el día que se investigue a ciertos medios y periodistas, se acabaron los sobres
El “ecosistema comunicacional” atraviesa desde enero del 2024 un proceso de complejo discernimiento, en el cual se acentúa una peligrosa discriminación, generando sensibles desigualdades o asimetrías -tan tóxicas como peligrosas-, en épocas donde ciertos gestos pueden traducirse como actos despóticos.
Resulta insoslayable el recordar que la Nación Argentina adopta para su Gobierno la forma Representativa, Republicana y Federal. De este modo, es inescindible promover el acceso a la información en poder del Estado, constituyéndose en uno de los pilares fundamentales de las democracias, lo cual se vincula directamente con el principio de transparencia de la administración, el control a los funcionarios y la publicidad de los actos de gestión.
Precisamente, la legislación nacional considera publicidad oficial a toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional para difundir acciones o informaciones de interés público.
Uno de los aspectos más controvertidos de la pauta oficial es el manejo discrecional que pueden hacer los diferentes gobiernos, premiando o castigando a los medios, según su línea editorial, más o menos oficialista. “No pago para que me pegues”, es una frase que revela claramente este tipo de conductas.
No obstante, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, elaborada en el seno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sostiene que la asignación arbitraria de publicidad oficial, privilegiando a los comunicadores sociales por sus opiniones periodísticas, constituye un mecanismo indirecto de censura que atenta contra la libertad de prensa y debe estar castigada por la ley.
Idealmente, diferentes normas -no cumplidas- se han promulgado propendiendo a alcanzar un manejo equilibrado y democrático de la publicidad oficial, estableciéndose criterios objetivos de distribución de la pauta, entre los que se encuentran el alcance del medio, la pertinencia del mensaje, la zona geográfica y el fomento del federalismo y la pluralidad de voces, con el objeto de proteger a los pequeños medios.
Así, se persiguen dos objetivos: informar a la sociedad y preservar la sustentabilidad de un sistema de medios diversos. El debate público requiere estos dos supuestos.
En este contexto, la suspensión lisa y llana de la publicidad oficial como ocurre a nivel nacional, y la metodología impuesta desde las provincias, con onerosos privilegios para unos, y “limosnas” para otros, incide ostensiblemente en la DESinformación de lectores, oyentes o televidentes.
Ello, repercute palmariamente en la DEformación de opinión de un público que -día a día- pierde la confianza en las usinas generadoras de noticias, varias de ellas con un rotundo DÉBITO en lo inherente a la credibilidad de sus contenidos, sobre todo por el direccionamiento de lo divulgado.
Peor aún, más grave es, que el común denominador de los argentinos, replique de modo unísono que Milei ganó las elecciones por su personalidad arrolladora, más una propaganda en redes neurálgica; y no por un REAL voto castigo a un Peronismo/Kirchnerismo/Massismo que hizo todos los deberes para resignar su hegemonía, y más delicado aún, su fiabilidad, su verosimilitud siendo blanco de toda clase de denuncias.
De este modo, hay responsables de Comunicación a quienes -pareciera- no se les cae una idea en lo concomitante a cuál es la más adecuada instrumentación en la partición de la pauta, mediante un sistema de revisión de contenidos e impacto de los medios, sumado a ello la dosis de credibilidad imprescindible.
Por consecuencia, para ellos es más trascendente “la rosca” con los medios de mayor impacto visual y en especial con un grupo selecto de analistas políticos que no solo les “cuidan las espaldas”, sino que promueven internas dentro de los propios gobiernos para reformular -exógenamente- cargos a través de campañas de desprestigio.
De tal manera que, las partidas son ilimitadas para unos y restringidas para otros. Todo, acordado sin visibilizar calidad de contenidos o caudal de propagación y más grave aún, controlando exhaustivamente a los medios más humildes si un banner mide esto o aquello, o cómo está “scrolleado” o cuándo se hizo tal o cual captura.
La inversión seleccionada, que incluye hasta períodos puntuales de pagos para unos e incumplimientos de meses para otros, se sustenta en el cómo se “opera” no solo respecto al presente noticiario sino de modo especial proyectándose a futuras metas políticas.
La crítica situación económica que atraviesa el país demanda una cuidadosa utilización de los recursos públicos con los que cuenta el Estado.
Que la sociedad esté informada genuinamente sobre la forma en que los funcionarios llevarán adelante esta tarea es absolutamente indispensable, y se erige en una indeclinable obligación que da la sensación no quiere plasmarse objetivamente, porque en vez de ello priman las relaciones carnales y el trato incondicional para unos, y el ignorar a los demás, conformarlos con migajas o ni siquiera responderles con el respeto que se merecen.
En épocas de crisis es necesario revalorar el oficio que hacemos, de pensar y poner en debate cuál es nuestra función social, de volver a construir qué significa la rigurosidad de la actitud y la aptitud a la hora de producir algo tan sensible como una noticia, un insumo tan necesario para el desarrollo de la democracia y la consolidación de una sociedad más justa y equitativa.
Limitar la publicidad de los actos de gobierno y reducir la diversidad de voces no parece ser un buen camino para alcanzar ese objetivo. Sin hesitar, ardua labor la de estos responsables de Comunicación. Con estas palabras, solo propendemos a que interpreten sabiamente cómo se vive esta profesión desde los medios que menos personal, menos infraestructura tienen, menos potencial de inversión cuentan, y no obstante ello, custodian la verdad, la ética imponiéndose el deber de buscar la excelencia.