Procesaron a Julio De Vido por favorecer a Odebrecht en contratos para ampliar dos gasoductos
Por primera vez el ex ministro Julio De Vido quedó procesado en una de las causas donde se investiga Odebrecht, constructora acusada de pagar sobornos en nuestro país por 35 millones de dólares. El juez Daniel Rafecas lo procesó por negociaciones incompatibles junto a Daniel Cameron (ex secretario de Energía) y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto FolgarBatista, en la causa conocida como “Skanska II”, donde se sospecha de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que ganó la firma brasileña.
El magistrado determinó en su resolución que los ex funcionarios del área de Energía, en calidad de coautores, junto a De Vido, “realizaron una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–”, contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)”.
En cambio, fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial.
El presupuesto de la obra bajo investigación por diversas irregularidades, fue de más de 2.347 millones de dólares. Se calcula que los sobreprecios podrían haber superado, tal como publicó Clarín, los 800 millones de dólares.
El proceso licitario que llevó al menos dos años y más de 72 actuaciones administrativas, arrojó diversas irregularidades que condujeron al juez Rafecas a citar a declarar a De Vido y otros ex funcionarios vinculados al contrato.
Para realizar el proyecto se creó un Fondo Fiduciario en el marco del extinto ministerio de Planificación Federal. Durante todo el proceso “se habría defraudado a la administración pública” y los funcionarios responsables de la obra, tal como señaló el fiscal Federico Delgado al pedir el llamado a indagatorias, “incumplieron con sus deberes ejecutando negociaciones incompatibles con sus funciones”.
El juez Rafecas observó la existencia de una “posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes, para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos”.
Así, se desprende del análisis de las resoluciones, notas y expedientes administrativos que fueron parte del proceso licitatorio que inició el 6 de julio de 2005 por parte de ENARGAS .
Entonces la obra tenía una valor de U$S 1.427 millones. Para el 7 de diciembre de 2006, un día posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el costo ya era superior a los U$S 2.347 millones.
Durante la instrucción se dio por probada la “existencia de un apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar y Marcheschi, en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht”, resalta el escrito de Rafecas al que accedió Clarín.
La obra se gestó en el ministerio de Planificación Federal. La ex Secretaría de Energía que dirigió Daniel Cameron fue responsable de organizar cada instancia de la obra sin embargo, ENARGAS intervino en la decisión en la fijación de los costos y los valores finales que objetaron la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Julio De Vido está acusado de haber”creado el marco normativo” para que desde Energía, “en negociación” con Odebrecht, se procediera al llamado a “licitación privada” a través de las empresas licenciatarias Transportadora Gas del Norte SA (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).
Estas firmas se negaron a participar del procedimiento y fue convocada la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), quien finalmente le adjudicó en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht.
Se analizaron cartas, comunicaciones y resoluciones dirigidas a CAMMESA por parte del Secretario de Energía, Subsecretario de Combustible y Subsecretario de Energía Eléctrica ─Marcheschi─, “no pudieron provocar otra cosa que no fuese el adoctrinamiento de esa compañía y su obrar consecuente en la dirección señalada por los funcionarios públicos”, indicó Rafecas.
El juez señaló que se el procedimiento se hizo “al margen del régimen de contrataciones”, que contempla la ley y con “marcado direccionamiento” favor de Odebrecht que tuvo 60 días para el diseño de una estructura financiera, mientras que su competidora Benito Roggio, sólo cinco días hábiles.
El juzgado también analizó un memorándum de entendimiento entre Odebrecht y la Secretaría de Energía que mostró que “el proceso estuvo enderezado previo a la adjudicación del negocio a Odebrecht”.
En las maniobras investigadas intervinieron los ex directivos de CAMMESA, Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat, a quienes se les dictó la falta de mérito.
Para el magistrado De Vido “no pudo carecer de conocimiento ─cuanto menos, de los trazos más gruesos─, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura”.
Rafecas decidió mantener en su juzgado el primer tramo de la causa (2004-2006) por la cual realizó el llamado a indagatorias y la referida a sobreprecios y sobornos (2007-2014) a su par Marcelo Martínez De Giorgi que investiga a Odebrecht por dichos delitos en la obra del soterramiento del Tren Sarmiento.