Por unanimidad, el Senado convirtió en ley la Emergencia Social
El Senado convirtió en ley este miércoles por unanimidad -con 49 votos a favor- el proyecto de ley que establece la Emergencia Social. “Este proyecto nació en la calle con la movilización de los trabajadores el día de San Cayetano. Este proyecto de emergencia social ha tenido en Diputados un enorme apoyo de todas las fuerzas políticas”, sostuvo Juan Manuel Abal Medina en el recinto. “Los trabajadores vinieron aquí no a pedir un plan o un empleo público, sino a garantizar sus derechos y su dignidad”, agregó.
En tanto, el senador radical Luis Naidenoff expresó: “La Argentina tiene problemas estructurales irresueltos en materia laboral y educativa por sus errores propios” y explicó que “tampoco se tiene que festejar una prórroga de una emergencia porque es una expresión del arrastre de una crisis”.
Por su parte, Jaime Linares consideró que “sectores que fueron emergentes de las crisis de 2001 se han organizado y hoy tienen representación”.
“Esta ley al introducir la denominación ´salario social complementario´ es un avance en el reconocimiento del problema”, dijo el senador Walter Barrionuevo.
A su turno, afirmó la senadora Silvia Pérez: “Estamos reconociendo los derechos de un sector que no había sido reconocido Queremos que no existan más políticas clientelares sino que sean ciudadanos reconocidos en sus derechos.
“Esta norma nace de miles de argentinos que trabajan de manera precaria: nosotros teníamos una gran deuda con ellos. Las organizaciones sociales que se sentaron a trabajar este proyecto, lo mejoraron. No sólo contrarrestamos la situación de emergencia sino que reconocemos a miles de argentinos como trabajadores “, dijo Teresita Luna.
Para el senador Fernando “Pino” Solanas se trata de “una feliz iniciativa la ley que nos toca tratar hoy: es una respuesta a la desigualdad Estamos en un país donde más de un tercio de los trabajadores no tiene cobertura social”.
“Hoy reconocemos a las organizaciones sociales que vienen bregando por este proyecto, como al Movimiento Evita”, dijo Miguel Ángel Pichetto y reconoció “la actitud y el trabajo de ministra Stanley en este momento difícil de la Argentina”.
La emergencia social, que crea la figura del Salario Social Complementario (absorbiendo bajo su figura todos los planes sociales existentes) para los trabajadores de la economía informal, recibió dictamen este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que al no cumplirse el plazo reglamentario de siete días desde la firma del despacho hasta la votación, se requerirá una mayoría de dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas.
Al mediar un amplio acuerdo transversal entre las bancadas oficialistas y opositoras para que el tema se trate, esta mayoría está garantizada y también está previsto que la normativa sea aprobada cómodamente en la votación.
El proyecto fue aprobado por la Cámara baja con 228 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, en medio de un amplio consenso entre el Gobierno, las agrupaciones sociales de trabajadores informales y casi todos los bloques de diputados, con la excepción del Frente de Izquierda.
La iniciativa, surgida a partir de la presión de las organizaciones sociales y consensuada con el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley, declara la emergencia social en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).
Para ello, se faculta a la Jefatura de Gabinete a “efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias” hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.
El Consejo de la Economía Popular, que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como “un ámbito institucional permanente”, estará integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el RENATREP.
La nueva ley de ART que envió el Poder Ejecutivo establece que las comisiones médicas deben ser la instancia obligatoria previa a la realización de un eventual juicio por accidentes laborales y se incorporó por pedido de la CGT un compromiso de elaborar en el plazo de tres meses un proyecto de ley de prevención en el ámbito del Consejo Consultivo que agrupa a los sindicatos, las ART y el Estado.