Proyecto acueductos chinos: demanda interpuesta
Se presentó este mediodía en Tribunales de Paraná, una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 10325 que autorizó al ejecutivo a contratar una empresa china para la construcción de acueductos en el norte entrerriano y su financiamiento a través de un crédito, que pone como garantía la coparticipación.
La demanda, está firmada por las organizaciones que integran la Multisectorial y fue explicada en conferencia de prensa durante la mañana. “Este proyecto no beneficia al pueblo entrerriano, pone en riesgo a futuro la educación de los chicos”, dijo el secretario general de Agmer Paraná, Claudio Puntel .
La ley 10.352, autoriza al Poder Ejecutivo “a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano – La Paz– Estacas y Sistematización y distribución de agua para riego –Mandisoví Chico”. Y lo habilita a tomar un crédito “por hasta 430.387.551 de dólares, con más los intereses necesarios” para financiar la construcción de esas dos obras “con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China y con los organismos multilaterales y/o entidades financieras que formulen una oferta de financiamiento para la ejecución de las obras”.
Además “de poner como garantía de pago los recursos que la provincia recibe por la coparticipación federal de impuestos, dispone que en un plazo de seis meses se crearán nuevos tributos”, se indicó en la conferencia de prensa que se realizó en la sede de Agmer Paraná.
El secretario General, Claudio Puntel, explicó que como entidad, la seccional de Agmer “acompaña esta lucha contra el proyecto de los acueductos, al menos tal como está encarado por el Gobierno de la provincia”.
“Por un lado no acordamos por la forma que se ha arrancado este crédito a los capitales chinos, todas las concesiones que se les hacen. No estamos de acuerdo con que se empeñe la coparticipación de la provincia. Una de las principales peleas que tenemos por la cuestión presupuestaria en educación, tiene que ver con lo que la Nación debe a la provincia de recursos de coparticipación, de alrededor de 7 mil millones de pesos por año y el haber empeñado la coparticipación de la provincia durante 15 años para este proyecto que no beneficia al pueblo entrerriano, pone en riesgo a futuro la educación de los chicos entrerrianos”, señaló.
“Por un lado eso, después estamos en contra de todos los aspectos que implica este proyecto, el desastre medioambiental que significa, la consecuencia que va a tener en cuanto a la concentración de la tierra en pocas manos, es falso que esto vaya a traer beneficios para la mayoría de los productores de la región, al contrario, si va a beneficiar a alguien va a ser a grandes grupos concentrados y no a la población rural de la zona”, indicó el dirigente gremial ante requisitoria de APF.
“Acá en Paraná mismo todos los días estamos conviviendo con familias de nuestros alumnos que son expulsados del campo porque el proyecto político y económico del kirchnerismo los ha despojado de sus tierras y de la posibilidad de vivir del trabajo en la tierra y tienen que emigrar a las ciudades y son los chicos que componen una gran parte de nuestras escuelas”, ejemplificó.
“Si este proyecto de los acueductos así como está planteado avanza, esto se va a profundizar mucho más, va a haber mucha mayor expulsión”, agregó.
Recurso presentado
La demanda fue presentada al mediodía de este miércoles en los Tribunales. Se trata de la presentación formal con el propósito que se declare la nulidad de la Ley 10.352, sancionada el 21 de enero pasado por los diputados provinciales y promulgada posteriormente por el Gobernador Sergio Urribarri.
Por dicha norma, se habilitó el otorgamiento directo de la obra de dos acueductos en el norte entrerriano a una empresa china y el endeudamiento con capitales chinos por más de 430 millones de dólares para su realización.
La Multisectorial está integrada por más de 65 adherentes de la provincia, donde confluyen organizaciones sociales, de productores rurales, gremiales, políticas y ambientales, además colegios profesionales, y ha venido trabajando durante dos meses en la demanda que finalmente será presentada al mediodía del próximo miércoles ante el Superior Tribunal de Justicia.
Según especificó al término de la conferencia el diputado socialista, Lisandro Viale, fueron a la Justicia “porque lo de los acueductos chinos es una estafa” y remarcó que “todo el proceso se hizo al revés de cómo debería haber sido, ya que primero se llevaron adelante las negociaciones por parte del gobernador y se asumieron los compromisos en nombre de la provincia y luego funcionó la mayoría automática de la legislatura. A demás se violó el Derecho Humano a la información Pública ya que no se conoce nada de las características del proyecto en sí mismo e incluso la ley cuenta con un anexo secreto con condiciones nefastas; tampoco se han realizado estudios de impacto ambiental y se viola la ley de obras públicas en tanto se realiza una contratación directa sin licitación”.
Estuvieron presentes, además de Viale y Puntel, el presidente del Colegio de Abogados de Paraná, Rubén Pagliotto, la diputada del FAP, Ema Bargagna, los concejales de UNEN Miguel Rettore y Marcelo Haddad, entre otros referentes opositores al gobierno.