Por orden del juez Lijo: procedimiento de Gendarmería en el Ministerio de Comunicaciones
Efectivos de la Gendarmería Nacional se presentaron hoy en el Ministerio de Comunicaciones para requerir información sobre el acuerdo del Estado con el Correo en el marco de la causa penal llevada adelante por el juez federal Ariel Lijo por este tema.
Tanto esta como otras medidas ordenadas por el juez habían sido solicitadas por el fiscal Juan Pedro Zoni al requerir la instrucción de cuatro denuncias planteadas la semana pasada en los tribunales federales de Comodoro.
La “orden de presentación” que llevaron los gendarmes al ministerio encabezado por el ex diputado cordobés Oscar Aguad será respondida en los próximos días ya que todos los documentos solicitados deben ser fotocopiados, según dijeron fuentes gubernamentales.
De acuerdo con las fuentes Lijo requirió información sobre los antecedentes que hubiera en el Ministerio sobre el concurso de la empresa de la familia presidencial y también sobre la designación de su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa.
Este último funcionario había sido objetado por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin, quien había dicho que no tenía facultades para aceptar la propuesta de pago de Correo Argentino S.A. a sus acreedores.
El acuerdo fue firmado el 28 de junio pasado pero trascendió a la prensa este mes, luego de conocerse el dictamen de Boquin, firmado el 31 de diciembre. A partir de esa noticia se presentaron cuatro denuncias en Comodoro Py, la mayoría de ellas de legisladores o dirigentes opositores, y fueron acumuladas todas en una sola causa.
Zoni imputó al presidente Mauricio Macri, a Aguad y a Mocoroa. Lijo también requirió informes de de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y del juzgado a cargo de Marta Cirulli. Según dijeron fuentes judiciales al magistrado le interesan las ofertas que se hubieran hecho en el concurso por parte de Correo Argentino a sus acreedores.
Además, el juez penal pidió informes a la Procuración General de la Nación sobe el dictamen de la fiscal Boquin y a los síndicos que intervienen en el concurso.