El procesamiento de los activistas de Greenpeace por la protesta en defensa de la Ley de Glaciares quedó firme en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien los acusó por su ingreso a un área restringida del Congreso Nacional, pero rechazó dictarles prisión preventiva.
El magistrado dispuso el procesamiento sin encierro de 12 militantes de la organización ambientalista, imputados por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público, tras escalar las rejas del Palacio Legislativo, que estaban cerradas con candado, e ingresar a un sector vedado al público.
Los hechos ocurrieron el 26 de febrero, cuando los activistas desplegaron una intervención performática: distribuyeron inodoros a lo largo de las escaleras de acceso, se sentaron sobre ellos y exhibieron carteles con la consigna: “Senadores, no se caguen en el agua. La Ley de Glaciares no se toca”.
En su resolución, el juez remarcó que no correspondía el encierro cautelar porque los acusados tienen arraigo, se presentaron cada vez que fueron citados y no surgen riesgos de fuga ni de entorpecimiento del expediente, pero igualmente ordenó trabar embargo sobre los bienes de cada imputado por $ 2.000.000.
Los procesados fueron identificados como Marcos Alejandro Policer, Abril Inés Castellano, Manuela Celeste Zalazar, Sol Aylén Klausek, Juana Inés Serra, Mailén Alicia Miranda Vaquera, Carla Mariel Guidi, Luciana Mariel Rivero, Diana Lucía Suárez Smeke, Cynthia Ayelén Moreno Gallo, Iwan Alfredo Núñez Romero y Pablo Alejandro Blefari, todos vinculados a la acción directa realizada en el Congreso.
Libertad de expresión versus límites penales
Al analizar el caso, Martínez de Giorgi sostuvo que la protección constitucional de la libertad de expresión, de reunión y de protesta no convierte en lícito cualquier modo de ejercerla y, en particular, no habilita el ingreso sin autorización a un ámbito expresamente excluido del acceso público.
En ese marco, el fallo entendió que existió desobediencia porque operaba una “orden tácita e inequívoca” de no ingresar, exteriorizada por las rejas cerradas con candados y por el dispositivo de custodia policial montado en el lugar, por lo que trepar el vallado e irrumpir en el perímetro fue considerado un incumplimiento deliberado de la restricción de acceso.
Para fundamentar la supuesta violación de domicilio, el magistrado señaló que el sector restringido del Congreso debía ser equiparado a una dependencia de una casa o un local comercial, en tanto se trata de un espacio materialmente delimitado donde una autoridad gubernamental ejerce facultades de admisión y exclusión.
El juez agregó que la ausencia de violencia física, la falta de daños materiales o el horario de escasa circulación no suprimen la figura penal, y que tampoco resulta decisivo que en el instante inicial no hubiera policías visibles, dado que la prohibición de acceder ya estaba reflejada en las rejas cerradas con candado.
El operativo policial y los elementos secuestrados
El sumario se inició a partir de un procedimiento de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina, que advirtió que un grupo de personas había trepado las rejas del edificio e irrumpido en sus escalinatas el mismo día en que se debatía en el recinto la denominada Ley de Glaciares.
En esa intervención, dos de los participantes fueron detenidos cuando se retiraban por Hipólito Yrigoyen, a la altura de Solís, y quedaron a disposición del juzgado federal que ya seguía de cerca el desarrollo de la protesta.
Durante el operativo se secuestraron diversos elementos utilizados en la acción: una cámara GoPro, una mochila con botellas de agua, banderines amarillos con la consigna de la protesta, equipos de comunicación Kenwood, un teléfono celular Samsung, bolsas de tela verdes, frascos con crema, cintas con la inscripción “senadora”, cuatro banderas y siete inodoros plásticos blancos, seis de ellos con carteles que decían “Ley de Glaciares”.
La defensa de Greenpeace y el antecedente en el Monumento
Al ser llamados a indagatoria, todos los imputados sostuvieron que la intervención formó parte de una campaña institucional orientada a promover la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en línea con la vigencia de la Ley y con las banderas históricas de la organización.
En esa línea, la defensa argumentó que se trató de una manifestación pacífica y no violenta, sin daños materiales, sin afectación de bienes públicos y sin intención de ocupación permanente, y que la protesta fue programada para un momento sin actividad parlamentaria ni circulación significativa de personas, justamente para evitar interferencias con el uso habitual del espacio.
Unas semanas después de la intervención de Greenpeace en el Congreso, otro grupo de manifestantes atacó la estructura del Monumento de los Dos Congresos: se treparon para colgar dos carteles con los mensajes “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”, en una nueva escalada de la disputa pública en torno a la normativa de protección ambiental.
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