Proponen duplicar los juzgados federales, volcar los expedientes en la web y limitar las apelaciones

Cuando mañana en el acto de apertura del año judicial el titular de la Corte inicie las dos jornadas de debate sobre propuestas para reformar el funcionamiento del Poder Judicial, ya tendrá frente a sus ojos la propuesta del Colegio de Abogados de la Ciudad, que entre otros cambios profundos pide que se duplique la cantidad de juzgados federales porteños -donde se juzga la corrupción de los funcionarios nacionales-, la incorporación de un expediente digital que permita seguir los procesos en la web y la creación de una escuela judicial para formar y calificar a los magistrados.

 

Los abogados también proponen cambios en el Consejo de la Magistratura, la ampliación del horario de trabajo de los juzgados y la presentación de declaraciones juradas de bienes.

 

Con la firma de su presidente, Guillermo Lipera, y del secretario Ezequiel Cassagne, el Colegio le da la bienvenida a la iniciativa de Ricardo Lorenzetti, que también se refleja en los proyectos que el gobierno agrupa en su plan Justicia 2020. El texto celebra la posibilidad de debatir “soluciones de fondo capaces de atender a la tarea de transformar institucionalmente los vínculos entre el Poder Judicial y la sociedad en su demanda por una sustancial mejora en términos de gestión, transparencia e independencia jurisdiccional.”

 

La primera de las ideas propone la “transformación digital del sistema judicial”, con un “Workflow documental que resuelva toda creación, validación y guarda de los documentos”, y la “puesta a disposición de la ciudadanía de toda la información generada durante la gestión del expediente judicial”. ¿El objetivo? “Iniciar en un futuro inmediato la aplicación de diversas metodologías de analitics”. “Tal circunstancia generará una mejora sustancial en materia de transparencia a lo largo del proceso y un gran avance en materia de previsibilidad en lo referente al contenido de las sentencias”, sugieren.

 

 

Otra propuesta central es reordonear el Consejo de la Magistratura, respetando el equilibrio de las representaciones (jueces, abogados, legisladores, académicos y representante del Poder Ejecutivo) establecido en la Constitución, tanto en el plenario del cuerpo como en sus comisiones. Como los juzgados, el organismo también debería tener cambios. Por ejemplo, el Colegio plantea para la selección de magistrados un plazo máximo de 90 días hábiles, prorrogables por sólo 30 días más. Si al término de ese tiempo el plenario no elevó la terna de candidatos, quedará la que surja del concurso previo. Y si el Senado rechaza al candidato elegido por el presidente, automáticamente deberá considerar a los otros dos ternados por la Magistratura. Sin omisiones, reemplazos o nombres sorpresa.

 

También se contempla crear una escuela judicial, que en principio daría un curso básico de al menos 700 horas para los jueces de primera instancia, cuyas calificaciones incidirán en los futuros puntajes de esos magistrados cuando se postulen para ocupar nuevos cargos. Los puntajes también serán tenidos en cuenta para seleccionar a los jueces subrogantes en los juzgados que permanezcan vacantes.

 

Desde lo operativo, el Colegio de Abogados propone crear un Organismo Federal de Investigaciones independiente, al que puedan acudir todos los fiscales, y duplicar la cantidad de juzgados federales porteños: llevar los doce actuales a un total de veinticuatro, y conformar otra sala en la Cámara Federal porteña.

 

Respecto a las reformas procesales, a las que también se refirió Lorenzetti como vía inexcusable para acelerar los procesos, los abogados proponen analizar posibilidad de limitar las apelaciones, convertir los plazos en perentorios (obligatorios y no indicativos. Si el juez no lo hiciera, podría cesar la acción penal o perder la competencia por morosidad.

 

Otro cambio: enviar las causas a juicio oral sólo con el procesamiento de los imputados confirmado por la cámara, eliminando el trámite de oposición al requerimiento de elevación a juicio. También se propone “revisar la máxima que señala que el imputado puede mentir en la indagatoria impunemente. Respetar el derecho a no declarar, pero si elige declarar debe hacerlo bajo juramento de decir la verdad.”

 

Entre otros cambios, la institución que conduce Lipera también propone ampliar el horario de trabajo de los juzgados, para que ofrezcan atención al público de 9 a 16 horas, con efectivo control de ingreso y egreso del personal y una feria judicial de verano entre el 23 de diciembre y el 15 de enero, y otra de invierno a partir del 10 de julio y por una semana.

 

En cuanto a la selección del personal judicial, los abogados piden “que el ingreso de personal -no funcionarios- sea universal y esté basado exclusivamente en la aptitud y capacidad individual de los candidatos”. Para lograrlo, propone un sistema para formar y educar a los aspirantes, que luego serían “evaluados de modo objetivo (eliminando todo tipo de subjetividad) en un examen”.

 

El capítulo ético de la propuesta incluye la aplicación de un régimen con “precisiones sobre las situaciones de incompatibilidad y conflicto de intereses, el régimen de obsequios, así como la problemática del nepotismo tantas veces indicada desde la sociedad. En este contexto, se considera apropiado incorporar en el Poder Judicial de la Nación el sistema de presentación de declaración jurada patrimonial integral, bajo las modalidades que recepten los datos públicos y confidenciales de tal naturaleza de magistrados y funcionarios”.