Productores en el horno
La causa penal por las lesiones a policías y los daños en Casa de Gobierno que se abrió tras la marcha del 18 de abril de 2012, tiene a ocho productores rurales seriamente vinculados. Esta causa está en manos del juez Alejandro Grippo, quien en los últimos días ya comenzó a definir la situación de las personas que fueron sindicadas como “violentas”.
Una vez que sean citados los productores para informarles de su situación judicial, la querella a cargo de Marcos Rodríguez Allende pedirá investigar las responsabilidades de los titulares de Federación Agraria, Sociedad Rural, Federación de Cooperativas y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. “Queremos determinar las responsabilidades de los representantes de las entidades rurales, porque ellos hubieran podido frenar tanta violencia y no lo hicieron”, señaló Allende.
Los delitos que se le pretende imputar a los productores que protestaban contra el aumento del impuesto Inmobiliario Rural son: Atentado contra la Autoridad Pública y Daño Agravado. El juez en los próximos días dispondría que se comiencen a realizar ruedas de Reconocimiento.
La Mesa de Enlace Provincial siempre advirtió que la suba del impuesto Inmobiliario Rural estaba causando preocupación entre los productores. Según decían los ruralistas, los números no cierran, porque venían golpeados por la sequía. El campo proponía rever el incremento, que en algunos casos ellos dijeron llegaba al 600%, y acordar un aumento menor al que se había aprobado en 2009.
Pero no hubo acuerdo y cada movilización que se realizó dejó su huella. En el medio hubo estériles discusiones políticas entre los que justificaban el incremento y quienes los rechazaban.
En la primera hubo pintadas en edificios públicos de Paraná e interior y en la segunda una botella con combustible cayó sobre los policías que custodiaban el ingreso a Casa de Gobierno. También un productor intentó ingresar a la Casa Gris con un tractor. Sin embargo, la movilización del 18 de abril de 2012 fue la más conflictiva.
Ese día, cuatro policías terminaron con lesiones visibles en sus rostros y una de las puertas de acceso por calle Córdoba a la casa Gris severamente dañada.
El abogado querellante Marcos Rodríguez Allende precisó que el inicio de la investigación fue muy dificultoso por la gran cantidad de personas que participaron de la movilización.
“Con la Fiscalía hemos trabajado en forma aunada para colaborar con la causa”, manifestó el profesional. “Con pruebas ya pudimos determinar las responsabilidades de los ruralistas que agredieron a los policías y daños a un bien de todos los entrerrianos”, opinó.