Por decreto, el Gobierno le quita poder a Ctera dentro de la paritaria nacional
El Gobierno fijó este miércoles “nuevos criterios de relación” con los docentes, que incluyen cambios laborales y pautas para las negociaciones salariales, a través de la modificación de un artículo de la ley de Financiamiento Educativo. Desde el sector que nuclea a los maestros, comenzaron las críticas por la medida.
Mediante un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, se cambia el criterio para repartir los lugares reservados a los gremios en esa mesa de negociación. Con la modificación se pasa del actual esquema proporcional, vinculado con la cantidad de afiliados de cada gremio, a la representación pareja, con un representante por sindicato docente, sin importar el peso específico de cada organización.
En el actual reparto proporcional, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) tiene cinco lugares y los otros cuatro gremios con representación nacional (UDA, Sadop, CEA y AMET), uno cada uno. El decreto modifica uno anterior, firmado por Néstor Kirchner en 2007, que reglamentó la ley de financiamiento educativo (26.075).
En su artículo 10, esa norma establece que el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Cultura y Educación y los gremios con representación nacional se reunirán para acordar un “convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”. La reforma busca licuar el poder de Ctera, que representa a más del 70 por ciento de los maestros de todo el país, y cuya capacidad de presión es decisivo para definir el éxito o fracaso de los paros docentes.
La decisión se tomó por medio de un decreto que figura en el Boletín Oficial que estableció el “convenio marco” de la actividad docente. Con relación al salario mínimo docente, el decreto publicado dispuso que el monto “no podrá ser inferior al 20% por encima del salario mínimo vital y móvil vigente”.
El Gobierno señaló que las negociaciones salariales deberán hacerse “de buena fe” con los siguientes derechos y obligaciones: la concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma; la realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas; el intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate, la realización de los esfuerzos conducentes a lograr el convenio marco; la designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficientes para la discusión de los temas en tratamiento.
De ahora en más, la representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires “será ejercida por un miembro de cada asociación sindical de primer, segundo y tercer grado con personería gremial y ámbito geográfico de actuación en materia docente en todo el territorio nacional”, se manifestó el texto oficial, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
“En el caso que en el transcurso de las negociaciones no hubiera uniformidad en el seno de la representación gremial docente, prevalecerá la de los integrantes de la mayoría”, aclaró el decreto.
Además, el Ejecutivo dispuso que en la educación pública de gestión privada, “la adecuación, recepción y ejecución del convenio marco resultará de acuerdos con la participación e intervención del Ministerio de Educación, de la asociación sindical que representa a los docentes privados con personería gremial y de los representantes de los empleadores del sector, según el régimen legal vigente”.
También, estableció que el convenio marco regulado por la Ley Nº 26.075 (de Financiamiento Educativo) “comprenderá todas las cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires”, debiendo considerar, entre otras, “materias de índole laboral, asistencial, previsional, y en general las que afecten las condiciones de trabajo”.
La Casa Rosada justificó este nuevo decreto al indicar que “deviene necesaria la actualización del ámbito de discusión del convenio marco, garantizando la equidad en la representación de todas las voces con el fin de mejorar las condiciones generales de los docentes del Sistema Educativo Nacional, adecuando la normativa vigente y estableciendo nuevos criterios de relación”.
“Para alcanzar los consensos básicos que permitan sostener una política de Estado en materia educativa, resulta necesario garantizar la plena participación y la pluralidad de opiniones de las entidades gremiales docentes”, completaron.
Respuesta docente
Ante esto, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, criticó la decisión del Gobierno de establecer nuevas reglas para las negociaciones salariales del sector. “Este decreto es un mamarracho jurídico y este es un Gobierno antidemocrático”, aseguró.
Asimismo, el sindicalista lamentó en declaraciones a Radio Rivadavia que la gestión de Mauricio Macri “ni siquiera tenga la delicadeza de similar que es un gobierno autoritario que no quiere discutir”.
“Creo que muestra cada vez más que ni siquiera tiene la delicadeza de simular, son un Gobierno autoritario que no quiere discutir. Es como si mañana no le gustara el sistema electoral a Cambiemos y modifica por decreto el sistema electoral”, comparó.
Al ser consultado sobre el audio en el cual el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insulta a una colaboradora consideró que es “indignante” que el propio titular de la cartera laboral tenga un empleado en negro. “Me parece espantoso lo que hizo el ministro de Trabajo, pero por quién van a cambiarlo por (Luis Miguel) Etchevehere o algún otro, me parece igual o peor”, concluyó.