Preocupación en el campo por la eliminación del Inase y otros organismos agroindustriales
La inminente publicación de un nuevo decreto elaborado por Federico Sturzenegger encendió las alarmas en el sector agropecuario. La norma que se oficializaría el lunes en el Boletín Oficial, dispone la eliminación del Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo clave para el control del comercio de semillas en Argentina.
La decisión genera preocupación entre las empresas del sector, que advierten que la desaparición del Inase podría provocar un aumento en el comercio ilegal de semillas, un negocio informal que mueve cientos de millones de dólares anuales en el país.
Además del Inase, el decreto también dispone la eliminación de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), cuyas funciones pasarán a estar bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, en una reestructuración que busca reducir organismos y consolidar competencias.
Otra medida relevante es la disolución de la Agencia Regulatoria del Cannabis (Ariccame). Según el decreto, sus tareas serán absorbidas por el Ministerio de Economía —en el caso del uso industrial— y por la ANMAT para lo relacionado al uso medicinal del cannabis.
También será eliminado el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), cuyas atribuciones serán absorbidas por el Ministerio de Economía, que bajo la conducción de Luis “Toto” Caputo, ganará nuevas atribuciones. Según trascendió, esta concesión fue clave para que Caputo no frenara el avance de la reestructuración propuesta por Sturzenegger, pese a que inicialmente el titular de Economía manifestó resistencia por el posible impacto en su vínculo con el sector rural.
Otros organismos no serán eliminados, pero perderán su estatus de autarquía, lo que implica una mayor dependencia funcional del Ejecutivo. Entre ellos se encuentra el INTA, que pasará a ser un ente desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura. Lo mismo ocurrirá con el INTI, que pasará a estar bajo la órbita de la Secretaría de Industria, aunque conservará su nombre a efectos de representación internacional.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) también será reconfigurado: perderá su autonomía y quedará bajo Agricultura, limitándose a tareas de fiscalización en el tramo final de la cadena productiva. Por su parte, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) dejará de ser autónomo y pasará a ser un organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Industria y Comercio.
El decreto justifica la medida señalando que muchos de estos organismos han generado estructuras burocráticas innecesarias, multiplicado su personal sin mejoras en su desempeño y duplicado funciones con otras dependencias del Estado, lo que habría generado ineficiencia y gastos difíciles de sostener en el actual contexto fiscal.
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