Presupuesto 2026: fuerte reducción en los fondos para sentencias previsionales

El Presupuesto 2026, presentado por el presidente Javier Milei, prevé $212.288 millones para el pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa de la ANSeS, una reducción del 45% nominal respecto a los $390.050 millones que se habían destinado en el proyecto de Presupuesto 2025, que finalmente no fue aprobado. Si se considera la inflación, la disminución alcanza casi el 60%.

Hasta el momento, no hay datos oficiales sobre cuántas sentencias se pagaron en 2025 ni los montos efectivamente cancelados, ni sobre lo que se abonará hasta fin de año.

Situación actual de los juicios previsionales

En julio, la ANSeS decidió separar la actualización del haber mensual del pago de las retroactividades, priorizando los ajustes de haberes de sentencias firmes más antiguas para mejorar los ingresos corrientes. El pago de retroactivos sigue sin definirse.

Se estima que la ANSeS tiene 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 corresponden a sentencias firmes pendientes de pago. Según la ley previsional, estos pagos deberían completarse dentro de los 120 días, incluyendo retroactividad de hasta dos años antes del inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes.

En la práctica, ANSeS abona cada año lo previsto en el Presupuesto Nacional, equivalente a unas 35.000-40.000 sentencias, lo que no reduce el stock debido al ingreso de nuevos juicios, litigios por errores en la liquidación de sentencias y embargos de cuentas de ANSeS por parte de los abogados. Además, la Corte Suprema aún no se pronuncia sobre muchos casos apelados por ANSeS que tienen fallo de segunda instancia, lo que mantiene la acumulación de demandas.

Origen de los reclamos

El aumento de juicios judiciales se originó con fallos históricos de la Corte Suprema:

• Caso Badaro (2007): por los menores aumentos entre 2002 y 2006.
• Caso Elliff (2009): ajustó la variación de jubilaciones y sueldos de referencia para calcular el haber inicial.
• Caso Lucio Blanco: ratificó el índice ISBIC para reajustes de haberes, afectando a jubilados y cesantes anteriores a febrero de 2018.

Desde 2018, se sumaron nuevos reclamos, como el fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social (causa Fernández Pastor Miguel c/ANSeS), que declaró inconstitucional el aumento del 5,71% aplicado en marzo de 2018 y ordenó aplicar la fórmula de movilidad anterior del 14,5%. ANSeS apeló y se espera pronunciamiento de la Corte Suprema.

Otros reclamos incluyen:

• Anulación de pensiones por discapacidad.
• Descuentos de Ganancias sobre haberes jubilatorios.
• Mala liquidación de sentencias ya abonadas.
• Topes sobre haberes altos, donde los jueces aplican el fallo Actis Caporale (1999) para limitar reducciones mayores al 15%.

Impacto de los decretos y fórmulas de movilidad

Con los aumentos por decreto en 2020, se aplicó la llamada pirámide previsional, favoreciendo a los jubilados de menores ingresos tras la pérdida del 19,5% durante la gestión de Macri. Hubo reclamos por la suspensión retroactiva de la movilidad, y varias Cámaras Federales y de Seguridad Social declararon inconstitucionales los ajustes entre 2021 y marzo de 2024, durante el Gobierno de Alberto Fernández, y ordenaron reparar la pérdida acumulada.

El bono de hasta $70.000 para haberes mínimos sigue congelado desde marzo de 2024, y los jubilados de haberes medios y altos acumulan pérdida significativa respecto a los trabajadores activos, sin recibir compensación.