Profundizan el trabajo en programas especiales y tarifa social de energía para sectores fundamentales de la sociedad

Desde la Coordinación de Programas Especiales y Tarifas de la Secretaría de Energía de la Provincia se avanza en políticas que otorgan beneficios a los efectos de absorber parte de los costos que tiene el suministro energético.

El diagrama de las distintas tarifas comprende sectores fundamentales, principalmente responde a la asistencia social como lo es por ejemplo la Tarifa Eléctrica Social y las tarifas de salud, jubilados, cultural y deporte; además de la parte productiva e industrial que significa mejoras en la economía entrerriana. Esta política busca aquellos lugares claves de la sociedad en donde es necesario llevar servicios y generar una redistribución de los ingresos

“Es una política que se ha sostenido, con variantes, desde el 2003, todas se han ido modificando y también incrementando con el paso de los años. Antes eran menos programas y crecieron de acuerdo a la realidad de la provincia y de las demandas de los ciudadanos” afirma el coordinador, Germán Rojas.

Inversión

El 1 de enero del 2019, cuando el Gobierno Nacional dejó sin efecto la Tarifa Social Nacional, Entre Ríos fue una de las 8 provincias que decidió sostenerla. “De esas 8 provincias, 6 decidieron cubrir la inversión completamente y esto significó destinar una gran parte de dinero a financiar esas bonificaciones que ya no estarían a cargo de nación” comenta el funcionario. A partir del 2 de enero se sumaron 95.000 familias nuevas a las cuales se les añadieron las 18.000 que la provincia ya financiaba a través de la tarifa social provincial.

“Fue una gran decisión del gobernador sostener la tarifa, ya que estábamos en un promedio de 230 millones de pesos anuales y la inversión provincial en 2019 alcanzó los 700 millones de pesos para la tarifa social, más todo los programas de tarifas con los que cuenta la Secretaría” señala Rojas. Es una política que ha trascendido gobiernos, se sostiene e incrementa desde el 2003 y apunta a generar el bienestar integral en la sociedad entrerriana, teniendo como prioridad aquellos sectores más vulnerados.

El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) es administrado anualmente por el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) y se destina un sesenta por ciento a la creación del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT) y el cuarenta por ciento restante para alimentar el Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior. “Los recursos de los programas vienen del Fondo Compensador de Tarifas que está conformado por la parte que le corresponda anualmente a la provincia, de acuerdo a lo asignado por el Consejo” comenta el coordinador y agrega “seguir adelante con la bonificación para estas familias, significó afectar fondos propios para sostener la política”. El Gobierno Provincial, de un año a esta parte, ha dictado diferentes decretos donde se afecta al Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (FDEER), que son las regalías y otros fondos para sustentar los programas de tarifas.

Sobre los programas

Entre los programas más solicitados se encuentra el de salud (Decreto Provincial N°817/03) y está destinado a usuarios de escasos recursos que requieran la utilización de equipos que provoquen un elevado consumo de energía.

Otros programas están destinados a impulsar el desarrollo de la economía, como es el caso de las bonificaciones de áreas productivas (7268/04) e industriales (4720/11), como el sector arrocero (2012/2018).

En el 2020, el gobernador Gustavo Bordet, aprobó el decreto que autorizó la reducción de la tarifa de energía eléctrica un cincuenta por ciento a efectores privados de salud en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Rojas sostuvo que “se trata de una política dinámica, significa que la reformulación de los programas se va a adaptando a lo que se necesite, garantizando el acceso a servicios esenciales para todos”.

Los programas se pueden solicitar en la Secretaría de Energía y desde allí se da inicio al trámite, ya que es un proceso que necesita, entre otras cosas, un relevamiento socio-económico. Las tarifas para salas culturales (4366/18) e instituciones deportivas (4503/06 – 1780/16), se tramitan en conjunto con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Deporte respectivamente. “Igualmente, la mayoría de las bonificaciones a tarifas se pueden iniciar con las distribuidoras, ya que ellos tienen la documentación, formularios y todo lo necesario para que se ingresen los pedidos” señala el funcionario.

En el caso de los programas de inclusión social, que es para usuarios de escasos recursos, se trata de instalar un pilar mediante una obra y a la vez de conectar el servicio, se le otorga al solicitante una tarifa social por dos años. “Esto conlleva un presupuesto de obra, por lo que también requiere que intervenga la distribuidora quien es la encargada de ejecutarla” comenta el coordinador y agrega “por eso es importante destacar que desde la coordinación no solo se otorgan subsidios sino que también se financian obras para usuarios individuales”

El 1 de enero de 2021 dejará de tener efecto el DNU que establece el congelamiento de las tarifas de luz y gas durante la pandemia, debido a que el porcentaje de subsidio de las tarifas se calcula en base a lo que se consume del servicio, el monto de la bonificación no se modifica.

En proyecto

“Estamos desarrollando junto al Ministerio de Desarrollo Social, un proyecto de programa que contemple comedores, asilos y geriátricos, a los cuales se le subsidiaria el consumo de energía eléctrica” afirma Rojas. Se trata de la solicitud de aproximadamente once geriátricos de la ciudad de Paraná que recibió la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio. A raíz de la demanda de las instituciones se concretó una reunión para empezar a determinar las líneas de la normativa.

“Los sectores prioritarios son los niños, los adultos mayores y las personas de escasos recursos, a estos sectores de la población están mayoritariamente destinados los programas de tarifas” destaca el coordinador. En el caso de los niños, se encuentra la tarifa para instituciones educativas (2365/09) que contempla también la bonificación para hogares y comedores. “Hace unos días tuvimos una reunión con representantes de ONGs como Suma de Voluntades, Cruzada Solidaria y del Comedor “Hogar de Cristo” para comenzar a hacer un relevamiento a estos espacios que asisten a personas que se encuentran, muchas veces, en situación de calle” comenta el funcionario y prosigue “es necesario porque no están siendo contemplados íntegramente en las normativas vigentes y es urgente responder a esa demanda”.

Se han incrementado los programas con el tiempo y a cantidad de usuarios, se destinan fondos de financiación específicos y se han agregado otros, por decisión del Gobierno Provincial. En 2020 ingresaron nuevas solicitudes y debido al Decreto 297/20 que establecía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), los trabajadores sociales no podían realizar el relevamiento en los hogares. “Algunos municipios y distribuidoras facilitaron modos online o de declaración jurada para poder seguir ingresando las solicitudes que fueron llegando” afirma el coordinador.

“La situación económica que nos llevó a atravesar la pandemia hizo que la gente necesitase aún más acceder a los programas. No hubo inconvenientes en sostener los que ya estaban adjudicados, y respecto a las nuevas solicitudes, se hizo todo lo posible para agilizar la tramitación, teniendo en cuenta que la gente no podía trasladarse” concluyó el funcionario.