En plena discusión por la ley de memoria democrática y de cara a unas elecciones que, según Pedro Sánchez, serán en 2027, el Tribunal Supremo dictó una medida cautelar para que el padrón electoral suspenda la inscripción de quienes hayan obtenido la ciudadanía por ser descendientes de españoles pero no puedan acreditar que son hijos o nietos de exiliados por el franquismo.
La decisión judicial deja en el aire la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de miles de personas cuyos ancestros españoles huyeron de su país por sufrir represión o persecución, impactando de lleno en el derecho a voto de la diáspora republicana.
Los datos oficiales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática marcan la magnitud del fenómeno: 2,4 millones de descendientes de españoles habían pedido cita en alguno de los consulados y 1,2 millón ya iniciaron el trámite, lo que da dimensión del posible alcance de la cautelar.
En ese universo, el 40 por ciento de las peticiones de ciudadanía española proviene de Argentina, un dato que coloca a la comunidad argentina en el exterior como uno de los principales focos de la polémica.
Hasta fines de marzo, 544.722 solicitudes de ciudadanía habían sido aprobadas y, entre estos nuevos nacionalizados, 306.000 ya fueron inscriptos en el CERA, un caudal electoral que ahora queda bajo la lupa de la Justicia y de la pelea partidaria.
Frente al fallo, el presidente reaccionó sin matices. “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo”, dijo Pedro Sánchez este miércoles en la primera entrevista televisiva que concedió desde que retomó su agenda de gobierno después del verano europeo.
Horas antes, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, había defendido la igualdad de derechos políticos: “No queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Sino ciudadanos todos de primera, con los mismos derechos y también con derecho al voto”, remarcó Sánchez ante la bancada opositora.
Fue la respuesta directa al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cuando lo acusó de estar “pendiente de manipular el censo con la ley de nietos”, como se conoce popularmente a la normativa de memoria democrática.
El conflicto no se agota en el cruce en el hemiciclo: el reclamo a la Justicia había sido impulsado por Vox y por el partido Iustitia Europa, ante lo que, según el eurodiputado de extrema derecha Jorge Buxadé, representaba un aumento del CERA “de forma anómala cuando no ilegal”.
Según detalló Buxadé, el padrón de residentes en el exterior se incrementó en los dos últimos meses en más de 29.000 personas y sumó en total 403.466 españoles desde 2023, “ante el volumen masivo de nuevos nacionales sin arraigo ni de sus padres ni de sus abuelos”, una crítica frontal a la lógica reparadora de la ley.
Qué establece la ley de memoria democrática
La ley de memoria democrática, en vigor desde 2022, amplió de forma significativa las posibilidades de acceder a la ciudadanía española, al vincular el derecho a la nacionalidad con el exilio político, ideológico, religioso o por orientación e identidad sexual.
De acuerdo a su disposición octava, “todas aquellas personas nacidas fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”, abriendo una vía de restitución histórica.
La medida se extiende, además, a los descendientes nacidos fuera de España de mujeres españolas que hayan perdido, al casarse con extranjeros, su nacionalidad, siempre que esa situación se hubiera producido antes de la Constitución de 1978, cuando se recuperaron las libertades y los derechos fundamentales silenciados por el franquismo.
La defensa política de Sánchez a la “ley de nietos”
Al ser consultado por el alcance de la norma, el jefe del Ejecutivo fue explícito: “Estamos hablando de la ley de memoria democrática, que reconocía derechos de ciudadanía a todos aquellos familiares, nietos, nietas de exiliados, como consecuencia de la dictadura y de la guerra civil”, defendió Sánchez, enmarcando la discusión en la reparación del pasado.
Para el presidente, “es una ley que lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado precisamente por aquellos que hoy, sus descendientes, lo que están haciendo es tratar de cercenar sus derechos de ciudadanía, como también hicieron al obligarles a exiliarse, en muchas ocasiones, en países latinoamericanos”, sostuvo al respaldar la llamada “ley de nietos”.
Y agregó un dato político clave: “Esta es una ley que lleva en vigor desde el año 2022. Hay que recordar que en el año 2023 se celebraron unas elecciones generales, en donde, por cierto, el Partido Popular ganó en el voto exterior”, recordó Sánchez, poniendo en cuestión el argumento de un supuesto beneficio electoral exclusivo del oficialismo.
Desde esa perspectiva, el presidente interpeló al principal partido opositor: “Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Por qué el Partido Popular hoy cambia de posición frente a una ley que lleva en vigor ya unos cuantos años, bajo la cual se han celebrado elecciones y han participado residentes en el exterior que tienen la ciudadanía española?”, lanzó, sugiriendo un giro oportunista.
En esa línea, Sánchez fue más allá del caso concreto y vinculó la ofensiva judicial y política con una tendencia internacional: “Creo que hay una corriente de fondo, un denominador común, de cuestionamiento por parte de una ultraderecha, y también de una derecha cada vez más ultra, de los regímenes democráticos”, opinó el presidente socialista.
El temor a una futura derogación
Las advertencias sobre el futuro de la ley de memoria democrática no son nuevas dentro del propio gobierno. En una entrevista concedida tiempo atrás, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya manifestaba su inquietud por el escenario político que venía.
“Lamentablemente, la derecha y la ultraderecha no apoyaron la iniciativa que llevamos en 2022 al Parlamento de España. No la apoyó el Partido Popular ni Vox”, señalaba Torres, quien describía esa resistencia como “una verdadera amenaza” para la continuidad del andamiaje jurídico construido en torno a la memoria histórica.
El ministro insistía en que la oposición no oculta sus planes: “Anuncian y afirman que, en caso de gobernar, derogarían esta ley”, lamentaba Torres, anticipando un posible retroceso normativo si se produjera un cambio de mayoría.
Las consecuencias, advertía, serían devastadoras para quienes aún tramitan su nacionalidad: “Si esta ley se deroga por un nuevo gobierno, todos aquellos que no tengan la concreción quedarán en el limbo y esas solicitudes serán anuladas”, decía Torres, en una señal de alarma para cientos de miles de descendientes de exiliados repartidos por todo el mundo.
