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Prescribió una causa “por dádivas” contra Amado Boudou

La causa que investigaba por “dádivas” a Amado Boudou por dos vuelos privados en helicóptero realizados en 2011 cuando era vicepresidente quedó hoy definitivamente cerrada por prescripción. El fiscal de Cámara, Germán Moldes, desistió del recuso que había presentado el fiscal del caso, Carlos Rívolo, que por cuarta vez se había opuesto al sobreseimiento del vicepresidente.

 

Esta vez, a diferencia de las anteriores, Moldes coincidió con el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi. Por la pena prevista para el delito, el plazo de prescripción era de dos años y está vencido, sostuvo. El fiscal de cámara afirmó que empezó a correr cuando Boudou dejó su último cargo público (estuvo en el directorio de la Anses hasta febrero de 2016).

De este modo, con esta opinión del fiscal, el caso ya no puede reabrirse.

 

La acusación contra Boudou era por dos viajes que hizo como vicepresidente para asistir a un acto institucional: un vuelo ida y vuelta Buenos Aires-Necochea y un traslado en helicóptero de seis minutos, ese mismo día, dentro de Necochea con Horacio Tellechea, que en ese momento era el intendente.

 

El fiscal Rivolo, que pidió que Boudou fuera procesado, advirtió que nadie había pagado los vuelos y estimó que el primer viaje había costado 23.705 pesos y el segundo, $ 150,85. Boudou declaró en indagatoria en este caso en diciembre de 2015, cinco días después de haber dejado el gobierno. Dijo que la decisión “político-institucional” de hacer aquel viaje había sido suya, pero que los traslados eran parte de “instancias operativas” de las que él no se encargaba. Explicó que fue un viaje que hizo como vicepresidente una semana después de haber asumido el cargo. Fue a participar de la inauguración de la temporada de verano en Necochea.

 

Para Rívolo, nada de eso lo liberaba de responsabilidad. Al contrario. Para el fiscal los argumentos de Boudou demostraban “claramente que el ofrecimiento de los traslados y su admisión fue en consideración a su oficio y mientras se desempeñaban como vicepresidente de la Nación e intendente local”, escribió el fiscal.

 

El piloto del helicóptero que trasladó a Boudou, Marcelo Juan Scaramellini, ratificó en la causa que nadie había pagado por el vuelo. Contó que “fue una gauchada” que le pidió Tellechea. Scaramellini era además director de la firma Ecodyma, una empresa constructora que, según advirtió Rívolo, tenía como actividad principal desde hace años la realización de “obras públicas y privadas”.

 

El fiscal también había valorado como una prueba en contra de Boudou el hecho de que hubiera tenido disponibles aviones del Estado y haya optado por recurrir a un privado, que además era contratista del Estado.

 

El caso tuvo tres jueces. El primero al que Rívolo le pidió avanzar contra Boudou, en 2014, fue Luis Rodríguez, que no accedió a citarlo. Le pasó el caso, “por compensación”, a Norberto Oyarbide, que lo indagó justo la semana en la que Boudou dejó el poder.

 

Dos veces lo sobreseyó Oyarbide y otras dos Martínez de Giorgi, el juez que lo reemplazó, informaron fuentes judiciales. Rívolo siempre había conseguido que la Cámara reabriera el caso, algo que no ocurrirá esta vez.