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Primera denuncia contra el Estado ante la OEA por el 2×1 a ex represores

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violación del derecho de las víctimas” del terrorismo de Estado, al aplicar la Corte Suprema el 2×1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

 

Gil Domínguez convocó además a que hagan presentaciones similares ante la CIDH las “víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, Colegio Público de Abogados y demás personas y organizaciones interesadas”, de modo que haya “una acumulación de denuncias, que obligue a la Comisión a tomar medidas en forma urgente en torno a este caso”.

 

La denuncia de Gil Domínguez fue la primera que se presentó ante la CIDH, luego de que la Corte Suprema resolviera el miércoles pasado beneficiar con la aplicación de la Ley del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2013 a 13 años de prisión por cinco casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos. En un fallo dividido, los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aplicaron la Ley del 2×1, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, que computa dos años por cada año preso sin condena judicial, por ser la ley más benigna y ya que los delitos de lesa humanidad son delitos que continúan en el tiempo. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda plantearon su voto en disidencia y sostuvieron que ese beneficio no es aplicable a delitos de lesa humanidad.

 

“Pedí una medida cautelar que ordene al Estado argentino que no aplique el 2×1 en casos de delitos de lesa humanidad y que la Comisión convoque a una audiencia de conciliación para poder arribar a una solución amistosa”, dijo Gil Domínguez a Clarín. Y agregó: “El fallo de la Corte en la causa de Luis Muiña violó el derecho de las víctimas contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema argentina, en la obligación que tienen los Estados de perseguir, juzgar y condenar penalmente a aquellas personas que fueron autores de delitos de lesa humanidad. Está claro que no se puede aplicar el 2×1 a delitos de lesa humanidad, ya que la jurisprudencia nacional e internacional los diferencia de los delitos comunes y establece que no se pueden indultar, no prescriben, ni se puede conmutar la pena”.

 

Según anticipó, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, también recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2×1 para delitos de lesa humanidad.